Amenaza de acusación constitucional contra ministro Grau provoca recriminaciones cruzadas entre diputados republicanos y del Frente Amplio

Una sorpresa en plena Navidad se llevaron los parlamentarios del oficialismo, sobre todo del Frente Amplio, cuando se enteraron de que la bancada de diputados de la UDI amenazó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), con una acusación constitucional, si es que el secretario de Estado persistía en la presentación de la ley de reajuste de sector público, denominada “ley de amarre“, dado que considera normas que restringen el despido de funcionarios fiscales.

“Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado“, sostuvo el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en un comunicado conjunto que emitió con su colega Jorge Alessandri.

Anteriormente Ramírez había calificado como “corrupción institucionalizada” el hecho de que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de funcionarios públicos defendiera la incorporación de disposiciones para que las no renovaciones de empleados a contrata fuera debidamente justificada, además de que se buscara establecer por ley que fuese la Contraloría General de la República la que se refiriera a estos casos, medida contraria a la postura del entre contralor que con anterioridad había remitido la competencia de esas situaciones a los tribunales de justicia.

Si bien el proyecto de ley se presentará el próximo 5 de enero, Grau ya advirtió que se ingresaría sin modificaciones, pese a las críticas provenientes de la oposición e, incluso, del oficialismo.

En ese margen, el ministro frenteamplista recibió una defensa de sus huestes luego de conocerse de la amenaza de la UDI. Fue el diputado Diego Ibáñez, senador electo por Valparaíso, quien utilizó su cuenta en X para cuestionar a los parlamentarios del gremialismo.

“La UDI propone una acusación constitucional por presentar un proyecto de ley, eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación“, cuestionó el parlamentario, quien sumó que era “difícil tomarse en serio la declaración del presidente de la UDI”, sugiriendo que si a Ramírez no le gustaba el proyecto de ley, “pues vote en contra”.

Asimismo, recordó que la oposición durante el mandato del Presidente Gabriel Boric ha presentado nueve acusaciones constitucionales contra autoridades ligadas al Gobierno, con todas las ofensivas fallando en su fin. La más reciente fue contra Diego Pardow, exministro de Energía, cuya acusación, si bien fue aprobada en la Cámara, fue rechazada en el Senado.

La respuesta de Ibáñez fue referida por el diputado republicano Benjamín Moreno, reelecto en su distrito para el período 2026-2030.

En alusión a lo dicho por el frenteamplista, el militante del partido de derecha ironizó: “Atentamente, los que acusaron a un ministro de educación por querer retomar las clases“. Moreno se refería a la vez en que, en 2021 con los efectos de la pandemia del coronavirus aún latentes, la izquierda presentó un líbelo acusatorio contra Raúl Figueroa, ministro de Educación de Sebastián Piñera, por promover el retorno a las aulas tras más de un año de funcionamiento telemático de las escuelas.

“Un poco de memoria y pudor para apuntar con el dedo. Fueron la oposición más mezquina y miserable de la que se tenga registro”, sostuvo Moreno, quien dijo que “ahora vamos a ver si de verdad aprendieron algo de democracia o son puro cuento“, en consideración de que el próximo 11 de marzo asumirá José Antonio Kast, militante —aún— del Partido Republicano, como Presidente de la República.

Atte.
Los que acusaron a un ministro de educación por querer retomar las clases.@diego_ibanezc un poco de memoria y pudor para apuntar con el dedo.

Fueron la oposición más mezquina y miserable de la que se tenga registro.

Ahora vamos a ver si de verdad aprendieron algo de… https://t.co/sySuo7Lh0d

— Benjamin Moreno 🖐️🇨🇱Diputado (@BenjaminMorenob) December 26, 2025

Para el éxito del libelo acusatorio, Ramírez señaló que iniciarían conversaciones con los parlamentarios electos del Partido de la Gente (PDG), quienes tendrán una bancada de 14 personas en la próxima legislatura.

No obstante, una definición otorgó Juan Marcelo Valenzuela, próximo jefe de bancada del PDG en la Cámara, una vez asuma, respecto a las acusaciones constitucionales. “No pueden seguir utilizándose como herramientas políticas o de presión coyuntural. En los últimos años se han desnaturalizado y eso le ha generado un daño a la institucionalidad”, sostuvo a La Tercera.