Tribunal decreta prisión preventiva para el cabo de la Armada formalizado por el atropello fatal en la Feria Caupolicán

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este miércoles prisión preventiva contra el cabo de la Armada formalizado por el atropello que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño. La resolución estuvo a cargo de la magistrada Pilar Labarca, quien acogió la solicitud de la Fiscalía.

El hecho ocurrió el domingo 12 de julio, pasadas las 08:30 horas, cuando el imputado perdió el control del vehículo, embistió a peatones y terminó ingresando con el auto a la acera de la feria.

La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Yussef, había solicitado arresto domiciliario total en lugar de prisión preventiva. Su argumento central fue que el imputado perdió el conocimiento antes del impacto y no tiene memoria de lo ocurrido “hasta que fue golpeado en el suelo”, según la declaración que prestó voluntariamente antes de la audiencia.

Para sostener esa versión, la defensa cuestionó el cálculo de velocidad manejado por la investigación —que calificó como una estimación algorítmica sin registro de frenada— y argumentó que un conductor inconsciente no podría incurrir en exceso de velocidad como acto voluntario. También relacionó el episodio con un antecedente médico de 2018-2019, cuando el imputado sufrió un desmayo revisado por una doctora del Hospital Naval, cuadro que la defensa vinculó a hipotensión.

Yussef pidió considerar además la hoja de vida de su representado, un infante de marina que se desempeñó como explosivista en labores de desminado en Punta Arenas y que no registra antecedentes penales ni administrativos previos. Sostuvo que, al no existir riesgo de fuga, no correspondía la medida más gravosa.

La Fiscalía, en cambio, hizo valer la gravedad del resultado —seis muertos y siete heridos— y las irregularidades administrativas del vehículo, que circulaba con el permiso de circulación vencido y sin Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

La jueza Labarca resolvió a favor de la Fiscalía y fijó en 120 días el plazo de investigación. El imputado cumplirá la prisión preventiva en el penal de Casa Blanca; la defensa había solicitado que lo hiciera en un recinto de la Armada, petición que la magistrada rechazó por tratarse de un proceso ajeno a su función como funcionario militar.