Cobraba $50 mil por un teléfono o cambio de celda: Los servicios que ofrecía el gendarme condenado a ocho años por beneficios en cárcel de Valdivia

Harold Momberg es un exfuncionario de Gendarmería, quien tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, deberá cumplir penas efectivas que suman 8 años y 2 días de presidio: cinco años y un día por los dos delitos consumados de cohecho y tres años y un día por los dos delitos consumados de apremios ilegítimos.

Además, fue condenado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de $200 mil.

¿Por qué? El exfuncionario se desempeñaba en el Complejo Penitenciario de Valdivia, donde entre noviembre de 2019 y enero de 2020 se detectó que utilizaba un mecanismo para cobrarle a presos a cambio de beneficios carcelarios.

Cómo era el mecanismo de cobro por beneficios que utilizaba el exfuncionario de Gendarmería

Según lee el fallo de la Corte, los jueces dieron por acreditado que, en los días previos al 22 de enero de 2020, Momberg sorprendió a un interno con un teléfono celular y le exigió el pago de $50 mil para permitirle conservar el aparato.

Como el recluso no reunió el dinero dentro del plazo estipulado, “el funcionario le encargó a otros internos del módulo agredirlo”, lee el fallo.

El ataque se concretó la tarde del 22 de enero y la víctima sufrió una herida cortante en la espalda de dos centímetros por un centímetro de profundidad, de carácter leve.

Tras la agresión, el interno debía ser reclasificado y trasladado de módulo para no ser nuevamente agredido, razón por la que al día siguiente el funcionario volvió a exigirle otros $50 mil, esta vez para clasificar al interno en el módulo 54, considerado como uno “bueno”, solicitud a la que el recluso accedió por temor a nuevas agresiones.

El segundo hecho por el que fue condenado el exfuncionario ocurrió el 5 de noviembre de 2019, cuando permitió el ingreso de nueve reclusos al módulo 42, pese a que se le había informado de que podían ser agredidos, lo que resultó con cuatro de ellos lesionados tras ser atacados por otros internos.

Corte descartó argumento sobre que fuera “una maniobra orientada a desprestigiar a un funcionario estricto”

La defensa, que presentó un recurso de nulidad, sostuvo que la condena descansaba principalmente en declaraciones de internos que habrían obtenido beneficios penitenciarios tras colaborar con la investigación y que no existían pruebas materiales suficientes para acreditar los delitos.

Así también argumentó que el acusado no tenía facultades para decidir determinados traslados dentro del penal.

Sin embargo, la Corte estimó que el tribunal oral realizó un análisis detallado de la prueba y explicó que la condena no se sustentó únicamente en el relato de las víctimas, y que también incluyó registros digitales, antecedentes médicos y diversos testimonios.

Asimismo, los ministros concluyeron que la hipótesis planteada por la defensa —según la cual existía una maniobra de internos para desprestigiar a un funcionario estricto— “no logra ofrecer una respuesta razonable frente al conjunto de antecedentes rendidos en juicio”.

“Una versión de venganza o animadversión personal no explica, por sí sola, la existencia de audios de intermediarios exigiendo montos específicos; menos aún logra justificar la constatación de lesiones en una secuencia temporal compatible con la presión denunciada; y, desde luego, no explica que diversos internos describan un mismo esquema de cobro con un grado significativo de coincidencia”, lee el fallo.