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29 de Julio de 2026“Codelco no se vende”: La dura respuesta de funcionarios a la propuesta de Republicanos de privatizar la estatal
La Federación de Supervisores del Cobre cuestionó la iniciativa planteada por el senador Arturo Squella y pidió fortalecer la empresa pública mediante cambios en su gestión, productividad, seguridad y capacidad de inversión. El Gobierno, hasta ahora, ha descartado vender la propiedad de la cuprífera.
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La Federación de Supervisores del Cobre (FESUC) manifestó su “más absoluto rechazo” a cualquier iniciativa destinada a privatizar, total o parcialmente, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), luego de que el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, planteara abrir la propiedad de la empresa estatal al capital privado.
“Codelco no es un juguete del gobierno de turno, ni del Congreso Nacional. Su gobierno está
regido por una Ley de Gobierno Corporativo y reside en un Directorio, que garantiza equilibrios políticos y mirada de largo plazo. La discusión que se ha instalado en el debate público sobre la propiedad de Codelco -incluso desde sectores de la propia coalición de gobierno- pasa por alto la institucionalidad que tanto costó construir y que fue en su momento apoyada por la totalidad de las fuerzas políticas”, continuaron desde la organización sindical.
El origen de la polémica
La respuesta de los supervisores surgió después de que Squella señalara a La Tercera que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”. El parlamentario propuso evaluar la venta de una participación de la corporación, de alguna de sus filiales o de sus divisiones, sin que el Estado necesariamente pierda el control.
Según el dirigente republicano, el ingreso de inversionistas privados permitiría incorporar directores concentrados en la eficiencia y rentabilidad de la compañía. “Creo que es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”, afirmó.
La propuesta se conoció después de que el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, realizara un crítico diagnóstico sobre la situación de la estatal. Aseguró la semana pasada que los resultados económicos de la cuprífera eran “francamente débiles y muy inferiores a los que debiera tener”.
“En los últimos cuatro años Codelco le pasó plata al Estado, le pasó US$7.000 millones, pero se endeudó en US$8.700 millones. En definitiva, todos los aportes que hizo Codelco al Estado los financió con deuda”, sostuvo en conversación con T13 Radio.
El Ejecutivo se distanció de la privatización de la estatal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó este miércoles que el gobierno busca que “nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado. Es una empresa que tiene muchos símbolos, y cualquier decisión de esa involucra a todo el país. No es de un gobierno particular, y entendemos eso, y esa es nuestra posición”.
La postura de la FESUC
En su declaración, la FESUC afirmó que la situación financiera de la cuprífera no puede analizarse aplicando los mismos criterios que a una minera privada. “Codelco no es comparable a la minería privada: a diferencia de esta, que tributa solo sobre utilidades, Codelco transfiere históricamente la totalidad de sus excedentes al Estado. ¿Qué empresa puede operar de manera eficiente bajo una condicionante de este tipo, sin recurrir a la deuda?“.
Desde la federación, aseguran que la solución es “fortalecer Codelco, modernizar su gestión, mejorar su productividad, acelerar el desarrollo de sus proyectos, fortalecer la seguridad, impulsar la innovación, construir un plan para aliviar y gestionar su endeudamiento, asegurar una gobernanza de excelencia y dotarla de mayores capacidades de inversión para competir exitosamente a nivel mundial”, agregaron.
“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales y productivas a actuar con responsabilidad y visión de Estado. Las legítimas diferencias respecto de la gestión de la empresa jamás pueden transformarse en argumentos para promover su privatización”, terminaron.



