Diputado pide a Contraloría investigar entrega de beca del IND a Seremi del Deporte mientras ejerce como autoridad: pagos superan los $10 millones

Este martes, el diputado Jaime Araya (IND) envió un oficio a la Contraloría requiriendo un pronunciamiento sobre la legalidad de los pagos realizados por el Instituto Nacional de Deportes a la Seremi del Deporte de la región del Maule.

La solicitud se produjo luego de que The Clinic revelara que la deportista habría recibido beneficios estatales del Ministerio del Deporte mientras era autoridad de la cartera. Renunció a la beca el 2 de junio, mientras que el último pago fue transferido el 10 de ese mes, debido a que el beneficio se entregaba a mes vencido y correspondía a mayo. El IND señaló a este medio que la deportista se mantuvo activa hasta junio y que había cumplido con sus obligaciones de entrenamiento y participación en competencias preparatorias hasta el mes anterior. 

Por su parte, la seremi explicó que no había renunciado anteriormente porque todavía no recibía su sueldo del Ministerio del Deporte debido a demoras administrativas, debía mantener a su familia y aún no contaba con el oficio que confirmaba su nombramiento. Fuentes de la cartera sostuvieron que la ministra Natalia Duco conoció personalmente la situación y que tanto desde el ministerio como desde el IND se le comunicó que no existía una inhabilidad legal para mantener el beneficio. 

El oficio a Contraloría

Este hecho ha generado críticas con respecto a la transparencia de las autoridades, al recibir una beca siendo autoridad del ministerio que la entrega. En el oficio, el diputado solicita a Contraloría “que analice la legalidad de las transferencias realizadas por el Instituto Nacional de Deportes hacia la actual seremi de la Región del Maule, Sra. María Francisca Mardones, tras haber asumido su cargo oficial”.

“Resulta imperativo que este organismo examine tales hechos al amparo del principio de probidad administrativa, que obliga a todo servidor público a velar por el interés general y la transparencia en el manejo del erario fiscal. En este sentido, la normativa vigente sobre procedimientos administrativos exige el deber de abstención ante cualquier interés económico particular que pueda comprometer la imparcialidad de la autoridad“, agrega.

La Beca PRODDAR tiene por finalidad el fomento de la actividad deportiva de alto nivel, lo que, según el parlamentario, debe evaluarse su compatibilidad con el servicio público. Requirió además determinar qué criterio permitiría recibir simultáneamente la remuneración correspondiente al cargo de seremi y los beneficios deportivos. Además, establecer si dirigir la cartera regional resulta compatible con recibir una subvención otorgada por un servicio estatal vinculado al mismo sector. Y por último, solicitó precisar si los pagos configuran un conflicto de interés, considerando la relación de coordinación que, según plantea el parlamentario, existe entre la autoridad regional y el IND.

“La presente solicitud no pretende anticipar la existencia de una infracción, sino obtener un pronunciamiento objetivo que permita determinar si las actuaciones descritas se ajustaron a los principios de legalidad, probidad, imparcialidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos”, precisó el diputado.