Columna de Juan Francisco Galli: Cuarenta toneladas de droga y una pregunta sin resolver

Esta semana se conocieron las bases de la ANID del Fondecyt de Postdoctorado 2027 y el mundo académico reaccionó con furia: hasta un 70% de las adjudicaciones quedará reservado a diez áreas prioritarias y se exigirá residencia definitiva en Chile. Más allá de las objeciones que se puedan hacer a la estrategia del gobierno en inversión en ciencia, conviene mirar la décima área de la lista definida por la ministra Lincolao, la que casi nadie ha mencionado: Seguridad, Justicia y Políticas Públicas.

«Menos diagnósticos, más acción: 5 anuncios en seguridad del presidente Kast». Así titulaba una diputada oficialista su reel de Instagram después de la cuenta pública. La frase no es excepcional: recoge una idea bastante extendida de que en seguridad ya tenemos suficiente conocimiento y que lo que falta es la acción del Estado.

Habiendo estado en cargos públicos de seguridad, difiero. Cuando hay que decidir, los diagnósticos son débiles, los datos imprecisos y el análisis poco profundo. Y hay preguntas básicas que seguimos sin poder responder.

Por ejemplo, todos los años las autoridades celebran cifras récord de incautación. Veinte, treinta, cuarenta toneladas. ¿Es eso una buena o una mala noticia? ¿Señal de abundancia o de escasez? ¿Se consume más o Chile se volvió país de tránsito? No lo sabemos.

Y no lo sabemos porque nadie sostiene en el tiempo la medición que permitiría saberlo. Ha habido esfuerzo de órganos del Estado. Informes del Ministerio Público sobre criminalidad organizada o informes esporádicos de SENDA como el realizado en 2021 en conjunto con el ISP sobre las concentraciones de THC en la cannabis incautada en operativos policiales. Sin embargo, la continuidad de informes de la División de Estudios de la Fiscalía o del SENDA dependen de la voluntad del siguiente Fiscal Nacional o el gobierno de turno. Distinto sería si una universidad implementa un seguimiento de datos sobre fenómenos criminales en conjunto con el Estado. Esa es la ventaja específica de la academia: su independencia del ciclo político, su continuidad, la revisión de pares y la formación de recambio. No es que produzca mejores datos que el Estado. Es que los produce todos los años.

Otros países ya lo resolvieron. En Australia, el Centro Nacional de Investigación en Drogas y Alcohol de la Universidad de Nueva Gales del Sur publica desde 1996 series anuales de precio, pureza percibida y disponibilidad, con medianas, rangos y pruebas de significancia: una universidad publicando el precio de la heroína como quien publica el IPC. En Estados Unidos, la Universidad de Carolina del Norte analiza muestras que le envían por correo organizaciones comunitarias —hoy más de 160 programas en 43 estados— y publica todos los resultados de forma anónima. Y el consumo agregado se mide analizando aguas domiciliarias residuales: la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal le encarga ese trabajo a la Universidad de Queensland, y la red europea SCORE, cofundada por académicos, cubrió en 2022 ciento sesenta y una ciudades de veintiocho países con un protocolo común. El Estado fija el mandato; la universidad provee el método. Ciencia al servicio de la seguridad.

¿Y Chile? Chile tiene un caso, y es bastante mejor de lo que se cree. El Centro de Vigilancia de Aguas Residuales Centinela Biobío, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, analizó entre septiembre de 2022 y agosto de 2024 más de tres mil muestras semanales en 33 plantas de tratamiento. El segundo caso chileno es más incómodo. En febrero de este año, la revista Harm Reduction Journal publicó el primer registro de qué se vende realmente en Chile: casi mil muestras analizadas en 22 fiestas de música electrónica en Santiago durante 2024. Lo hizo la Fundación Reduciendo Daño junto a académicos de la Universidad de Concepción, sin financiamiento público. 

En parte, esa carencia ha sido cubierta por centros de pensamiento como Paz Ciudadana, AthenaLab y el Centro de Estudios Públicos, que han publicado estudios sobre fenómenos criminales locales. Sin embargo, por su propia naturaleza, tienen restricciones presupuestarias y de capacidades. Y hay un esfuerzo real en el Ministerio Público, cuya División de Estudios ha producido informes sólidos sobre homicidios, secuestros, extorsión, crimen organizado y responsabilidad penal adolescente. Son insumos valiosos y públicos. Lo que no tienen es quién los tome, los discuta y los convierta en una línea de investigación que dure más que un período.

Los números del sistema científico ayudan a entender por qué. En una columna reciente, Loreto Correa, investigadora de la ANEPE, revisó las adjudicaciones de la ANID entre 2015 y 2025 en Ciencias Sociales, Historia y Jurídicas: 3.593 proyectos, de los cuales 95 abordan el siglo XXI y apenas dos se relacionan con seguridad y defensa contemporánea.

El último congreso de la Sociedad Chilena de Criminología apunta en la misma dirección. Hubo trabajos valiosos: recuperación de vehículos robados, corrupción aduanera, un análisis del Tren de Aragua. Pero fueron tres de setenta y ocho ponencias. Ninguna se centró en el narcotráfico y solo dos tocaron el tema de las drogas. Contar títulos no mide la calidad de una disciplina, es cierto. Pero cuando el principal negocio criminal del país no aparece ni una vez en el congreso de los criminólogos del país, algún desbalance parece haber.

Vuelvo entonces a las bases del Fondecyt de la ministra Ximena Lincolao. Las objeciones son legítimas: 70% puede ser desproporcionado, y expresarse despreciativamente hacia la investigación en las áreas de las humanidades es injusto e innecesario. Se puede estar en contra de todo eso y aun así reconocer lo que la ministra está diciendo: necesitamos investigación que sea relevante para los principales problemas que aquejan a la población.

Sin un requerimiento claro desde el Estado como representante de la sociedad y una academia comprometida con la seguridad, el próximo año volveremos a aplaudir las cuarenta toneladas de drogas incautadas sin saber si son una victoria o un síntoma de la derrota.