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18 de Agosto de 2026Las cautelares de Sartor: Michael Clark ingresará a Capitán Yáber y los hermanos Larraín Mery y Sergio Yáñez a Santiago 1
Conocedores del proceso informaron que el excontrolador de Azul Azul cumplirá la cautelar en el anexo penitenciario de Pedro Montt, mientras los hermanos Larraín Mery y Sergio Yáñez permanecerán en el CDP Santiago 1. La decisión se adoptó tras 15 jornadas de formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía.
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Michael Clark, ex presidente de Azul Azul e imputado en el caso Sartor ingresará al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, que hasta el día de hoy solo tenía un cupo. En tanto, el resto de los imputados a los que el tribunal les aplicó prisión preventiva -los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez- permanecerán recluidos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.
Las medidas se dan luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía determinó, tras 15 jornadas de formalización, prisión preventiva para los cuatro imputados.
El anexo penitenciario de Pedro Montt, reservado para reos “de baja peligrosidad social”. Ahora, con la llegada de Michael Clark, vuelve a estar en el centro de la discusión. Mientras el exdueño de Tactical Sport cumplirá su prisión preventiva en el recinto de solo 16 plazas, los hermanos Larraín Mery: Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez fueron derivados al CDP Santiago 1.
De momento, el excontrolador de Azul Azul compartirá el encierro con los imputados por el caso de la “trama bielorrusa”, Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos Herrema; el exdirector de la PDI, condenado por malversación de caudales públicos, Héctor Espinosa; el exfiscal regional imputado por cohecho, Manuel Guerra; el asesor del exdiputado Joaquín Lavín León; el exjuez Óscar Meriño y el exgendarme Miguel Carrasco.
Asimismo, en el recinto también permanecen recluidos José Antonio Pavez Canessa, Patricio Benítez Aedo, Edgar Camelo León, Jaime Cristi Alfonso , Ariel Glasner Olmedo y Luis Silva Durán.
Entre los delitos económicos expuestos por el Ministerio Público y acreditados por la jueza Paulina Moya, se encuentran administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, estafa, fraude por omisión de oferta pública de adquisición (OPA), lavado de activos y apropiación indebida.
El tribunal decreto además 120 días de investigación por los eventuales delitos asociados al club Universidad de Chile y también a las operaciones de la administradora gestora de fondos.
