Las líneas rojas de la izquierda ante el paquete de seguridad del Gobierno y el fantasma del descuelgue del PPD

Poco antes de las 19:00 horas de ayer lunes, el Gobierno ingresó al Congreso un paquete de 30 medidas en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y una reforma constitucional que contempla ocho medidas que también apuntan a la seguridad. La oposición, por su parte, ya se había organizado para entregar una pronta respuesta a las iniciativas, aplicando la fallida experiencia adquirida durante la tramitación de la megarreforma.

Desde el bloque progresista indican que durante las últimas semanas han intensificado los diálogos sobre esta materia, especialmente luego de que La Tercera diera a conocer el borrador de las iniciativas que, por lo demás, generaron ruido en el propio oficialismo. Esto, por algunos artículos de la reforma constitucional que, por ejemplo, restringían los derechos en materia de salud de personas condenadas por delitos asociados al terrorismo y al crimen organizado.

Así, desde la izquierda han establecido algunos puntos de potencial acuerdo respecto de las iniciativas de seguridad que impulsa el Gobierno. Sin embargo, una preocupación que pesa al interior del bloque es la posibilidad de que se produzcan descuelgues durante la tramitación, como ocurrió con los senadores del PPD en el debate de la megarreforma tributaria.

Si bien distintos parlamentarios de oposición señalan que esta vez están más coordinados de cara a la tramitación, algunos reconocen que existe un “temor” y otros hablan de “una duda razonable” respecto del actuar de esos parlamentarios que, finalmente, no adhirieron al proyecto que presentó el Ejecutivo luego de que el ministro Jorge Quiroz incumpliera el acuerdo que había suscrito con los senadores PPD.

Aun así, el senador Pedro Araya sí aprobó la compensación a los municipios que se legisló en el marco de la exención tributaria, lo que fue considerado por algunos como un gesto innecesario, puesto que su descuelgue tampoco era dirimente para la aprobación de esa disposición.

El terreno de acuerdos de la oposición

Según cuentan al interior del bloque de izquierda, hay disposiciones del paquete de medidas que consideran razonables, como la creación de una agencia de decomisos. De hecho, señalan algunos parlamentarios, en la comisión de Seguridad de la Cámara se había acordado ingresar proyectos en conjunto entre sectores de izquierda y derecha, algo que finalmente no ocurrió porque el Gobierno incluyó esas materias dentro de su paquete de medidas.

Asimismo, el proyecto para sancionar a adultos que utilicen a menores de edad para cometer delitos, una propuesta de parlamentarios de izquierda a la que el Ejecutivo puso urgencia, también concita acuerdo.

El diputado Jaime Araya (ind.-PPD), miembro de la comisión de Seguridad, señaló que “tenemos un acuerdo respecto al diagnóstico, que la situación que estamos viendo es compleja y se requiere que el Gobierno ponga en el centro medidas estructurales”.

En esa línea, Araya agregó que “hay mucha pirotecnia legislativa por parte del Gobierno” y, sobre eso, indicó que La Moneda está “buscando un debate artificial, confrontaciones artificiales, porque la gente seria, expertos constitucionalistas, parlamentarios de distintas sensibilidades, han advertido que la propuesta original del gobierno claramente es deficitaria”.

Ahora bien, Araya sí cree que hay más materias donde pueden alcanzarse acuerdos, como “la agencia que va a hacer disponer tempranamente de los bienes incautados en el crimen organizado que creo que es algo de sentido común que contaría con amplio apoyo”.

Asimismo, señaló espacios donde ve “vacíos muy revelantes, como la ausencia de temas de control portuarios, las narcoavionetas, narcoabogados o regulación de contadores que son parte de la estructura de lavado de activos”.

Además, señaló que nuevamente faltó alguna referencia al levantamiento del secreto bancario, proyecto al cual el Gobierno se ha opuesto insistentemente.

La diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia, quien también es miembro de la comisión de Seguridad, indicó a The Clinic que “como oposición estamos trabajando de manera coordinada y tenemos una disposición a aprobar y mejorar los proyectos que efectivamente ayuden a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, como la agencia de decomisos”.

Con todo, Urrutia advierte que “eso no significa entregar un cheque en blanco a iniciativas que escondan otros intereses o incluso puedan profundizar los problemas de seguridad”.

Al igual que Araya, pone el foco de sus críticas en el Gobierno, puesto que “está usando la seguridad como un caballo de Troya para abrir la Constitución y avanzar en cambios que van mucho más allá de combatir la delincuencia”, acusa la parlamentaria.

El fantasma del descuelgue PPD

Hasta ahora, los parlamentarios y dirigentes del bloque progresista han marcado una línea roja respecto de los proyectos de reforma constitucional que propone el Gobierno. Por un lado, han acusado a La Moneda de intentar legislar mediante cambios a la Constitución y, por otro, de proponer medidas “extremas”, como un Estado de excepción en el que el Ejecutivo pueda prescindir del Congreso durante 240 días.

Un escenario similar ocurrió durante la discusión de la megarreforma, cuando la oposición se había cuadrado para rechazar el proyecto de manera íntegra luego de que el Gobierno no incluyera sus propuestas en el texto. Sin embargo, de no haber sido por una jugada de último minuto del ministro de Hacienda, que modificó lo acordado, la bancada de senadores del PPD se habría sumado a la aprobación completa del proyecto.

Es en esa línea que en la oposición se han encendido las alertas. “Nunca se sabe con la que pueden salir”, señala una fuente fuera de micrófono.

“No he visto ningún partido ni parlamentario que tenga temor, eso es lo primero”, dice Araya, aunque reconoce que “algunos podrán tener una duda que es razonable”. Sin embargo, sostiene que, en esta oportunidad, la oposición está abordando la coordinación de una manera distinta y, además, insiste en que “esto tiene que ver con cosas que son bien fundamentales, como lo es modificar la Constitución”.

El parlamentario reconoce que es evidente que no estarán de acuerdo en todo, pero sostiene que en esta tramitación “tenemos claridad porque esto se trata de defender la democracia y, entregarle este Estado de excepción que está diseñando Kast, es el paso previo que han instalado todas las dictaduras”.