Los ajustes que Kast introdujo a la reforma constitucional en seguridad para frenar rebelión en UDI-RN y en sus ministros

Durante la tarde de este lunes ocurrió finalmente lo que desde varios sectores del oficialismo ansiaban desde hacía días: el ingreso al Senado de la reforma constitucional en materia de seguridad que propone el Gobierno de José Antonio Kast, propuesta que es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que comenzó a desplegar el mandatario tras la aprobación en el Congreso del proyecto económico de Reconstrucción Nacional.

Si bien el mandatario había realizado hace unos días una ceremonia en La Moneda que consideró su firma en un documento que acreditaba la idea de realizar modificaciones a la Constitución, hasta ayer no se conocía exactamente qué contemplaría el plan del Gobierno.

No obstante, previamente sí se pudieron conocer borradores que fueron difundidos por la prensa. Uno compartido por La Tercera establecía que habrían 11 cambios a la Constitución, cuestión que comenzó a alertar a dirigentes políticos que han apoyado al Gobierno previamente, pues había diferencias de forma y de fondo.

Una de ellas era que la administración de Kast acudiera a la Constitución para constatar el foco sobre la seguridad pública. Hubo quienes consideraron que con consagrar ese derecho expresamente no generaba muchos cambios en la cotidianeidad de las personas, así como generaba reparos que se tocara la Carta Fundamental cuando se había acordado implícitamente no modificarla tras los dos procesos constitucionales fallidos.

En tanto, en las diferencias de fondo había aprensiones que llegaron incluso a un encontrón entre ministros.

Así fue el caso entre May Chomali (Salud) y Martín Arrau (Seguridad). La semana pasada la secretaria de Estado cuestionó que en el borrador se estableciera que quienes cometieran delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo serían excluidos de beneficios sociales financiados por el Estado durante su condena, así como por 15 años tras cumplirla.

“Puede ser un poco incompatible, podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos“, señaló Chomali al ser consultada por el tema. Como respuesta a esa afirmación, el titular de Seguridad dijo que “la ministra Chomali está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto” y se remitió a que la propuesta final aún no era conocida.

A la vez, durante la semana pasada dirigentes políticos descartaron su apoyo a la iniciativa así como la conocían a través de los borradores. Uno de ellos fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo a La Tercera que así como estaba la reforma constitucional —con el borrador— no la apoyarían desde su partido.

El propio Presidente Kast calmó los ánimos y llamó a que esperaran el resultado final del proyecto, pues tenía presente que se realizarían modificaciones a la propuesta para contentar a la mayor cantidad de sectores posibles.

Finalmente la reforma fue ingresada este lunes al Congreso y se rendirá cuenta en la sesión que esta tarde celebrará el Senado.

Principales cambios

Uno de las modificaciones sustanciales que obtuvo el texto borrador respecto al presentado ayer —que contempla 8 modificaciones, a diferencia de las 11— guardó relación con lo que provocó tensión entre ministros en La Moneda, en relación a las sanciones contra condenados por crimen organizado y terrorismo.

La propuesta oficial del Gobierno contempló que esas sanciones posteriores deberán ser revisadas posteriormente en una Ley Orgánica Constitucional (LOC) que tendrá quórum calificado.

Es decir, el Gobierno traspasó esa responsabilidad de definir las inhabilitaciones al Congreso, quienes deberán construir un amplio acuerdo para ver las afectaciones que habría en derechos adquiridos relativos a la salud, educación, trabajo y seguridad social.

También se añadió una “muerte cívica”, que consiste en que ningún condenado por esos delitos podrá ejercer cargos públicos, ni siquiera si estos no requieren una elección popular de por medio.

Por otro lado, en cuanto a la propuesta de estado de excepción por seguridad pública —el nuevo mecanismo de control que planea el Gobierno para el control del terreno— en un inicio se consideraba que quien ejercería el control de la zona sería una autoridad de las Fuerzas de Orden y Seguridad, o sea, de las policías (Carabineros y Policía de Investigaciones), lo que generaba dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

No obstante, el Ejecutivo definió finalmente que quien quedaría a cargo sería un “Oficial General”, sin especificación sobre la rama que deberá integrar para ser seleccionado, y el que será designado por el Presidente de la República.

Es el propio mandatario quien además podrá definir cuándo decretar el estado de excepción, así como si opta por una prórroga del mismo, la que podría llevar a una zona a estar 240 días bajo esa modalidad, que contempla la suspensión y restricción de derechos, tales como el de libertad personal, locomoción, reunión o la intercepción de toda clase de comunicaciones.

En cuanto a la diferenciación del régimen carcelario, respecto del borrador se eliminó aquello que señalaba que “en ningún caso se considerarán arbitrarias las diferencias de trato” respecto a salud, educación, trabajo y seguridad social. También fue suprimido lo relativo a que las inhabilidades y restricciones de derechos “no afecta los derechos en su esencia”, de acuerdo a Ex-Ante, norma que buscaba blindar tales medidas de eventuales objeciones del Tribunal Constitucional (TC).

En el escrito final, que también conversa sobre la facultad de declarar organizaciones criminales y la facultad que tiene el Presidente para declararlas, se señaló que el mandatario podrá encasillarlas siempre y cuando se presente un texto fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).