El “Rey de la Weed”: un viaje a Australia, restaurantes, millones y kilos de marihuana en la historia del empresario situado en la cima de la operación Amsterdam

Hace frío en el módulo de tránsito de Santiago 1. Los que llegaron juntos llevan puesta la misma ropa con la que los detuvieron. Allí se dieron cuenta cómo viven los presos y la cárcel, en esta ocasión, no discriminó. No hay colchones para todos. Algunos duermen en el suelo, sobre cemento, tiritan.

Uno de ellos es Andrés Astorga, cuarenta y tres años, empresario gastronómico, hasta hace una semana líder de una lucrativa corporación con más de dieciséis mil inscritos. Hoy está preso junto a su padre, un hombre de 70 años. 

Sus abogados tuvieron que pedirle una autorización especial al juez de garantía para que las familias entraran a dejar agua y comida. Adentro otros internos les han robado la ropa. Quienes han podido hablar con ellos confirman que han tenido que pagarle a otros presos por protección. En el organigrama informal de la cárcel, quedaron ubicados en los últimos escalones.

La causa que llevó a Astorga hasta ahí contrasta con lo que era su currículum público: el OS7 de Carabineros la denominó “operación Amsterdam” y la Fiscalía lo señala como el líder, el cerebro operativo y el principal financista de una organización que, bajo la fachada de una corporación de salud sin fines de lucro llamada Dispensario Nacional, habría movido cientos de kilos de marihuana al mes.

Según expuso el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, a cargo de la investigación, la organización estaba dividida en tres núcleos: dirección, producción y comercialización. El primero operaba a través de DN Medcorp, mientras que la producción estaba vinculada a MA Botanics y otros cultivadores, para que la marihuana fuera después distribuida en las distintas sucursales del Dispensario Nacional. La red llegó a operar veintiuna sucursales a lo largo de nueve regiones del país, entre Antofagasta y Aysén.

Para hacerse socio bastaba con pagar diez mil pesos, presentar una receta médica y un certificado de antecedentes. La Fiscalía sostiene que existía un grupo de médicos dispuestos a extender esas recetas con facilidad, lo que permitía sumar consumidores prácticamente sin filtro, incluidos turistas y extranjeros sin inscripción previa.

“Es un caso bastante atípico de tráfico ilícito de estupefacientes, en este caso de cannabis, por cuanto aquí, justamente, se montó una organización con esta fachada de legalidad que tenía básicamente por finalidad el lucro y esto les permitió obtener durante un periodo bastante breve o acotado tiempo ganancias multimillonarias. En realidad estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos que equivalen aproximadamente a 9 millones de dólares”, señaló el fiscal Libedinsky.

La distancia entre la vida que estos hombres llevaban afuera —departamentos en Las Condes, parcelas en Algarrobo, juntas de directorio— y la que empiezan a llevar adentro es, quizás, la imagen más nítida de las diferencias de clase que atraviesan el caso. Una distinción que el propio fiscal quiso despejar tras la audiencia:

“Acá se persigue y se investiga con igual fuerza, tanto a las personas que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes en cualquier población de Chile como a aquellas personas que ostenten cargos de poder o de influencia económica”, apuntó.

En el caso de Astorga, ese poder económico no apareció de un día para otro. Antes de las diez sociedades, de los millones y de las escuchas donde se declara “dueño absoluto” de todo, hubo otras cosas: colegio privado, Ingeniería Comercial, un trabajo en un banco y las ganas de irse de Chile.

El work and holiday

Cuando se tituló como ingeniero comercial duró un año trabajando en un banco. Astorga lo contó años después en una entrevista. Se dio cuenta de que el mundo de escritorio no era el suyo, compró un pasaje y se fue a Australia con una Working Holiday, la visa que cada año utilizan miles de jóvenes para viajar y trabajar temporalmente en el país.

Con orgullo contó la misma historia que suelen contar quienes hacen ese viaje: hizo de todo. Fue ayudante de cocina, copero, barman y garzón. Pasó por un hotel, un restaurante y un bar de playa. Así entendió que el área de servicios le gustaba de verdad.

“Cuando fui jefe de barra lo pasé muy bien, lo habría hecho gratis”, dijo en la entrevista.

Con esa idea volvió a Santiago y levantó su primer negocio: una cafetería de cien metros cuadrados y dos pisos en Providencia, llamada Helarte. Vendía café y helados artesanales hechos ahí mismo. Con el tiempo, Astorga notó que lo que más le interesaba no era el café, sino la cocina.

De ahí saltó a la noche. Dos años después, junto a un amigo que había sido cliente habitual de la cafetería, abrió Tapas y Birras en Plaza Ñuñoa. La prensa lo destacó entre los locales del bulevar gastronómico:

“Andrés Astorga, el joven dueño de Tapas y Birra, local enfocado a la comida mediterránea, también explica que el bulevar ha sido todo un éxito. ‘Los fines de semana los locales están llenos, y eso nos ha impresionado’”, se escribió sobre Astorga, quien además fundó una pizzeria.

El siguiente peldaño fue más ambicioso: Pulmay, un restaurante de pescados y mariscos que instaló en Borderío, el polo gastronómico de Vitacura. Para entonces, Astorga había pasado un tiempo trabajando en la exportación de centolla, bacalao de profundidad, jibia y jaiba roja hacia Asia. Ahí, según contó, había aprendido a mirar el producto chileno con los ojos de quien sabe cuánto vale afuera.

Cuando apareció la oportunidad de tomar el único local de Borderío enfocado completamente en pescados y mariscos, se lanzó de cabeza.

Pulmay fue pensado para llevar algo de la costa a Vitacura, con una carta centrada en productos chilenos y de temporada. En una entrevista de 2022, Astorga hablaba del Chilean seabass, de las mejillas de pescado que casi nadie pedía y del picoroco como un producto subvalorado. Era el discurso de un empresario gastronómico que conocía su rubro y que había construido una carrera alrededor de él.

Esa misma sociedad —Pulmay Seafood II SpA, de la cual Astorga tiene el cien por ciento— reaparecería años después en el expediente policial. Esta vez no por sus pescados ni mariscos, sino como una pieza del entramado financiero: la empresa que, según la Fiscalía, se utilizaba para desviar fondos y cubrir deudas urgentes con proveedores de droga.

La doble cara de Astorga

Según su abogado, Hernán Bocaz, todo empezó hace tres o cuatro años, cuando Astorga decidió expandir Dispensario Nacional a nivel territorial. La corporación ya existía, el estatuto lo permitía, y lo que hizo fue simplemente escalarlo. Cuando se le preguntó si esa decisión respondía más a una lógica de empresario o a un interés genuino por la marihuana, la respuesta de su defensa fue: “ambas”. 

Mientras Dispensario Nacional crecía en la superficie –nuevas sucursales, nuevos socios y más doctores firmando licencias–, el OS7 de Carabineros llevaba ya tiempo mirando por debajo. La investigación, como en muchas causas de narcotráfico, se centró en escuchas telefónicas sobre el número de Astorga, que fueron construyendo, conversación tras conversación, un perfil mucho más nítido que cualquier fachada corporativa.

Es un trabajo lento, distinto al de una redada tradicional: no se trata de sorprender a alguien con droga en las manos, sino de dejar que hable, que se explique con sus socios, que se jacte con su padre hasta que el patrón se volviera claro.

Y el patrón, según la Fiscalía, era el de un líder. En las escuchas, Astorga no se limita a administrar: se declara “dueño absoluto” del dispensario y aclara, que “lo del dispensario es solo mío”. Es el tipo de frase que, en el organigrama que construyó el OS7, lo coloca en la cúspide de la organización.

Su defensa tiene una explicación distinta para esas mismas palabras. Más que negarlas, las rebaja: según su abogado, es la forma de hablar de alguien dedicado a los negocios, que busca aparecer como quien manda en una empresa exitosa, y no necesariamente como el líder de una estructura criminal.

El abogado también cuestiona la interpretación que hace la Fiscalía sobre las sociedades vinculadas a Astorga. Pone como ejemplo a DN Corp., que, según explica, fue creada para prestar servicios y ordenar parte del trabajo administrativo del Dispensario Nacional.

Para explicarlo, recurre a una comparación: “En el Hogar de Cristo yo no creo que sea el Hogar de Cristo el que paga los sueldos. Tiene que haber una empresa, que es lo que hacen la mayoría de las fundaciones y corporaciones grandes, a la cual se le pagan servicios y esas empresas se encargan de manejar las cuentas de temas un poco más sensibles que tienen que ver con contratos de trabajadores, arreglo de sedes o lugares, etc…”.

Para la defensa, ahí estará uno de los puntos centrales de la disputa. No niega que el dinero de la corporación haya pasado hacia otras sociedades, sino el significado que la Fiscalía le atribuye a esos movimientos.

“Por una parte, la Fiscalía nos va a tener que probar que el fin de esos dineros es ilícito. Cuestión que, hasta el momento, no lo ha hecho”, sostiene el abogado.

Sobre el dinero, el abogado no niega los montos, sino que dice que se ajustan a la gran cantidad de pacientes registrados en el dispensario. “Acá no hay una compra de un resort, no hay construcciones de piscinas en lugares extraños, no hay compras de Ferrari”, repite. 

Lo que hubo, según su versión, fue una estructura de holding empresarial –empresas que, insiste, “no son escondidas”– destinadas a ordenar la operación de una corporación con dieciséis mil socios. 

Y sobre el fondo del asunto, sobre si Astorga lideró o no una organización criminal, la defensa señala: “las corporaciones no tienen dueños, tienen directores que son controladores y que tienen que rendir cuentas”. Andrés, dice, “efectivamente tenía un rol directivo súper potente en la corporación”, pero eso, para su abogado, es una cosa completamente distinta a haber liderado una red de narcotráfico.

El problema es que el resto de las escuchas no acompaña esa versión. En ellas aparece un Astorga que negocia directamente con proveedores clandestinos. Uno era “Jimbo”, un ingeniero comercial que cultivaba marihuana de forma masiva en Quintero y que, según la investigación, se convirtió en uno de los principales abastecedores del Dispensario Nacional. A través de Valle del Sol SpA, sociedad de la que era único accionista y gerente general, en noviembre de 2024 firmó incluso un contrato notarial con Gino Athens, representante del dispensario, para proveer flores de cannabis y derivados. El documento incluía cláusulas de confidencialidad, no competencia y trazabilidad que revestían de formalidad el negocio, pese a que, según la investigación, “Jimbo” no contaba con autorización del SAG para plantar ni cosechar.

La dimensión de esa producción aparece en las propias escuchas. En enero de 2025, Astorga y Athens hablaban de un galpón tecnificado de “Jimbo” capaz de producir hasta cien kilos de flores de cannabis, una capacidad que lo volvía clave para enfrentar el desabastecimiento de las sucursales. Ese mismo mes, Carabineros allanó su domicilio en Quintero y encontró 219 plantas y 19 kilos de marihuana elaborada. Fue formalizado y quedó en libertad en marzo, pero, según la investigación, siguió abasteciendo a la red. En enero de 2026 volvió a ser detenido: esta vez se encontraron más de 900 plantas en un cultivo indoor y otros siete kilos de marihuana procesada. Estuvo en prisión preventiva.

En la investigación también aparecen”Dito”, operador de cultivos en el nortes; “Pablo” y “Yero”, que le vendían cogollos “de calidad” a más de tres millones y medio el kilo. Es el lenguaje de alguien que compra droga a narcotraficantes, no el de un empresario de la salud gestionando proveedores. Básicamente, los socios eran tantos que necesitaba proveerse de marihuana de más gente.

Ahí también queda registrado que se jactaba de haber “salido jugando” más de diez veces de controles policiales en carretera, amparado en guías de despacho y certificados médicos que blindaban documentalmente sus cargamentos. 

La escalada tiene una fecha de quiebre. Al principio, la red se abastecía del cultivo legal de MA Botanics en Pelarco, Región del Maule. Pero cuando el SAG le revocó la licencia a ese predio y ordenó destruir las plantas. Según un informe policial Astorga no cerró el grifo: dio instrucciones para trasladar de urgencia toda la producción que alcanzara a salvarse hacia Santiago. 

De ahí en adelante, según la investigación, junto a su padre y a su primo Cristóbal Risco, invirtió en levantar sus propios cultivos clandestinos –galpones hidropónicos indoor con energía trifásica en Curacaví, Pirque, Algarrobo, Chillán y Peñaflor–, para dejar de depender del todo de terceros. El empresario que hablaba de trazabilidad y de productos chilenos de temporada en las entrevistas de restaurantes construía, en paralelo, una cadena de suministro que cualquier organización narco reconocería.

El mismo tono aparece cuando alardea de su éxito: la investigación da cuenta que un inversionista extranjero, al que solo identifica como “el gringo”, le ofreció veinte millones de dólares por comprar Dispensario Nacional. 

También hay una dimensión de legitimidad que Astorga persiguió y que terminó por abandonar. Despreciaba a las fundaciones cannábicas tradicionales, como las lideradas por la diputada Ana María Gazmuri, a las que calificaba de “inservibles”.

El Rey de la Weed

Hoy, mientras se discute su futuro, Andrés Astorga, que fue señalado en la formalización como el Rey de la Weed, sigue en el mismo lugar donde arrancó este relato: el módulo de Santiago 1, sin colchón, con su padre de setenta años a pocos metros.

La Fiscalía Regional de Aysén ya pidió, para él y para otros imputados –entre ellos Gino Athens, Mario Astorga y Rodrigo Buzeta–, la medida cautelar más gravosa que contempla el sistema: la prisión preventiva.

Su abogado insiste en que la defensa se opondrá a todas las prisiones preventivas y en que no debería existir un trato distinto por el tipo de delito que se investiga. Pero el sistema, esta vez, no parece dispuesto a hacer esa distinción a su favor: el mismo fiscal que lo formalizó fue explícito al señalar que se persigue con igual fuerza tanto al narcotráfico de cualquier población de Chile como a quienes ostentan cargos de poder o de influencia económica. 

La defensa, de todos modos, tiene un último argumento, y lo plantea así: para el abogado, el verdadero daño no lo hizo Astorga, sino la propia investigación. Al desarticular el sistema de dispensarios, dice, la Fiscalía dejó a dieciséis mil personas –muchas con tratamientos médicos activos– sin dónde abastecerse legalmente, y las empujó de vuelta “al mercado negro”.

“Si hoy alguien del dispensario que va a comprarle un narco y lo balean y se muere, va a ser en parte la responsabilidad de la Fiscalía”, dice el abogado Bocaz.

La justicia tendrá que resolver ahora una pregunta: si el Dispensario Nacional protegía a esas dieciséis mil personas del mercado negro o si, como sostiene la Fiscalía, el negocio que Astorga se jactaba de controlar era precisamente parte de él.