Lejos de los 29 votos: el difícil panorama que enfrenta el Gobierno para aprobar la idea de legislar su reforma constitucional en seguridad

Horas agitadas ha tenido el Congreso Nacional desde que el Gobierno dio a conocer su reforma constitucional en materia de seguridad, en el marco de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Las ocho modificaciones que se proponen en un artículo único, que considera sanciones e inhabilidad para recibir beneficios costeados por el Estado para condenados por delitos relativos al crimen organizado o el terrorismo, así como un nuevo estado de excepción que podría llegar a durar 8 meses sin mayor intervención salvo la del Presidente de la República, tienen en alerta a La Moneda, pues su iniciativa no ha logrado concitar el apoyo que esperaban.

La situación no es trivial en el Congreso, pues al ser una modificación de carácter constitucional, requerirá de un apoyo equivalente a 4/7 de los integrantes de ambas Cámaras del Legislativo. Esto sería en el caso del Senado un apoyo de 29 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados de 89 integrantes.

Es precisamente en la Cámara Alta donde el Gobierno, anticipan en el oficialismo, tendrá mayor dificultad para sortear su propuesta legislativa.

Lo anterior dado que, tras conocerse efectivamente el contenido de su propuesta —ante la difusión previa de borradores—, rápidamente comenzaron a aparecer desmarques que no necesariamente provinieron desde la oposición ni de partidos que apoyan al Gobierno, sino de parlamentarios que han sido aliados de la administración de Kast en proyectos de alto calibre, como el de Reconstrucción Nacional, a través de apoyos para que el oficialismo alcance los 26 votos necesarios en el Senado para avanzar en tratativas que requerían mayoría simple.

Las negativas de Walker y Kaiser

El caso más notable sobre la negativa que ha provocado la iniciativa ha sido la postura que ha tomado el senador Matías Walker, ex Demócratas, hoy integrante de la bancada de Evópoli.

El parlamentario por Coquimbo ha señalado que con la reforma en seguridad que se presentó “mueren las democracias“, puesto que, consideró, se “atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho“. Su aprensión principal ha estado en el estado de excepción por seguridad pública que se propone en la iniciativa, que podría limitar la libertad de reunión, de tránsito y hasta permitir la interceptación de comunicaciones en una zona determinada.

A partir de lo anterior, ha afirmado que no respaldará la propuesta en su primera instancia de tramitación, es decir, en la votación general, para la que se requieren 29 votos. Se trata de cinco apoyos más de los que el Gobierno calcula tener en el Senado, donde contempla 24 respaldos entre los parlamentarios de su sector.

Pero incluso en esos 24 apoyos virtuales que considera La Moneda hubo una caída. Aquella respondió a la senadora Vanessa Kaiser, única representante del Partido Nacional Libertario, colectividad que no forma parte del Gobierno pero que sí ha apoyado al Gobierno. No obstante, su líder, Johannes Kaiser —hermano de la senadora—, ayer hizo conocer públicamente sus diferencias con la reforma constitucional.

En el pasado ya le había señalado en privado al ministro de Seguridad, Martín Arrau, los temas que le incomodaban a él y su partido.

Tras conocer la propuesta oficial, la molestia persistió y fue la senadora la encargada de decir abiertamente este miércoles —en Radio 13c— que no estaba disponible para aprobar la iniciativa, pues “muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional“.

Las dudas de Bianchi y Kusanovic

En vista de lo anterior, en el Gobierno han comenzado a tantear el terreno en sectores ajenos al oficialismo, aunque sin resultados efectivos por ahora.

Por ejemplo, los senadores independientes Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi han sido mirados por el Ejecutivo como cartas posibles a las cuales acudir en caso de que la merma de Walker y Kaiser se mantenga.

No obstante, estos propios legisladores se han encargado de no generar expectativas para La Moneda. Consultados por The Clinic, el propio Kusanovic sostuvo que aún no sabía qué posición tomar respecto a la reforma constitucional, mientras que Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad en el Senado, afirmó que aún no ha realizado su “trabajo parlamentario” respecto a la materia, por lo que aún no tiene una posición definida.

Como sea, al Gobierno también se le asoma el problema de que entre los partidos que le apoyan también existen aprensiones, como las que manifestó el senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, quien alertó que no se contaban con los votos suficientes para apoyar la iniciativa.

Ese llamado es reiterado en el Senado, desde donde tratan de alertar al Ejecutivo para que comprometa modificaciones posteriores a la propuesta para concitar el apoyo necesario y así la tramitación no se rechace, inhabilitando su discusión por un año.