Columna de Marco Moreno: El ministro Arrau y la política incómoda

La controversia que abrió Martín Arrau al señalar que, por él, no iría al Congreso porque considera que la gestión es“tremendamente más importante” no terminó con las explicaciones posteriores del ministro. Esta semana sumó un nuevo capítulo. Su ausencia en la comisión mixta que discute inteligencia económica y secreto bancario volvió a provocar críticas parlamentarias. Poco después, el senador Matías Walker lo emplazó a cambiar lo que calificó como una actitud “soberbia” y a dialogar más con el Congreso para sacar adelante la agenda de seguridad.

Sería fácil reducir todo esto a un problema de estilo del ministro. También sería insuficiente.

Lo que comienza a observarse es una tensión más profunda entre dos maneras de entender la función de gobierno. Una concibe la política como una actividad que consume tiempo que podría destinarse a gestionar. La otra entiende que gestionar en el Estado supone precisamente procesar intereses, construir acuerdos y conseguir las condiciones institucionales necesarias para transformar una decisión en resultados.

La diferencia no es menor. Arrau tiene razón cuando sostiene que el Ministerio de Seguridad posee una enorme responsabilidad ejecutiva y territorial. Pero justamente por eso resulta difícil separar esa tarea de su dimensión política. Perseguir el crimen organizado, modificar las reglas sobre secreto bancario, aprobar legislación sobre infraestructura crítica o cambiar las herramientas constitucionales disponibles exige algo más que capacidad operativa. Requiere mayorías.

El Congreso no aparece al final de ese proceso. Es parte de él.

El episodio permite observar un problema que viene acompañando al Gobierno durante estos meses y que podríamos llamar déficit de procesamiento político. La Moneda ha demostrado capacidad para producir iniciativas y ocupar la agenda, pero ha tenido mayores dificultades para convertir esas iniciativas en decisiones suficientemente coordinadas, negociadas y viabilizadas antes de ponerlas en circulación.

La reforma constitucional de seguridad probablemente sea el ejemplo más claro. Fue presentada como una pieza importante de la nueva estrategia gubernamental y terminó enfrentando objeciones de la oposición y del propio oficialismo, obligando al Ejecutivo a revisar su diseño. Algo similar ocurrió con iniciativas de la agenda de seguridad que llegaron a votación sin tener asegurados los respaldos necesarios.

No es simplemente un problema legislativo. Tampoco se resuelve atribuyéndolo a errores comunicacionales. Tiene que ver con la arquitectura mediante la cual el Gobierno construye sus decisiones.

Aquí reaparece la lógica de silos. Cada ministerio observa los problemas desde su propia racionalidad: Hacienda desde las restricciones fiscales, Seguridad desde la eficacia operativa, Cancillería desde sus efectos internacionales, Interior desde la gobernabilidad. Todas esas miradas pueden ser correctas y, sin embargo, producir malas decisiones si no existe capacidad para integrarlas políticamente.

Por eso algunos de los episodios que hemos visto durante estos meses parecen menos errores aislados que síntomas de una misma dificultad. Primero se toma la decisión; después aparecen los actores afectados, las restricciones institucionales, las diferencias dentro del oficialismo o los votos que faltaban. La política entra entonces al proceso como mecanismo de corrección, cuando debería haber estado presente en su formación.

Ese es el punto que vuelve especialmente reveladora la incomodidad de Arrau con el Congreso. Un ministro no concurre al Parlamento porque deba saber más derecho penal o constitucional que sus asesores. Para eso existen equipos técnicos. Va porque posee algo que ningún asesor puede reemplazar: autoridad para representar al Gobierno, negociar modificaciones, comprometer acuerdos y responder políticamente por ellos.

Las políticas públicas tampoco funcionan como una secuencia ordenada en que primero se diseña, después se aprueba y finalmente se ejecuta. Entre una buena idea y un resultado existen actores con poder de veto, burocracias, recursos escasos, competencias institucionales y mayorías que construir. La capacidad de articular esas piezas no es un obstáculo para la gestión. Es capacidad de gobierno.

Por eso la discusión sobre cuántos días debería pasar Arrau en Valparaíso resulta secundaria. La pregunta interesante es cuánto espacio ocupa el procesamiento político dentro de la manera en que el Gobierno toma sus decisiones.

La paradoja es que intentar ahorrar política puede terminar produciendo exactamente lo contrario: más negociaciones tardías, más correcciones y más tiempo destinado a reconstruir acuerdos que pudieron haberse trabajado antes. Cuando la política es vista como una interrupción de la gestión, suele regresar después convertida en un problema de gobernabilidad.