Presidente del Consejo Consultivo Previsional: “Hacer ambas cosas -licitación de stock y fondos generacionales- en un mismo año puede impactar en el mercado de capitales”

La industria de las AFP se alista para nuevos cambios tras el inicio de la implementación de la reforma. Los más relevantes son la licitación de stock del 10% de los afiliados y la incorporación de los fondos generacionales, que funcionarán en reemplazo de los actuales multifondos. Eso sí, desde el rubro todavía dudan de los plazos para aplicar estas modificaciones. Para el actual presidente del Consejo Consultivo Previsional y vicepresidente del Instituto Libertad, Pedro Pizarro, es importante atender estos motivos y considerar los impactos de ambas operaciones en las pensiones. 

Según el calendario fijado, el primer llamado a licitación de stock tiene como plazo agosto de 2027, mientras que en junio de 2028 se hará la transferencia de afiliados licitados. En tanto, los fondos generacionales entran en vigencia en abril del próximo año.

A la par de estos cambios, la Superintendencia de Pensiones puso en consulta pública, hace un mes, su propuesta de Régimen de Inversión para los fondos generacionales. El plazo para recibir comentarios cerró el 31 de julio, y el regulador tiene como fecha máxima el 1 de septiembre para publicar la versión definitiva. La propuesta ha generado observaciones desde la industria, principalmente por las bandas de desviación permitidas frente al benchmark de referencia y por los límites mínimos y máximos de inversión que deberán cumplir las administradoras.

Con todo, Pizarro levanta otra alerta sobre la ampliación de las facultades de la Superintendencia de Pensiones que depende de una sola persona. “Hemos tenido buenos superintendentes, pero corremos el riesgo de que haya malas decisiones en futuros superintendentes que puedan venir”, señala en entrevista con The Clinic.

—¿Cómo evalúa la implementación de la reforma de pensiones?

—Tenemos varios cambios que ya están en curso: el año pasado se aumentó en un punto la cotización y este 2026 se amplió la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los mayores de 82 años. También se comenzaron a pagar los beneficios del Seguro Social, tanto el llamado bono tabla como el monto por año actualizado. Y ahora empezó el cambio respecto de la cobranza de las cotizaciones previsionales. Se ha ido implementando de buena manera, se ha hecho un buen trabajo por parte de la Superintendencia de Pensiones, la subsecretaría y todos los organismos que deben implementarlo. Es una buena ley. Una buena ley mal implementada puede ser, de repente, peor que una mala ley. Entonces se ha hecho una buena implementación y todo indica que debería seguir hacia adelante.

—¿Ve algún riesgo en la implementación de esta reforma con los cambios que se avecinan?

—Siempre se ha hecho de buena manera, pero hay que mantener el criterio técnico serio para una buena implementación. Todavía quedan varias partes: tienen que seguir aumentando por varios años más las cotizaciones respecto a las remuneraciones de agosto; está el tema de los cambios a los fondos generacionales y las cesiones de stock, que son un desafío importante. Hay que ver ahí si los objetivos buscados por estas medidas se logran cumplir o no, pero eso no quiere decir que nos podamos quedar tranquilos. Hay que seguir implementando de buena manera, porque estamos hablando de las pensiones de todos. 

“La mezcla de ambos cambios puede repercutir en pensiones”

—Desde la industria hay preocupación por el cruce de plazos entre la licitación de stock y la implementación de los fondos generacionales, ¿Comparte esta aprehensión? 

—Si efectivamente se genera un impacto en el mercado de capitales el mismo año que se hace la transición desde los multifondos a los fondos generacionales, y se realiza la licitación de stock, y eso repercute en rentabilidad y, en el fondo, en las pensiones el día de mañana, es algo que hay que atender. ¿Cómo se arregla? Ojalá se pueda hacer a nivel administrativo para no tener que hacer alguna discusión legislativa. Es algo que se debe atender pensando en su impacto porque ambas operaciones son volúmenes de recursos importantes y la mezcla de ambos cambios tiene un impacto que puede repercutir en pensiones. 

—¿Cuál es el impacto que podrían tener estos cambios en fechas tan cercanas? 

—La transición de los multifondos a los fondos generacionales implica que hay que adecuar las carteras en base a los mínimos y máximos que da la Superintendencia de Pensiones. Probablemente las administradoras van a tener que salir a vender o a comprar determinados activos respecto de lo que tenían invertido en los multifondos. Cuando salgan todos, considerando que es mucha la plata que está invertida en el mercado, posiblemente no haya la oferta o la demanda necesaria para satisfacer los cambios de portafolio. Esto puede generar también movimientos especulativos. Es importante que los márgenes de la Super sean lo más amplios posibles, de manera de dar un espacio de flexibilidad para las administradoras. 

Por otro lado, la licitación de stock va a obligar a las administradoras a traspasar un 10%. No todos los títulos son endosables, es decir, hay unos que probablemente se deban liquidar para entregar los recursos y que el otro vuelva a invertirlos. Entonces, hacer ambas cosas en un mismo año puede impactar en el mercado de capitales. 

—¿Por qué considera que no es conveniente abrir la discusión legislativa? 

—Las materias previsionales o de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lamentablemente, ese orden constitucional se ha ido perdiendo, y de pronto es la propia Sala o la propia comisión la que termina impulsando estos temas. El riesgo es que uno puede ingresar con un proyecto súper acotado, pero se prestan para abrir otras materias, y puede terminar reabriendo una discusión que a Chile le costó más de una década cerrar, que es la reforma previsional. Ahora hay que dejar que se implemente de buena manera y si hay que hacer algún ajuste para evitar un riesgo en su implementación, ojalá se acote.

—Me imagino que puede haber cierta aprensión con abrir esta vía luego de lo que ocurrió con el anatocismo en la discusión de la megarreforma… 

—Los ejemplos están ahí y son claros. Al final hay mecanismos para solucionarlo, está el mecanismo del veto, está el mecanismo del Tribunal Constitucional (TC), pero lo retrasa y mete ruido. Entonces, ojalá haya una discusión con la seriedad necesaria para acotarlo. 

—Sobre el régimen de inversión que está en consulta, ¿qué le parece?

—Debiera ser lo más amplia posible, que permita distinguir o diferenciar entre las distintas administradoras, de manera que cada una pueda tener su propia identidad y perfil de riesgo. Ahí hay un tema también con los máximos y mínimos de inversión. Creo que los máximos están bien, porque el máximo es un nivel de exposición a determinados riesgos. Los mínimos me generan duda, porque pueden obligar a invertir en activos con los que la estrategia de esa administradora no esté de acuerdo. Entonces, bastaría con que ese mínimo de X por ciento en un determinado activo se elevara el día de mañana a un porcentaje más alto para, en la práctica, obligarte a invertir en algo. Y eso me lleva a otro tema más: esta Superintendencia de Pensiones, que tiene este nuevo poder debiese ser colegiada. 

Hemos tenido buenos superintendentes, pero corremos el riesgo de que haya malas decisiones en futuros superintendentes que puedan venir. Un órgano colegiado nombrado por el Senado, algo parecido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), permite mantener políticas de largo plazo más allá de los gobiernos de turno, lo cual permite cierta estabilidad en las inversiones, porque uno puede ir estableciendo estos mínimos y máximos. Entonces, ojalá tengamos una súper colegiada, que permita tener políticas de largo plazo y que se mantenga más allá de los gobiernos que pasan.

La discusión que falta: la informalidad

—Ante los casos de asesores de fondos de terceros como Sartor o Factop. ¿Existe el riesgo de que se repitan situaciones así con la entrada de nuevos actores que trae la reforma?

—Siempre hay riesgo. Pero para poder saber si el sistema funciona o no, hay que fijarse en las medidas frente al riesgo. Creo que no hay ningún sistema que evite que puedan ocurrir situaciones como la que está mencionando, pero sí hay medidas para que el sistema pueda reaccionar a tiempo, detectarlo y sancionarlo, como está ocurriendo con los casos que menciona. Entonces, el sistema funciona cuando es capaz de detectar y de poner una solución a ese tipo de situaciones.

—Por último, ¿hay alguna discusión que falte abrir en materia previsional?

—Hay una que está pendiente, que creo se puede abordar como es la informalidad. Todas las mejoras que uno haga en materia previsional van a impactar en la pensión de las personas que están con un trabajo formal hoy día. Pero tenemos casi un 30% de informalidad y para ellos la verdad es que la discusión de la reforma previsional no tiene ningún efecto porque no están cotizando. El último esfuerzo grande que se hizo en materia de informalidad fue incorporar a las personas que tienen boletas de honorarios en la Operación Renta. Se ha discutido mucho a nivel de política de cómo disminuir esta situación, pero en cuanto a  proyectos de ley para disminuir la informalidad… echo de menos esa discusión.