Lo que deberán cambiar los edificios en el manejo de información de residentes con la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos

A partir del 1 de diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales, la cual se aprobó y publicó en 2024.

La ley moderniza la normativa actual y establece reglas más estrictas para empresas y organismos públicos que recopilen o traten datos. La norma también refuerza los derechos de las personas sobre su información y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de fiscalizar su cumplimiento y aplicar sanciones por infracciones.

Qué cambios tendrán que hacer los edificios

Con esta entrada en vigencia, las comunidades y administraciones deberán modificar la forma en que manejan cámaras de seguridad, registros de acceso, datos de residentes y sistemas de reconocimiento facial.

Prácticas como compartir grabaciones de cámaras por WhatsApp, mantener registros de visitas indefinidamente o utilizar un sistema de reconocimiento facial sin una alternativa podrían ser un riesgo para los residentes, según la Ley 21.719.

“Hasta ahora, las comunidades y administraciones operaban bajo una norma con exigencias mínimas y sin un organismo fiscalizador con capacidad sancionatoria real. Con la nueva ley eso cambia de forma estructural”, explica Felipe Maturana, CTO y co-fundador de Millacero, plataforma chilena de conserjería remota para comunidades y edificios.

Uno de los puntos que exige la nueva normativa es que cada dato tenga una finalidad justificada, un plazo de conservación y controles sobre quién puede acceder a esos datos.

“Administrar correctamente significa tener una base legal para cada dato, un plazo de retención definido, control de quién accede a qué y trazabilidad de esos accesos”, señala Maturana.

El cambio afecta particularmente al uso de cámaras de seguridad. Las administraciones de edificios y comunidades deberán fijar un plazo de conservación de las grabaciones, determinar quién podrá revisarlas y evitar que se usen para otros fines.

También, para la nueva ley, se considerará a los datos biométricos como datos sensibles, lo que repercute en el uso de reconocimiento facial. Según Maturana, es necesario avanzar hacia un uso de una alternativa no biométrica, como una tarjeta, PIN o llave para quien no quiera dar el consentimiento.

Para los residentes, el cambio significa mayor control sobre su información personal. La nueva normativa les permitirá, entre otros derechos, solicitar acceso a los datos que mantiene la comunidad, pedir su rectificación o eliminación y oponerse a determinados tratamientos, según corresponda.