“Deshacerse” del Convenio 169 y la Ley Lafkenche: en qué consisten las normas que volvieron a mostrar una descoordinación del Gobierno

El domingo quedó en evidencia una nueva discrepancia al interior del Gabinete, luego de que en entrevista con el DF, el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijera que Chile tenía que salirse del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a los Pueblos Indígenas y Tribales.

Ello, según argumentó, dado que era un tratado “minoritario”, y que el factor de que hubieran leyes y tratados que alimentaran temáticas en torno a la “división” de la sociedad (como los conceptos de plurinacionalidad, ejemplifica), era una preocupación para la cartera.

“Para mí el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas son un riesgo para el país“, dijo Barros.

No es una postura nueva de Barros, y lo recordó él mismo, pero ahora como ministro de Estado reiteró que “Chile tiene un desafío que es deshacerse de una serie de legislaciones que están basadas en la división entre las personas”.

Con todo, la postura y propuesta del titular de Defensa fue descartada apenas unas horas después por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, así como por el propio Presidente esta mañana.

El Presidente Kast en Radio Infinita aseguró que la eventual salida “no es una prioridad” ni lo va a ser.

En lo concreto, en qué consiste el Convenio 169

El Convenio 169 de la OIT surge en 1989, pero no fue adoptado por la legislación chilena hasta 2009.

Consiste básicamente en un convenio para “pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”, plantea la Biblioteca del Congreso Nacional.

La responsabilidad de los gobiernos a partir de este tratado, eso sí, es que deben asumir la participación de los pueblos indígenas y su responsabilidad de desarrollar acciones para proteger sus derechos.

Lo anterior, mediante medidas que aseguren que los pueblos indígenas puedan gozar de las mismas oportunidades y derechos que el resto de la nación, promoviendo medidas que busquen reducir brechas socioeconómicas y respetando sus costumbres y tradiciones, entre otros.

Pero también se plantea que se debe consultar a los pueblos originarios “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, por lo que se debe contar con un “mecanismo de consulta”.

Y también, respecto de los procesos penales, se señala que las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de los pueblos originarios, por lo que se deberá “dar la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Qué relación tiene la Ley Lafkenche y por qué se critica

Además del convenio de la OIT, las autoridades cuestionaron la Ley Lafkenche. El propio Presidente Kast, si bien aseguró que no estaba en la agenda del Gobierno revisar el tratado, sí cuestionó que esta ley “tiene paralizados astilleros y puertos”.

“Yo la voté a favor, pero hay momentos en que se producen abusos. En la Ley Lafkenche hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad. Hay que hacer modificaciones”, planteó Kast. 

La Ley Lafkenche, promulgada en 2008, impulsada por comunidades mapuche y williche, crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Los espacios consisten en convenios -de plazo indefinido- donde se destina un espacio marítimo delimitado a las comunidades indígenas o sus asociaciones solicitantes, para que lo administren.

Su objetivo es preservar el uso consuetudinario de dichos espacios (para la realización de prácticas habituales o tradiciones culturales con finalidades tanto pesqueras, como religiosas o recreativas), según la BCN, a fin de mantener las tradiciones y el uso de recursos naturales por parte de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero.

Pero actualmente la norma ha estado en el centro del debate en torno a la pesca, donde se ha planteado por parte del Ejecutivo la necesidad de perfeccionarla, particularmente respecto de la “proporcionalidad de las solicitudes” de estos espacios que se encuentran en trámite.

Y es que se critica que muchas veces las solicitudes de ECMPO, tal como planteó el Presidente esta mañana, paralizan el desarrollo en el sector marítimo sobre todo del sur de Chile.

Se menciona que la ley permitiría que se presenten una cantidad desproporcionada de estas solicitudes por parte de las comunidades, sin que exista un mínimo de personas que deba pertenecer a dicha comunidad o la cantidad de hectáreas de mar que se soliciten.

Pero además, cuando ingresa una solicitud para crear un ECMPO, se paralizan automáticamente los trámites para los privados y sus proyectos, lo que genera críticas porque en la práctica -y pese a que la ley fija un plazo máximo de 10 meses para resolver- las resoluciones demoran hasta 7 años en resolverse.

Así, ello ha generado un confrontamiento entre los gremios industriales y las comunidades indígenas, puesto que se critica que el ingreso de estas solicitudes representa un obstáculo para las inversiones y el sector económico del sur del país.

Las comunidades indígenas, por su parte, defienden que la ley es una herramienta indispensable frente al avance de la industria y que protege sus prácticas ancestrales, y que el problema burocrático que implican responde a la ineficiencia de los organismos estatales.

Además, cuestionan que se les intenta despojar de sus derechos adquiridos de proteger el borde costero y sus recursos, y que se intenta modificar la norma para favorecer a la industria salmonera.

Han anunciado que intentarán ver la forma de que la propuesta de modificación anunciada por el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional, y precisamente, solicitan que se cumplan los compromisos del Convenio 169 de la OIT.