“Maltratador” y “dictador”: la guerra entre apoderados de destacado liceo emblemático de Santiago que terminó con una demanda por $20 millones

Un apoderado del Liceo Manuel Barros Borgoño presentó una querella criminal por los delitos de calumnias e injurias graves con publicidad en contra de un matrimonio de apoderados del mismo establecimiento. La acción, presentada ante el Juzgado de Garantía de Santiago, incluye además una acción civil por $20 millones por concepto de daño moral.

El incidente que lo originó

Según el relato contenido en la querella, a la que accedió The Clinic, los hechos se remontan al 18 de noviembre de 2025, alrededor del mediodía. Cuando el querellante participaba en una venta de completos autorizada dentro del liceo para recaudar fondos del curso 2° Medio A.

En ese contexto, se produjo una emergencia: cinco alumnos habrían provocado un amago de incendio al interior de una sala de clases, quemando elementos y utilizando un aerosol como soplete, mientras bloqueaban la puerta con un estante y sillas.

Según sostiene el querellante, su hijo se encontraba atrapado en la sala junto a otros estudiantes, en medio de la acumulación de humo. Ante lo que el querellante describe como un “auxilio infructuoso” por parte del personal del establecimiento, relata haber ingresado por una ventana superior utilizando una mesa del pasillo, logrando destrabar la puerta desde adentro para permitir la salida de los menores.

Sostiene que se retiró de inmediato sin tener contacto verbal ni físico con los estudiantes, y que su actuar fue agradecido públicamente por otros apoderados del curso a través de WhatsApp.

La escalada del conflicto

El querellante atribuye el origen de esta disputa a un supuesto “abierto disgusto” de carácter ideológico por parte de los querellados, quienes de acuerdo a su versión, habrían respaldado actitudes de mayor tolerancia hacia tomas y manifestaciones violentas al interior del recinto.

En ese marco, sostiene que los acusados habrían intentado en un primer momento que su propio hijo, también alumno del establecimiento, declarara falsamente en canales digitales institucionales.

El querellante afirma que esta versión fue desmentida de inmediato por el 90% de la comunidad de apoderados del curso, a través del chat “1 medio A lmbb”, y que existirían además testigos visuales de lo ocurrido durante el incidente.

De acuerdo con la versión del querellante, a partir de ese episodio los querellados habrían iniciado una campaña sostenida para desacreditarlo públicamente. La querella detalla tres focos de lo que el querellante califica como hostigamiento.

Una difusión de mensajes en grupos de WhatsApp del curso (“1 medio A lmbb”, “Directiva 1ro A LMBB” y “LMBB 2 medio A”), donde se le habría acusado de ser “maltratador de niños” y “maltratador de mujeres”, junto con expresiones referidas a su condición de militar retirado y calificativos como “dictador”.

El envío de correos electrónicos formales al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y a la dirección del liceo, en los que se le habría imputado la calidad de “agresor” y de cometer “delitos de maltrato”, sin que, según el querellante, se acompañara prueba alguna de dichas acusaciones.

Se agrega un episodio ocurrido el sábado 13 de junio durante una asamblea del Centro General de Padres y Apoderados (CEMPA), donde ante una masiva concurrencia se habrían gritado públicamente las mismas imputaciones. El querellante afirma que al comentarles eventuales acciones legales los querellados habrían respondido de manera desafiante. También afirma que, a su juicio, estas acciones se habrían extendido hacia sus hijos menores de edad.

Los cargos

El querellante argumenta que la difusión masiva de los mensajes, tanto en canales de mensajería como en comunicaciones a un organismo estatal, configura la agravante de publicidad contemplada en la legislación chilena.

Junto con la acción penal, el querellante presentó también una demanda civil, en la que pide que ambos acusados le paguen en conjunto 20 millones de pesos como compensación. Argumenta que las acusaciones en su contra afectaron su salud mental y la vida de sus hijos en el colegio.

La querella solicita peritajes sobre las comunicaciones digitales, antecedentes al SLEP Santiago y la declaración de testigos, además de presentar capturas de WhatsApp y denuncias previas como medios de prueba.

*Cabe señalar que esta nota se basa exclusivamente en el escrito de querella presentado por una de las partes y no refleja la versión de los querellados ni una resolución judicial sobre los hechos.