La propuesta de Ignacio Irarrázaval para el sector público: “Empleo a contrata con indemnización y con causales conocidas para el despido”

El actual director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval debe ser una de las personas que más tiempo ha dedicado a la modernización del Estado. Por lo mismo, es de lo que más sabe del entramado mundo del aparato público y de cuánto cuesta implementar el mínimo cambio aunque suene sencillo desde fuera.

En esta entrevista admite que la Agenda de Modernización del Estado ha tardado en hacerse visible en este gobierno, aunque aplaude las señales enviadas al formar dos comisiones para revisar el estatuto del empleo público y la arquitectura del Estado. “Tengo la impresión de que la Ley de Reconstrucción, consumió el fuerte del trabajo del Ministerio de Hacienda y este tema (modernización del Estado) no estaba como primera prioridad”, admite.

Irarrázaval, Ph.D. en Política Social de la London School of Economics, ha integrado el Consejo de Modernización del Estado desde que fue creado en 2022 por el expresidente Sebastián Piñera y, junto al excontralor, Ramiro Mendoza, continuaron en el segundo tiempo convocado el expresidente Gabriel Boric.

Este Consejo preparó un documento sobre los grandes desafíos en modernización. Luego el centro que lidera en alianza con el Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregaron un documento sobre este tema al nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast. También el académico integró otro esfuerzo transversal con los centros de pensamiento CEP, Libertad y Desarrollo, Espacio Público y Fundación Chile 21 que conformaron una propuesta sobre empleo público. Estos se suman a unos informes de la OCDE, de Pivotes y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior.

“Diría que sobre empleo público, hay muchos estudios y diagnósticos”, afirma en entrevista con The Clinic.

—¿Qué le pareció la conformación de la comisión para revisar el estatuto administrativo?
—Es un buen equipo. Me parece muy bien que se haya convocado a personas importantes del gobierno anterior como Macarena Lobo y Heidi Berner porque saben mucho, el ex director de Presupuestos, Matías Acevedo y Jorge Rodríguez que es muy transversal. Comparto lo que dijo el Presidente en el sentido de que tanto los expresidentes Boric como Piñera tuvieron propuestas del estatuto administrativo, pero al final de sus mandatos. Ojalá se llegue a puerto y que se haga con anticipación, no el último día.

—Como usted dice, ha habido varias propuestas sobre este tema, ¿qué sugeriría usted para los cambios?

—Como Consejo de Modernización del Estado hicimos una recomendación que no es tan novedosa porque en el mundo técnico hay bastante consenso en la necesidad de modificar el estatuto administrativo y por dónde podrían ir los cambios. La dificultad es el costo político porque probablemente se va a tener que enfrentar a las agrupaciones como la ANEF.

—¿Y en qué puntos estaría ese consenso?
—Me gustaba la propuesta de Piñera porque era más comprensiva, pero no tuvo espacio político. La propuesta de Boric es menos ambiciosa, y por ello creo es más viable. Planteaba abordar la contrata que es donde está el grueso de los funcionarios públicos estableciendo que el plazo de contrato fuera más largo, crear causales más amplias de cesación y crear una indemnización por despido involuntario, similar un poco a lo que está en el Código del Trabajo.

—¿En qué sentido se aumentarían esas causales de cesación?
—Hoy las causales de cesación son muy muy acotadas, prácticamente hay que encontrar a un funcionario robando con las manos en la masa para iniciar un sumario, que eventualmente llevaría al despido, lo cual es muy difícil. Entonces si se contratara para un programa específico o el servicio se reestructura, sería una causal evidente de cesación de funciones, y se aplicaría con indemnización. También propondría ajustar toda la evaluación de desempeño en el empleo público, que hoy es un chiste y todos los funcionarios están en lista 1.

—¿Seguiría habiendo funcionarios de confianza?

—En la propuesta de cuatro centros de pensamiento se mencionaba la creación de un staff acotado de confianza política, lo cual responde a la realidad: cuando llega un gobierno nuevo, especialmente con la alternancia política que hemos tenido, necesita gente de confianza para implementar su programa. Por supuesto se tienen que ir cuando el gobierno termina. Hay bastante consenso en eso también.

—¿Hay que mantener un estatuto distinto para los empleados públicos? ¿No serviría simplemente aplicar el Código del Trabajo?

—En eso hay consenso de que tiene que haber un estatuto propio de los organismos públicos. Ramiro Mendoza planteó en el Consejo de Modernización consagrar ciertas normas transversales porque hoy existen unos 15 estatutos y la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene una forma de empleo distinta a la de un profesor de un SLEP o de una enfermera en un hospital, porque obedecen a realidades distintas. Sugerimos tener un marco común que contemple las contratas que no son un empleo estable.

—¿Con indemnización?
—Empleo a contrata con indemnización y con causales conocidas para que el despido no sea arbitrario. Detrás está la filosofía de Max Weber de que el empleo público no puede ser un botín de guerra del gobierno que entra.

—¿Cómo se iría transitando hacia un nuevo estatuto?
—Hay que pensar un régimen de transición. Podría ser un nuevo régimen para los que entran y optativo para los que están. Si se obligara a todos los funcionarios a cambiarse de régimen, sería complejo.

“El Estado chileno es relativamente pequeño”

—Esta semana el gobierno presentó una nueva comisión para revisar la arquitectura del aparato estatal, ¿cuál es su mirada respecto del tamaño del aparato público?

—Lo más importante en la revisión de la arquitectura del Estado es no olvidar la base de todo, que es el artículo 1 de la Constitución Política de Chile en torno a que el Estado está al servicio de las personas.  En términos de burocracia, medida por número de funcionarios, el Estado chileno es relativamente pequeño, lo mismo que el gasto público como proporción del PIB.

—¿Considera necesario reducir el número de ministerios?

—Efectivamente, Chile tiene hoy 25 ministerios, número que se ha incrementado fuertemente en los últimos años. Casi se han duplicado desde 2010 a la fecha. Más que la fusión, lo que se requiere es una mirada integral a los problemas públicos y claramente, no se logra con los “famosos” comités interministeriales que funcionan con una mirada muy formalista por cumplir la ley y no por una real coordinación.

—¿Fusionaría ministerios?

—Sería interesante tener un supra ministerio de infraestructura que reúna a Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Otro supra ministerio de Economía, que reúna a Economía, CORFO, Minería, Agricultura y Energía. Lo importante aquí es la articulación de las políticas públicas pensando en el bienestar de las personas.  No se trata de disminuir los ministerios “per sé”, sino incrementar la eficacia del Estado.

Transformación Digital: “Veo difícil que se cumpla el plazo de 2027”

—El Consejo de Modernización entregó una carta de navegación para la modernización del Estado, ¿en qué quedó?

—Este Consejo nació en el gobierno de Sebastián Piñera II mediante un decreto ley que establece que en los primeros seis meses de cada gobierno se debe presentar una Agenda de Modernización. La idea es que el Consejo de Modernización dialogue con el gobierno respecto de cuáles son los desafíos y temas que podrían entrar en esa propuesta, y después este grupo de personas ad honorem, realiza el seguimiento de esa agenda.

—¿Y qué ha pasado? Están por cumplirse los seis meses

—Los decretos se pueden cambiar con otro decreto y cambiar las reglas del juego es perfectamente posible. Por la vía informal he sabido que el gobierno está preparando una agenda de modernización, e imagino que en algún minuto será convocado el Consejo, no sé si nosotros mismos o otro grupo de personas.

—Atendiendo su experiencia, ¿qué sugeriría como temas para contener en esta agenda de modernización para estos cuatro años?

—El tema del empleo público cae por su propio peso y es lo que más se ha discutido. Otro, es la transformación digital que genera más presión con la Inteligencia Artificial. Hay una Ley de Transformación Digital en el Estado, dictada en 2022, cuya implementación se ha ido aplazando porque el gobierno central, y ¡para qué decir los municipios!, no tienen la capacidad para implementar todo lo que esa ley dictamina; se suponía que en diciembre de 2027 estaría en rodaje total.

—¿Se cumplirá el plazo de 2027?

— Veo difícil que se cumpla a diciembre de 2027. Ojalá esté equivocado. La Ley de Transformación Digital dice que todos los trámites del Estado debieran ser con cero papel; debiera estar totalmente implementada la firma electrónica; debiera existir un expediente digital; debiera haber interoperabilidad.

—¿Qué significa eso?

—Que el Estado no te pida un papel que él posee: ¿por qué cuando postulas a un subsidio habitacional, te pide un certificado de nacimiento o un comprobante de renta que se debe pedir al Registro Civil y al Servicio de Impuestos Internos?  La idea es que esos datos conversen custodiando la privacidad, lo cual es una materia jurídica, que tampoco está resuelta. En países como Estonia, el ciudadano autoriza a que el Estado use los datos que tiene disponibles en un proceso de postulación, por ejemplo. En Chile, lo que se hace es articular uno a uno los servicios mediante convenios y eso toma tiempo porque cada servicio tiene su fiscalía y sus abogados.

—¿Qué le ha parecido el hecho de que el Ministerio de Hacienda no haya nombrado Coordinador de Modernización?
—Entiendo que estaba el jefe de gabinete del subsecretario a cargo. Visto desde afuera, tengo la impresión de que la Ley de Reconstrucción consumió el fuerte del trabajo del Ministerio y este tema (modernización del Estado) no estaba como primera prioridad. Ahora, en la convocatoria de la comisión para revisar el estatuto administrativo hay una señal positiva.