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Opinión

12 de Septiembre de 2026

Columna de Danilo Herrera: La silla del acusado

Foto autor Danilo Herrera Por Danilo Herrera

Danilo Herrera, columnista de The Clinic, escribe sobre el caso del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. "Intentaron darle muerte civil a Orrego y no lo consiguieron. Tenía cargo, equipo, abogados y tribuna. Sobrevivió porque tenía con qué. El dispositivo quedó intacto y sigue disponible para el próximo, que puede no tener nada de eso", analiza.

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Sentar a alguien en la silla del acusado sale gratis. Basta un requerimiento, una conferencia de prensa, un titular a las nueve de la noche. No se necesita prueba, ni plazo, ni siquiera convicción. Se necesita un micrófono y una mayoría circunstancial. Pararse, en cambio, cuesta años.

El pasado martes 8 el TRICEL rechazó el requerimiento de Consejeros de la UDI y Republicanos que buscaba destituir e inhabilitar al Gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego. Con eso terminó de cerrarse una secuencia de dos años y 10 pronunciamientos ante seis instituciones autónomas con competencias distintas. Un desafuero rechazado por unanimidad en la Corte de Apelaciones, 24 votos contra cero, confirmado después por la Corte Suprema. Un sobreseimiento definitivo en el Séptimo Juzgado de Garantía. El Servel archivando la investigación por el contrato de coaching y la Fiscalía Oriente decidiendo no perseverar. Ninguna estableció responsabilidad penal ni electoral. En la teoría, Orrego ganó, pero en la práctica ya lo había perdido todo durante el proceso.

Dos años de audiencias, de titulares, de tener que explicarse antes de poder hablar de cualquier otra cosa. Lo que se le imputaba era fraude al fisco, notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, y merecía revisarse. Esa es la silla. No la del tribunal, sino la que se instala afuera, sin juez que la autorice y sin resolución que la levante. Y, más tarde, nadie fotografía al que se para.

Destituir e inhabilitar. Vale la pena detenerse en esas dos palabras, porque son también las que persiguen el otro camino, el que sí está escrito en la Constitución. La acusación constitucional arriesga la destitución y cinco años sin poder ejercer cargos públicos. No castiga el delito, pero si la posibilidad de seguir haciendo política. Patricio Zapata lo dijo ante la Cámara defendiendo al exministro de Hacienda, Nicolás Grau: la destitución no tiene carácter penal, pero la inhabilidad que la acompaña sí. Esto se entiende como muerte civil

En junio, esa acusación contra Grau se aprobó en la Cámara pese al informe negativo de la comisión revisora. El Senado la desestimó en sus cuatro capítulos siete días después. Era la novena contra un ministro del gobierno anterior, y ninguna prosperó. Esa cifra no habla de nueve ministros, habla del instrumento como tal.

No seamos injustos, tampoco es una práctica de un solo sector. En 2013 la Cámara destituyó e inhabilitó por cinco años a Harald Beyer con los votos de la entonces oposición de centroizquierda por no fiscalizar el lucro en universidades privadas. Ninguna investigación posterior le atribuyó responsabilidad. Zapata, que defendió a Yasna Provoste, objetó esa acusación en su momento y cuenta 18 libelos contra ministros de Boric y de Piñera, varios de ellos discutibles en su mérito. 

Intentaron darle muerte civil a Orrego y no lo consiguieron. Tenía cargo, equipo, abogados y tribuna. Sobrevivió porque tenía con qué. El dispositivo quedó intacto y sigue disponible para el próximo, que puede no tener nada de eso.

Esto no es un alegato contra la fiscalización. Fiscalizar al poder es legítimo y es el oficio de cualquier oposición que se respete. Que un convenio haya terminado mal, que una decisión administrativa haya sido mejorable, todo eso se puede y se debe discutir. Pero primero se discute en el Consejo Regional, en la Contraloría, en la prensa y en las urnas, no en una sede que solo sabe resolver si hubo delito o no

No hace falta ganar para conseguir lo que se busca, basta con sentar a alguien y dejar correr el tiempo, porque el desgaste depende mucho más de la duración que del resultado en sí. Hay un costo institucional, es cierto. Cada acusación que no se sostiene le resta crédito a la siguiente, hasta que llegue una con mérito y ya nadie la escuche, pero ese costo es difuso y llega tarde. El otro llega de inmediato y lo paga una sola persona, porque nadie le devolverá esos dos años. No hay resolución que ordene reponer lo que se dijo de alguien mientras se defendía. Y, así, es como si la silla del acusado no alcanzara a enfriarse.

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