La batalla de dos padres por esclarecer los últimos meses de su hija: denunciaron acoso y cuestionan la falta de apoyo de su colegio

Dos cierres, dos recursos y una tercera fiscalización que finalmente, y después de casi un año, sí derivó en una sanción. Ese es el recorrido que llevó a los padres de Camila a demandar a la Superintendencia de Educación.

La acción civil no es que responsabilicen a la Superintendencia por la muerte de su hija. Por el contrario, según sostiene la demanda, el organismo tramitó posteriormente la denuncia que ellos realizaron por hechos de violencia y hostigamiento escolar.

Camila, (cuyo nombre fue cambiado para la redacción de este articulo), cursaba 2° medio en un instituto del Maule cuando se suicidó, en julio del año pasado.

Días después, su madre encontró en su mochila dos cartas, dirigidas a compañeros del establecimiento a quienes acusaba como sus agresores, lo que, de acuerdo con la demanda, fueron incorporadas como antecedentes de situaciones de hostigamiento que la adolescente habría vivido al interior del establecimiento.

Pero para sus padres, la historia no comenzó con esas cartas. Aseguran que el establecimiento había sido advertido sobre los problemas que atravesaba su hija. Por lo mismo, ahora solicitan una indemnización de $200 millones por daño moral: $100 millones para cada uno de los padres.

“El establecimiento denunciado ignoró consistentemente una serie de hechos de violencia escolar contra nuestra hija, haciendo su vida intolerable al punto que prefirió quitarse la vida antes que seguir expuesta a sus agresores en el entorno escolar”, lee la demanda.

Una alerta que no activó las medidas necesarias

Uno de los principales argumentos de la demanda apunta precisamente a aquello.

Según el escrito, cuando Camila cursaba 8° básico, sus padres ya habían solicitado al director del colegio que recibiera apoyo psicológico y emocional. La madre relata que tomó esa decisión luego de conocer que su hija había manifestado a una amiga que quería morir. En su presentación ante la Superintendencia, aseguró que hasta ese momento desconocía si las sesiones que había solicitado efectivamente se habían realizado.

A eso se sumaron, según la denuncia, antecedentes posteriores sobre situaciones de maltrato psicológico y acoso entre estudiantes. Los padres sostienen que el colegio conocía algunos de estos episodios, pero que no habría activado los protocolos correspondientes. Y eso es precisamente lo que requerían de la Superintendencia.

La demanda plantea que la Superintendencia no fiscalizó si el establecimiento había activado los protocolos de prevención frente al riesgo suicida que había sido informado. Tampoco si había puesto en marcha los procedimientos correspondientes frente a los indicios de acoso escolar.

La denuncia que la Superintendencia cerró y luego volvió a abrir

Los padres acudieron presencialmente a la Superintendencia el 25 de noviembre de 2025, cuatro meses después de la muerte de su hija. En esa presentación denunciaron presuntas infracciones cometidas por el instituto y solicitaron una fiscalización.

La familia sostiene que por ser un caso que involucraba la muerte de una estudiante bajo una denuncia de violencia escolar debía recibir una tramitación urgente, como establece el instructivo de la Superintendencia.

Sin embargo, según relatan, la primera fiscalización terminó con el cierre de la denuncia. La familia presentó un recurso de reposición el 7 de enero de 2026, argumentando que no se habían investigado aspectos que consideraban centrales: entre ellos, la eventual falta de activación de protocolos frente al riesgo suicida y las denuncias de acoso escolar.

“No es posible que un niño/a deje un testimonio tan importante y no se tome en cuenta a la hora de buscar sanciones para que esto no vuelva a ocurrir”, lee el recurso.

El 30 de enero, el director regional del Maule de la Superintendencia acogió ese recurso y ordenó revisar nuevamente los antecedentes. Pero la segunda revisión tampoco terminó como esperaba la familia.

Segunda fiscalización, nuevo cierre

Según la demanda, durante febrero el proceso no avanzó porque el establecimiento se encontraba en periodo de vacaciones. Los padres cuestionaron esa explicación y sostuvieron que una denuncia que había sido catalogada como urgente no debía quedar suspendida durante meses.

Pero además, el 16 de marzo de 2026 recibieron un segundo correo de cierre de la denuncia.

La familia cuestiona especialmente cómo se llegó a esa conclusión. Según exponen, la fiscalización concluyó que no había antecedentes que acreditaran hechos de maltrato contra Camila, pese a los antecedentes como su propio testimonio mediante cartas y el de sus compañeras.

Entre los elementos que cuestionan están las diligencias realizadas por la fiscalizadora. El escrito sostiene que cinco funcionarios fueron considerados como entrevistados, pero que sus declaraciones consistieron en una sola pregunta previamente formulada. A ello se sumó que no se tomó declaración a compañeros de curso de Camila que, según los padres, habían presenciado situaciones de hostigamiento.

También cuestionan los documentos utilizados para evaluar el cumplimiento de los protocolos del establecimiento.

Otro de los puntos que cuestionan es que la Superintendencia considerara como medida de prevención un programa online en el que, según la propia fiscalización citada, participaron 13 estudiantes, pero no Camila.

El tercer intento que —finalmente— terminó en un procedimiento sancionatorio al establecimiento

La familia volvió a recurrir. El 20 de marzo de 2026 presentó un segundo recurso de reposición. Y nuevamente la Superintendencia acogió sus argumentos.

El 10 de abril el organismo ordenó una tercera fiscalización, y esta vez el resultado fue distinto. El 1 de junio, fueron informados que finalmente se inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el establecimiento.

La diferencia es uno de los principales elementos que los padres utilizan para sustentar la demanda.

“Durante más de ocho meses, esta parte denunciante debió enfrentar sucesivos intentos de cierre respecto de una denuncia que, según los propios criterios internos del Demandado, merecía una tramitación crítica y urgente por involucrar la muerte de una estudiante en un contexto de violencia escolar. Cada una de estas decisiones de cierre fue posteriormente revertida por la propia Superintendencia, reconociendo la necesidad de nuevas fiscalizaciones e investigaciones adicionales”, lee la demanda.

Su argumento es que los antecedentes que permitieron avanzar hacia un procedimiento sancionatorio eran prácticamente los mismos que habían sido entregados desde noviembre de 2025 y que habían estado disponibles durante las dos fiscalizaciones anteriores. 

A ello se suman una serie de cuestionamientos a la forma en que se llevó a cabo la fiscalización al establecimiento y el hecho de que como familia no se les hizo partícipes de los procedimientos.

Qué están cobrando los padres a la Superintendencia

El motivo tras la demanda de los padres de Camila no es por la muerte de su hija. Más bien, por el proceso al que se vieron expuestos tratando de que el organismo fiscalizara el establecimiento y lo que ocurría en él.

El concepto central es el de falta de servicio. Los padres sostienen que la fiscalización fue tardía, incompleta y defectuosa y que esa actuación les habría impedido contar con una investigación que esclareciera las circunstancias de violencia escolar que denunciaban.

“Esta falta inexcusable de servicio significó un particular daño para nuestra familia: La falta de oportunidad en la investigación, fiscalización y sanción en las circunstancias de matonaje escolar que derivaron en la terrible muerte de nuestra hija”, dice la demanda.

“Más allá de una falta de oportunidad inmaterial hay también un daño profundamente humano, arraigado en el hecho de que la Superintendencia permitió que la muerte de Camila estuviese para siempre rodeada de un hálito de silencio, relegando a los responsables a la más abyecta impunidad”, agregaron. 

En esa línea apelan también al daño que les implicó no tener un cierre, sobre todo por no ser partícipes de la tercera fiscalización.

“No solo significó una imposibilidad de cierre y reparación para el episodio más doloroso de nuestras vidas, no solo significó una constante revictimización y un eterno dialecto kafkiano para impedir el cierre de nuestro caso, sino que también significó una verdadera y constante carrera contra la frustración de que esto no volviese a ocurrirle a ningún otro miembro de la comunidad educativa del instituto”, plantean. 

Así, los padres fijan en $100 millones para cada uno el daño moral que atribuyen a esa actuació.

Además, en el último punto de la demanda, se señala dicho recurso es sin perjuicio de otras acciones que eventualmente puedan ejercer. Tanto respecto de las personas naturales como jurídicas que pudieran resultar responsables de los hechos de violencia escolar que denuncian.