Ciudad
22 de Septiembre de 2026Un exalumno del Instituto Nacional y un pago de $70 mil por lanzar molotovs: la trama que investiga Santiago detrás de los desmanes en liceos emblemáticos
Los desmanes ocurrieron durante la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado. La acción judicial, presentada por la municipalidad, busca identificar a quienes habrían entregado dinero a terceros para participar en los disturbios.
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El pasado 11 de septiembre, en el Instituto Nacional se llevaba a cabo una actividad en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado de 1973. Sin embargo, alrededor de las 15:30 horas, la jornada se vio interrumpida cuando un grupo de alumnos y personas ajenas al establecimiento irrumpió en el patio, encendiendo fuego y lanzando bombas molotov.
Las clases fueron suspendidas y Carabineros detuvo a siete menores de edad al interior del recinto. Entre ellos se encontraba un joven de 14 años, exalumno del Instituto Nacional, que había sido expulsado en julio de este año por estar involucrado en una manifestación incendiaria organizada en mayo de 2026.
Según distintas fuentes, mientras se encontraba en el establecimiento, el joven de 14 años habría manifestado que recibió $70.000 a cambio de participar en los desmanes. Una declaración que abrió una nueva interrogante sobre lo ocurrido ese día: ¿quién estaría detrás del pago?
Tras los hechos, el pasado 16 de septiembre, la Municipalidad de Santiago presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía por los delitos de desórdenes públicos y porte y arrojamiento de artefactos incendiarios. Sin embargo, la acción judicial no está dirigida contra los adolescentes involucrados, sino contra quienes habrían facilitado su participación en los hechos mediante el pago denunciado.
Los antecedentes de esta nota provienen de la querella presentada por el municipio, un documento de 11 páginas en el que se detallan los hechos ocurridos ese día.
El ingreso del exalumno y otras denuncias de pago
“El referido adolescente, aprovechando el ingreso de los estudiantes de la jornada de tarde del día 11 de septiembre de 2026, accedió al Instituto Nacional vistiendo su antiguo uniforme del establecimiento y, una vez en su interior, se colocó un overol blanco y se unió al grupo que lanzó los artefactos incendiarios en el patio del liceo…”, dice la querella sobre el joven.
Fue al interior del establecimiento donde el adolescente de 14 años habría manifestado que recibió un pago de $70.000 por su participación en los desórdenes. Esta no sería la primera vez que se denuncian pagos de este tipo.
En abril de 2026, tras hechos similares ocurridos en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, el sostenedor de los establecimientos educacionales públicos de dicha comuna sostuvo que uno de los adolescentes detenidos en esa oportunidad había manifestado que le habían pagado por participar en los incidentes.
Las diligencias del municipio
Según la querella presentada por la Municipalidad de Santiago, los antecedentes conocidos hasta ahora permitirían sostener que una o más personas mayores de edad habrían ofrecido dinero al adolescente de 14 años y, eventualmente, a otros jóvenes para participar en los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre.
Es por eso que la Municipalidad busca que el Ministerio Público identifique a las personas que “ofrecieron, prometieron y/o entregaron el pago referido, y determine su responsabilidad penal en calidad de inductores, autores concertados y facilitadores o, en subsidio, cómplices de los delitos de desórdenes públicos y de porte y/o arrojamiento de artefactos incendiarios tipo bomba molotov cometidos materialmente por el adolescente de 14 años individualizado en esta presentación”.
Entre las diligencias solicitadas por la Municipalidad de Santiago se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad interiores y exteriores del Instituto Nacional, con el objetivo de reconstruir el ingreso y los desplazamientos del adolescente, así como identificar a posibles terceros involucrados en el pago.
Además, el municipio pidió realizar peritajes informáticos a los dispositivos electrónicos del joven a los que se pueda acceder legalmente, con el fin de rastrear mensajes, llamadas o transferencias que permitan esclarecer quién le habría ofrecido o entregado los $70.000 por participar en los desmanes.



