Cómo se gestó la polémica incorporación de Chile al Escudo de las Américas y el control de daños del Gobierno

Fue durante un comité político de La Moneda liderado por José Antonio Kast, que se realizó a inicios de septiembre, cuando el Gobierno comunicó a sus ministros que en el marco de su gira a Nueva York se sellaría definitivamente la incorporación de Chile al denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas en español).

Se trata de un acuerdo de cooperación hemisférica impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, con la inclusión de Chile, ya conforman 15 países. Este tiene un marcado énfasis en la coordinación en torno a la seguridad de la región, el crimen organizado, migración y cooperación frente a amenazas externas.

En palabras de Kast, Chile había participado solo como “observador” durante un primer encuentro celebrado a inicios de marzo en Estados Unidos, cuando Kast era presidente electo y no había aterrizado aún en La Moneda. Pese a ese papel de “observador”, la firma de Chile apareció en algunos comunicados que emitió Shield of the Americas en los meses posteriores, todo con la venía de la Cancillería liderada por Francisco Pérez Mackenna. 

De todos modos, fuentes de Gobierno señalan que las gestiones para incorporarse formalmente al Escudo de las Américas comenzaron ese mismo mes.

En La Moneda reconocen la dificultad de no haber adherido a una organización que pone como eje el combate al crimen organizado y la cooperación internacional, uno de los mensajes que Kast instaló en su campaña presidencial. “La pregunta la invertimos: ¿Por qué no haber adherido”, insisten en Palacio.

También se menciona que se puso sobre la mesa el hecho de que el resto de los países encabezados por mandatarios de derecha de la región ya eran parte de la alianza o al menos estaban realizando gestiones para adherir. En Sudamérica, por ejemplo, solo no habían suscrito al pacto Brasil y Uruguay, dos países liderados por presidentes de izquierda, mientras que Perú y Colombia se sumaron en los últimos meses tras el giro hacia la derecha de sus gobiernos.

Fuentes de Cancillería, asimismo, mencionan que habría sido extraño que Chile se quedara en solitario en una posición de observador, con la mayoría del resto de los países de la región formando parte, con los que además mantiene relaciones de comercio importantes.

Las gestiones de Chile para salvaguardar el respeto al marco legal de cada país  

Para ello, eso sí, Chile sostuvo distintos diálogos de manera de afinar al máximo posible la primera declaración que suscribiría Chile como miembro oficial. Esta se emitió ayer luego de que Trump liderara un encuentro con los representantes de los 15 países en la sede de Naciones Unidas, en el que participó Kast junto al canciller Pérez Mackenna.

Algo que resultaba clave para el Gobierno, indican desde Cancillería, era que la declaración reconociera que cada acción a impulsar debía desarrollarse “de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”, como una manera de salvaguardar en forma explícita la soberanía y el respeto al marco legal de cada país.

Se trata de algo que La Moneda ha intentado subrayar ante las fuertes réplicas que generó esta adhesión. La oposición, precisamente, ha salido a manifestar que no se fijaron marcos claros sobre los alcances de pertenecer a esta organización y que incluso Chile podría tener que permitir una intervención militar de Estados Unidos en suelo nacional. 

Lo anterior, ya que autoridades norteamericanas como el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, hace unos meses hizo un llamado a los países de la alianza a tomar medias como participar en operaciones militares conjuntas, aumentar el presupuesto en el área de Defensa y retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).

“La soberanía de los países es una línea que debería ser muy nítida, y con esto yo creo que la verdad es que pasamos a ser parte de un club”, acusó el senador de la DC Iván Flores.

Las dudas que el Gobierno intentó aclarar

Con ello, desde el Gobierno han salido distintas autoridades, partiendo por el Presidente Kast, a realizar un control de daños por la decisión tomada, aunque las dudas solo se acrecentaron con el pasar de las horas.

Así, ayer Kast salió a remarcar que esto no era una firma ni la adhesión a un tratado (lo que, de todos modos, implicaría una aprobación del Congreso). “Aquí no hay un tratado que firmen 15 países, sino que es compartir información respecto del crimen organizado”, dijo.

Hoy, en tanto, debieron referirse los ministros Martín Arrau (Seguridad), Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y el mismo canciller. El primero, en conversación con Tele13 Radio, aseguró que esto no implica “salirse de cortes internacionales y Chile no está disponible para intervenciones militares de países extranjeros”. 

Alvarado, en tanto, debió responder por las dudas que dejó la declaración conjunta de los países del Escudo de las Américas al mencionar que las acciones a impulsar también contemplan un “pilar económico que aborda inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura militar”.

“Respecto del tema económico, dice relación con la evaluación de inversiones, que sabemos que de repente a través de iniciativas de inversión pueden venir dineros mal habidos que financian organizaciones criminales y el intercambio de información y los análisis de inteligencia permiten detectar esa materia”, dijo Alvarado.

El ministro incluso se refirió a las dudas que esto deja con la relación de Chile y China, el principal aliado comercial del país y que ve con hostilidad los movimientos de Estados Unidos. “Aquí no hay ningún efecto sobre los socios o aliados comerciales que tiene nuestro país, específicamente por China. China es el principal socio comercial de nuestro país, son miles de millones de dólares que se intercambian año a año, eso no está en juego para nada”.

Y, por su parte, el canciller intentó aclarar que esa declaración también haga mención a la posibilidad de adoptar una resolución que facilite una acción colectiva contra organizaciones narcoterroristas, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), aludido en el texto en virtud de sus artículos 6 y 13.

“No. Los artículos 6 y 3 no tienen nada que ver con eso. Simplemente estamos reunidos detrás de esto. Nunca se olviden de que, al final del día, la bajada respecto de cada país es de acuerdo a las reglas de cada país y a la voluntad de cada país de incorporar esos procedimientos. Pueden estar muy tranquilos: no hay soberanía”, respondió Pérez Mackenna.