Columna de Jaime Mañalich: Una red de urgencia sin fronteras artificiales

Las esperas extremas en los servicios de urgencia públicos no pueden seguir tratándose como una desidia de sus trabajadores frente a una realidad de déficit estructural sin horizonte cercano de solución. Un reciente reporte de Contraloría señala que, durante 17 meses, en los años 2024-2025, usando el caso del hospital San José, un paciente por día en riesgo vital y 10 con una condición grave, esperaron más tiempo que la norma para ser atendidos. El reporte usa un enmarque distinto; pero este enfoque es más preciso. El déficit de infraestructura para ese Servicio, Metropolitano Norte, se traduce en que hay una necesidad no cubierta de 200.000 consultas de urgencia en hospitales al año, con una oferta incierta de un nuevo recinto para el año 2032. A la vez, la demanda por atenciones de urgencia por hospital ha subido un 6% por año, mientras la atención de urgencia en la red primaria ha bajado 2,6% por año, todo para el mismo Servicio. 

Chile dispone de urgencias privadas, centros médicos, camas y equipos que pueden aliviar esa presión. La pregunta no es si debemos usar esa capacidad, habiéndose demostrado durante la pandemia la eficacia de un sistema unificado, sino bajo qué reglas hacerlo para proteger a los pacientes y el presupuesto público.

Se propone crear una red integrada de urgencia, en la cual Fonasa compre anticipadamente capacidad privada y el acceso dependa de la evaluación de la severidad del cuadro del paciente, o triage. Los pacientes C4 y C5, menos graves, se derivan desde el hospital público, Cesfam o SAR hacia clínicas o centros cercanos con cupos disponibles. Los C1 y C2, más graves, conservan la prioridad hospitalaria, mientras una gestión coordinada de camas facilitaría el traslado de quienes ya fueron estabilizados bajo la Ley de Urgencia, si el hospital no tiene cupos.

La derivación no debe operar como reembolso ni quedar entregada a la iniciativa del paciente. Sería regresivo si una persona debe pagar primero y solicitar devolución después. Debe activarse desde el triage público, con transporte cuando sea necesario y copago cero, al menos para los grupos de menores ingresos.

En el financiamiento, en vez de negociar bajo presión o aceptar tarifas comerciales abiertas, Fonasa fija precios por episodio, conocidos y diferenciados por complejidad. Los convenios pueden licitar cupos por territorio y temporada, con un techo de gasto por red asistencial. Las Cajas de compensación, mutuales y gobiernos regionales podrían cofinanciar el programa, siguiendo experiencias como Plan Enlace, de reciente implementación, sin alterar la tarifa regulada ni la igualdad de acceso.

Se necesita una plataforma única que muestre los cupos públicos y privados, registre el criterio clínico de cada decisión y permita reconstruir quién derivó, por qué y con qué resultado. La información debe ser auditable por Fonasa, la Superintendencia de Salud y la Contraloría. También deben publicarse tiempos por categoría, reingresos, reclasificaciones del triage, costos por episodio y cumplimiento de cupos.

Hay riesgos. Un prestador puede seleccionar los casos más simples o sobredimensionar la complejidad para cobrar más. Por eso se requieren auditorías clínicas, devolución de pagos frente a codificación irregular, control del volumen y continuidad en atención primaria. También debe vigilarse el pluriempleo: comprar camas privadas no aumenta la capacidad si los mismos equipos solo cambian de edificio.

Se podría comenzar con pilotos en las redes más congestionadas. Debe demostrar que disminuyeron las esperas de C1 y C2, que la atención de C4 y C5 fue segura, que no aumentaron los reingresos y que el costo fue inferior al de mantener una urgencia colapsada. Si los resultados son favorables, el esquema puede ampliarse gradualmente.

Usar capacidad privada no es privatizar la urgencia. Privatizar sería abandonar la responsabilidad pública; integrar es ejercerla con reglas, precios y resultados exigibles. La condición política esencial es que estos convenios no se financien restando recursos a la atención primaria ni a la inversión hospitalaria. Son una herramienta para recuperar control ahora, mientras el Estado fortalece su propia capacidad. En una emergencia, al paciente le importa recibir atención segura y oportuna. Al Estado le corresponde garantizarla, utilizando de manera inteligente todos los recursos disponibles.