1.044 beneficiarios no cumplían los requisitos y 343 tenían vínculos con dirigentes sindicales: las irregularidades que detectó Contraloría en Proempleo Biobío

En una de las principales políticas de empleo de la Región del Biobío, la Contraloría Regional detectó diversas irregularidades y debilidades en el control de la ejecución del programa Proempleo. La iniciativa terminó beneficiando a 1.044 personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa.

Los hallazgos fueron dados a conocer en el Informe Final N°180 de 2026, que auditó la gestión realizada por la Delegación Presidencial Regional del Biobío en aspectos como la recepción, ejecución y rendición de los fondos del programa. La Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles para iniciar un sumario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Beneficiarios que no cumplían con los requisitos

Los 1.044 beneficiarios que no cumplían con los requisitos para ser parte del programa recibían rentas u honorarios de otras entidades, tenían más de un empleador o percibían pensiones que superaban los límites establecidos para acceder a Proempleo.

Otro de los hallazgos fue que dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, aunque las bases y los convenios no les otorgaban facultades para hacerlo. Así, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales que participaban del programa.

Además, se identificaron relaciones de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios, entre otros hallazgos.

Recintos cerrados y rendición de cuentas deficiente

También se identificaron falencias en los controles de asistencia y supervisión de los proyectos. Durante las fiscalizaciones, 15 recintos se encontraban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios. Además, otras 33 personas no se encontraban en sus lugares de trabajo sin justificación.

La Contraloría también identificó que las rendiciones eran administradas principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente.

Además, se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica, por un monto de $4,6 millones.

La Contraloría General remitirá los antecedentes al Ministerio Público ante la posible existencia de ilícitos relacionados con los hechos detectados.