Docente acusa al Colegio Juanita de los Andes de excluirla de un reemplazo tras revelar que está casada con una mujer

¿Qué hace tu marido? Fue la pregunta que le hizo la encargada de recursos humanos a una profesora que postulaba para hacer un reemplazo en el Colegio Juanita de los Andes. La pregunta la asustó por la posible reacción de quien la entrevistaba y los efectos que su respuesta podía tener en el proceso de selección. La docente estaba casada con una mujer. Cuando transparentó su orientación sexual, la encargada le comunicó que todavía faltaban dos etapas del proceso, algo contrario a lo que se le había informado hasta entonces.

La profesora había superado las entrevistas iniciales, realizado una clase demostrativa que recibió buenos comentarios e incluso había comenzado a trabajar en otro reemplazo de 11 días. Según relata la demanda, también había sido presentada ante el equipo docente como quien asumiría la jefatura de un tercero básico durante la licencia de pre y postnatal de otra profesora.

Sin embargo, después de aquella conversación, el escenario cambió. La información sobre su matrimonio fue comunicada a la dirección y vicerrectoría del establecimiento. Pese a que una de las encargadas del proceso le había asegurado que su incorporación para el segundo semestre estaba confirmada y que la selección se encontraba cerrada, el 1 de junio recibió un correo informándole que no continuarían con su postulación.

Los valores del colegio y el intento de llegar a un acuerdo

El Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes forma parte de la Red Educacional Ignaciana, una organización católica vinculada a la Compañía de Jesús en Chile.

En sus declaraciones institucionales, el proyecto educativo plantea la formación de personas íntegras y libres, bajo un lema que llama a transformar el mundo. Para ello, identifica cuatro actitudes fundamentales: ser sensible, valiente, esforzado y consecuente.

Es esa identidad valórica la que cuestiona la demanda. El escrito sostiene que resulta especialmente reprochable que una institución dedicada a la formación de niños y adolescentes, y que declara promover el respeto por la dignidad de las personas, cometa una práctica discriminatoria por la orientación sexual de una postulante.

Antes de acudir a tribunales, la profesora intentó resolver la situación directamente con el establecimiento. El 9 de julio, su abogado solicitó una reunión con la directora para exponer lo ocurrido y buscar una solución de buena fe.

La respuesta, según menciona la demanda, fue que la directora no accedería a conversar y que cualquier contacto debía realizarse a través su abogado. La reunión finalmente se concretó con el representante legal, pero la disposición a alcanzar un acuerdo directo fue rechazada.

Sin una solución, la profesora decidió seguir adelante con la accion judiciale.

La demanda

La acción presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acusa al establecimiento de vulnerar los derechos fundamentales de la docente, específicamente la garantía de no discriminación y el derecho a la intimidad.

La demanda sostiene que su orientación sexual fue determinante en la decisión de excluirla del proceso de selección y cuestiona, además, que se indagara sobre su vida conyugal y que esa información fuera comunicada a las autoridades del colegio sin su consentimiento.

Por estos hechos, solicita que se declare la vulneración de derechos fundamentales, que se ordene adoptar medidas para evitar que situaciones similares se repitan y que el establecimiento pague una indemnización de $75 millones por remuneraciones dejadas de recibir y el daño moral sufrdo.

Mientras la controversia está a la espera de resolverse en tribunales, desde la Fundación Iguales se comprometieron al acompañamiento a la causa. “Un proyecto educativo que se dice inspirado en la solidaridad no puede cerrar la puerta a las personas solo por cómo conforman su familia”, señaló María José Cumplido, directora ejecutiva de la organización. 

Además, recordó que hace cuatro años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la discriminación contra una profesora de religión católica debido a su orientación sexual, en el caso Pavez Pavez. “Que hoy un colegio vuelva a excluir a una docente por la misma razón muestra que el Estado y las instituciones educativas aún no han asumido esa sentencia”, señaló.