Presentación de AC contra Rabat vuelve a poner el foco en el PDG mientras partido de Parisi sigue dividido entre salvar o no al ministro

La extensa discusión parlamentaria concentrada en la ley de Presupuestos 2027 no fue excusa para que la oposición ayer no decidiera dar el paso que llevaban esperando 16 días: presentar la anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, apuntado por la reducción de penas a condenados por delitos sexuales.

El libelo acusatorio fue firmado por los PC Marcos Barraza y Daniela Serrano; los FA Jorge Brito y Emilia Schneider; los PS Juan Santana y Raúl Leiva; los DC Jorge Díaz y Javier Muñoz; además de Jaime Araya (ind.-PPD) y Luis Malla (Partido Liberal).

Si bien en un inicio se buscó sumar a la ofensiva al Partido de la Gente (PDG), estos se mostraron distantes de ser parte del escrito, pues en la bancada de 14 diputados suelen decir que están en contra de instancias que dilaten los tiempos del Congreso y concentren la atención en temas que para las personas no tiene un beneficio directo en sus vidas.

Sin embargo, esa distancia con la que se evalúa la acusación no ha significado, como se pensaba, en un rechazo completo hacia esta.

Y es que en el partido encabezado por Denisse Catalán y Franco Parisi no se ha sellado una posición transversal sobre el tema en las últimas tres semanas, desde el estallido del caso.

Si bien en un inicio Rabat contaba con algo de respaldo por parte del PDG —Catalán fue invitada a una reunión con timoneles oficialistas en La Moneda, mientras la diputada Zandra Parisi participó de una reunión con el propio líder de Justicia para enmendar el error de la reducción de penas—, la liberación a “cuentagotas” de los expedientes de los beneficiados distanció al partido del ministro.

Lo anterior pese a que la diputada Pamela Jiles, uno de los liderazgos con mayor influencia al interior de la bancada, sostuviera en una entrevista con La Segunda que estaba por “salvar” a Rabat.

La atribución brindada por la parlamentaria tiene una explicación plausible: si la totalidad del grupo apoyase la acusación contra el ministro, la oposición de izquierdas —que contabiliza 65 votos— tendría apoyos de sobra —más de los 78 requeridos en caso de que todos los diputados concurrieran a votar en dicha sesión— para llevar la ofensiva al Senado.

Sin embargo, ese escenario se ve complicado no solo por la posición que mostró Jiles, sino porque el jefe de bancada del bloque, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, ha sido proclive a desestimar el uso de acusaciones constitucionales, pese a que el grupo apoyó la ofensiva que la derecha hizo contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

Como sea el caso, actualmente en el grupo de 14 parlamentarios han existido posiciones críticas respecto a la gestión de Rabat en la cartera. De hecho, en proyectos de resolución votados en la Cámara de Diputados para expresar “rechazo” y “preocupación” por la reducción de penas, al menos la mitad de los parlamentarios de la bancada se han manifestado a favor de la recriminación hacia Justicia.

Así ha sido los casos de Patricio Briones, Paula Olmos, Fabián Ossandón, Tamara Ramírez, Eileen Urqueta y Guillermo Valdés. A ellos se ha sumado la postura de Cristián Contreras, el integrante número 15 del PDG en el Congreso, pero apartado de la bancada.

Eso sí, desde la colectividad mantienen la incertidumbre respecto a si apoyarán o no la ofensiva, tal y como lo han hecho en las últimas semanas remitiéndose al argumento de que deben estudiar el mérito del escrito. Anoche, de hecho, tras la extensa tramitación de la ley de Presupuestos 2027, reiteraron aquello.