Columna de Marco Moreno: El Gobierno que se quedó sin agenda

La Moneda lleva semanas intentando cerrar una crisis que no termina de cerrarse. Primero fue la controversia por las rebajas de condenas y la decisión de mantener al ministro Fernando Rabat. Ahora son las movilizaciones del transporte y las dificultades para contener sus efectos. Entre una y otra, el Gobierno ha ido perdiendo algo más importante que el control de la conversación pública: la posibilidad de decidir sobre qué quiere gobernar.

No estamos simplemente ante una mala racha. Hay un problema de conducción que merece atención. Cuando las decisiones encuentran resistencias entre los propios aliados, requieren sucesivas explicaciones y terminan ocupando el espacio de las iniciativas que debían impulsarse, el problema deja de ser comunicacional. Lo que falla es la capacidad para procesar políticamente las decisiones antes de adoptarlas.

El caso Rabat es ilustrativo. La controversia dejó de ser exclusivamente un asunto de Justicia cuando Kast resolvió mantenerlo en el cargo pese a las presiones, incluidas las de su propio sector. Desde entonces, el ministro pasó a un segundo plano y el Presidente quedó en el centro del conflicto. Defender a Rabat terminó siendo también defender la autoridad presidencial.

Aquí reaparece lo que he llamado la trampa de la autoridad presidencial. Kast parece entender que ceder ante las presiones equivale a debilitar su mando. Pero la autoridad no se mide por la capacidad de resistir indefinidamente una decisión. También se expresa en saber cuándo insistir, cuándo corregir y cómo evitar que una controversia termine comprometiendo la marcha del Gobierno.

El costo de esta decisión no está solamente en las encuestas. Está en las semanas consumidas, las prioridades postergadas y las energías políticas destinadas a sostener una posición que ha terminado inmovilizando parte de la agenda. La Moneda ha debido dedicar más tiempo a explicar por qué mantiene a un ministro que a mostrar hacia dónde quiere conducir al país.

Las movilizaciones del transporte introducen ahora un problema de otra naturaleza. El alza del petróleo tiene causas internacionales, pero sus consecuencias políticas se administran en Chile. El Ejecutivo ha debido revisar sus propuestas y negociar bajo presión, mientras los bloqueos y las demandas gremiales alteran el funcionamiento de actividades esenciales. Ya no se trata de una controversia que pueda contenerse dentro del sistema político.

Hay aquí un efecto silencioso que puede resultar especialmente corrosivo: el desgaste por fricción cotidiana. La basura acumulada, los viajes que se prolongan durante horas y la inquietud por conseguir combustible van instalando una sensación de anormalidad. Son molestias concretas, aparentemente dispersas, que obligan a modificar rutinas y asumir costos imprevistos. La crisis deja de observarse por televisión y comienza a experimentarse en la vida cotidiana.

Este desgaste opera de manera distinta a la caída de la aprobación presidencial. No requiere que las personas sigan las disputas entre ministros, partidos o parlamentarios, ni supone que responsabilicen automáticamente al Gobierno por los bloqueos. Su efecto se produce cuando las dificultades diarias comienzan a modificar el clima de percepción pública. Lo que inicialmente se experimenta como una molestia individual puede transformarse en una preocupación compartida, circular en las conversaciones y encontrar expresión en la opinión publicada. No es todavía un juicio político, pero puede convertirse en el terreno sobre el cual ese juicio se construye.

La dificultad para La Moneda es que ambos planos comienzan a encontrarse. Mientras la controversia política consume capacidad de conducción, la conflictividad social introduce un desgaste que se acumula fuera de los espacios institucionales. Los problemas se superponen antes de que los anteriores hayan sido resueltos. Y un Gobierno que dedica buena parte de su energía a administrar los costos de sus decisiones dispone de menos margen para enfrentar las contingencias que no controla.

Detrás de esta dinámica aparece una debilidad de la arquitectura decisional. No basta con que una iniciativa tenga fundamento jurídico o económico. Alguien debe calcular sus consecuencias políticas, anticipar las resistencias y construir las condiciones para sostenerla. Ese procesamiento tecnopolítico parece estar llegando demasiado tarde. La Moneda termina negociando cuando el conflicto ya escaló y explicando decisiones cuando sus costos se han vuelto evidentes.

El escenario que se abre es complejo. Un eventual acuerdo con los transportistas puede despejar las rutas y aliviar las molestias, pero no devuelve automáticamente la iniciativa política. Tampoco la continuidad de Rabat resuelve el problema de fondo. La pregunta es si Kast conseguirá recuperar capacidad para ordenar prioridades y evitar que cada nueva controversia vuelva a desplazar las anteriores.

La fragilidad de un Gobierno no siempre se manifiesta en grandes derrotas. A veces aparece en la acumulación de asuntos pendientes, en decisiones que nadie logra cerrar y en ciudadanos que comienzan a acostumbrarse a que las cosas funcionen peor. Ese desgaste por fricción cotidiana puede terminar siendo políticamente más difícil de revertir que una controversia ministerial: las explicaciones se olvidan, pero las experiencias de incertidumbre permanecen.

Hay una regla de oro en política que La Moneda no debe seguir ignorando: cuando un Gobierno pierde la capacidad de decidir sobre su propia agenda, otros comienzan a decidirla por él.