Columna de Luis Cordero, exministro de Seguridad: Cuando la ineficacia seduce la excepción

La ineficacia del Estado no solo irrita, también seduce a algunos, pero no desde una solución, sino a través de un atajo, el de la excepción, que promete resolver de golpe lo que los procesos remedian de modo lento. Desde hace años el país acumula críticas a la ineficacia del Estado. Ahí están los temas vinculados a la denominada permisología -una figura que bajo la administración Lagos se denominaba “lomos de toro”-, los debates sobre la gestión de las listas de espera en los hospitales, la demora en la resolución de causas en ámbitos especialmente sensibles para la vida cotidiana, como los asuntos de familia o laborales, y también las críticas al funcionamiento de las instituciones del sistema de seguridad. Todos esos casos tienen en común la crítica a la forma y el modo en que el Estado resuelve los problemas públicos.

Los debates derivan entonces hacia caminos que van desde el aumento de recursos y la simplificación o desregulación de trámites hasta, en los casos más radicales, la objeción a la existencia misma de esas obligaciones públicas. La ineficacia se transforma en malestar, y este, a su vez, en rabia contra el sistema democrático. Si la democracia no funciona, las lealtades hacia ella se diluyen y los discursos autoritarios, aquellos que suelen simplificar los problemas y las soluciones, se vuelven seductores, dejando a las sociedades atrapadas entre la observancia de los procesos de la democracia y la eficacia de la simplificación, una que suele ir acompañada de la inmediatez de la tecnología, donde la racionalidad del debate público se reduce a un clic.

Los datos muestran que esto no es una especulación académica. Pese a que Chile figura entre las democracias mejor evaluadas del mundo -el puesto 16 en el índice de democracia liberal de V-Dem 2026-, según el PNUD -en su estudio Deudas del cambio y democracia en Chile (2026)-, esa misma ciudadanía muestra una apertura inquietante a la excepción: un 53% prefiere un gobierno autoritario para enfrentar la delincuencia, cerca del 70% cree que para detener el crimen a veces hay que transgredir los derechos de quienes delinquen y un 44% aceptaría un golpe de Estado militar en situaciones de alta delincuencia; y esa disposición crece con la percepción de deterioro, que se traduce en una la tolerancia a los excesos policiales que sube del 47% entre quienes ven al país estancado al 64% entre quienes lo ven empeorar. Según el informe “Democracias bajo Presión” de 2026, -con datos de Latinobarómetro 2025-, en 2024 solo un 51,6% de la población de América Latinaconsidera la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que un 16,4% estima que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible y un 25,2% se declara indiferente ante el tipo de régimen, con una insatisfacción frente al funcionamiento de la democracia que alcanza al 64,7%. La tendencia excede a la región,IDEA constató en su último informe que en 2025 el Estado de derecho fue la dimensión democrática más débil y la que más retrocedió en el mundo -29 países, impulsados por el debilitamiento de la independencia judicial-, precisamente el contrapeso esencial en las democracias.

Lo que se encuentra detrás de esto, como tantas veces se ha explicado, es la tensión sobre la cual descansaba el clásico pacto entre el Estado y las personas, uno que las actuales condiciones presionan para reescribir mediante reformas legales en ámbitos muy distintos, pero con un mismo propósito, la solución de los problemas con rapidez. Ahí están las reglas de gobierno digital, la simplificación de permisos, la reducción de trámites para construir cárceles, el aumento de recursos para las instituciones del sistema de seguridad, la agilización de procedimientos para condenar con rapidez, las reformas constitucionales para homologar el crimen organizado y el terrorismo, entre las más conocidas.

Sin embargo, el elemento común de todas esas reformas es que al país no le hacen falta normas legales -las tiene, y en exceso-, lo que tiene es un déficit de implementación, que se traduce en leyes sin reglamentos, implementaciones dilatadas, recursos postergados y evaluaciones sin realizar. Un ejemplo sectorial y contingente lo refleja de modo diáfano las 74 leyes de seguridad aprobadas entre 2022 y 2026 que contienen cerca de 261 habilitaciones reglamentarias, y 18 de las 34 leyes que remiten a un reglamento no fijaron plazo alguno para dictarlo, de manera que se legisla más rápido de lo que el Estado puede ejecutar. En resumen, el problema estructural es de capacidades, entendidas como la aptitud para comprender la complejidad de los asuntos y priorizar los problemas.

Elizabeth Fisher y Sidney Shapiro lo explican así: una ley no se ejecuta sola. La capacidad de una agencia estatal no es la suma de los profesionales que contrata, sino un conjunto de prácticas institucionales, un conocimiento tácito que solo da la experiencia, juicio para decidir con información incompleta y, sobre todo, coordinación de saberes distintos (jurídicos, técnicos, económicos) al servicio de un mandato legal. Sin fomentarla y mantenerla, advierten, la Administración no puede cumplir lo que las leyes le encomiendan. Esa capacidad se forma en los cuadros permanentes y se pierde con cada rotación abrupta al inicio de un gobierno. Por eso, una reforma que acorta plazos sin dotar a las agencias públicas de esa capacidad no acelera las decisiones, sino que traslada el problema a los tribunales.

El inversionista tiene en común con los ciudadanos que no le teme a un Estado que decide, sino a uno que no decide o que decide mal dos veces, afectando por esa vía no solo derechos, sino también la credibilidad de la democracia.

Las capacidades son también un asunto del sistema político, porque si este no es capaz de entender con oportunidad los problemas públicos que debe abordar, es también parte del problema. En seguridad, el Global Organized Crime Index lo constata sin ambigüedad cuando indica que, ante la urgencia, los Estados prefieren el camino de menor resistencia (operativos intensos y de resultado rápido) frente a las reformas de fondo, más eficaces,pero más difíciles.

Por eso, cualquier solución que ensayemos debería partir de una premisa, los contrapesos no son un costo de la democracia, sino la garantía de que sobreviva, cualquiera sea el gobierno que ejerza el poder.