Columna de Luis Cordero: Por los mismos motivos

“¿Cómo y por qué llegué hasta aquí? Por los mismos motivos que he llegado a tantas partes”. Así comienza “Hijo de ladrón”, de Manuel Rojas, la novela que marcó a generaciones de estudiantes desde su publicación en 1951. La vida de Aniceto es uno de los relatos más complejos sobre lo que supone la reinserción. Algunos dirán que reivindicar ese libro es romantizar la pobreza; pero Rojas, como pocos entre nosotros, describió la brutalidad de la marginalidad.

Por estos días, el caso Rabat -y el debate sobre cómo deben operar las rebajas de condena en los condenados por delitos sexuales contra menores- ha llevado a un grupo de senadores a promover la derogación del beneficio de rebaja de condena. Una iniciativa así pasa por alto cómo funciona la política penitenciaria y, de prosperar, pone en riesgo la seguridad.

En los últimos años, buena parte de la reacción institucional en seguridad se concentró deliberadamente en aumentar el castigo efectivo: más penas, menos beneficios y más herramientas legales y presupuestarias para la persecución penal. El resultado está a la vista, la población penal creció a un ritmo acelerado. Hoy el sistema penitenciario opera al 146% de su capacidad de diseño, y todas las regiones del país están por sobre su nivel de ocupación.

De ahí que un sistema de seguridad pública razonable deba comprender la importancia del sistema penitenciario, para evitar el contagio criminógeno y los conciertos delictuales, pero sobre todo para cumplir un propósito elemental de cualquier sistema penal, que quienes egresan de la cárcel -porque algún día lo harán- no vuelvan a delinquir. Y eso ya no se garantiza con más persecución penal, sino con mecanismos efectivos de reinserción que estructuren los incentivos adecuados.

Mientras dura la condena, el Estado debe garantizar el buen funcionamiento de los penales. La gobernabilidad interna y la convivencia dependen, en buena medida, de poder retribuir la buena conducta. Cuando ese incentivo desaparece -como mostró en EE. UU. el truth in sentencing de los años ochenta y noventa, que obligaba a cumplir casi la totalidad de la pena- se deteriora el clima interno y, al revés de lo buscado, la reincidencia posterior no baja, y a veces sube.

Todo esto es más grave en un sistema sobrepoblado como el nuestro, donde la violencia intracarcelaria se vuelve el principal riesgo de operación.

Según Gendarmería, al 31 de octubre había 43.351 personas condenadas, el 65,7% de la población privada de libertad. Nuestras cárceles están pobladas, sobre todo, por delitos contra la propiedad y drogas: robos (32%), infracciones a la ley de drogas (26%) y, entre 13% y 16% cada uno, el porte de armas, los robos no violentos, otros delitos contra la propiedad y homicidios. Los delitos sexuales -el centro de esta discusión- alcanzan cerca del 11%. Como una misma persona puede estar condenada por más de un delito, las cifras no se suman.

Por eso, derogar la rebaja de condena para resolver un problema específico, como es la aplicación temporal de la reforma de 2022, supone castigar a toda la población condenada. Es una solución desproporcionada, con costos de seguridad tanto durante la permanencia en la cárcel como al momento del egreso.

En efecto, la ley vigente ya excluye de pleno derecho a los autores de los delitos más violentos (homicidios calificados, femicidios, parricidios, robos con homicidio o violación, agresiones sexuales a menores desde 2022) y a los reincidentes. Quienes hoy acceden a las rebajas son, sobre todo, condenados primerizos por tráfico de drogas, robos simples, porte de armas y homicidios simples. De ahí que una derogación total no afecte a los autores de crímenes con presidio perpetuo, ya excluidos, sino que quite incentivos de conducta justamente a la población primeriza y de menor compromiso delictual.

Se dirá que hay delitos para los cuales cualquier rebaja resulta inaceptable, o que en la práctica el beneficio se concede casi por inercia. Ambas objeciones son atendibles, pero apuntan a otra solución. Si el problema es el catálogo de delitos, lo que corresponde es revisar las exclusiones; si es la calidad de la evaluación, exigir más a la comisión que califica la conducta. Ninguna de las dos justifica suprimir uno de los pocos incentivos que hoy ordenan la vida dentro de la cárcel para la mayoría de los condenados.

No son buenos tiempos para hablar de reinserción, pese al mandato de la reforma constitucional que traspasó Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Pero es una obligación legal que debemos abordar, sobre todo por sus efectos en la seguridad pública. Una derogación pura y simple, que no mide lo que provoca en todo el sistema, es un riesgo serio para la seguridad, dentro y fuera de las cárceles.

El Estado debe preocuparse por las víctimas y atenderlas; pero también disponer de un sistema penitenciario razonable, donde cumplir la condena traiga incentivos para la reinserción y la tranquilidad pública. Combinar ambos fines es lo mínimo que se le puede pedir a una sociedad justa.

Porque lo que enseña Manuel Rojas es que, para muchos, la verdadera condena empieza el día en que se recupera la libertad. La única reinserción posible es la de una comunidad que los mire como iguales y los deje trabajar sin esconder su pasado. Es un mal momento para eso, quizás; pero en una democracia no hay otra alternativa que persistir en ese intento.