Columna de Luis Cordero: Verdad, trato y política

En junio de 1971, cuando el New York Times publicó los Papeles del Pentágono y quedó en evidencia que sucesivos gobiernos norteamericanos habían engañado a su país sobre Vietnam, Hannah Arendt volvió sobre una idea que había formulado pocos años antes: la verdad y la política nunca se han llevado bien, y la veracidad rara vez se ha contado entre las virtudes políticas.

Esos ensayos, reunidos luego en “Crisis de la república”, anticiparon una década que, tras Watergate, terminó produciendo reglas de integridad, transparencia y financiamiento de la política que incidieron en distintas partes del mundo. Los últimos años han vuelto a poner en duda los supuestos de esa respuesta, esta vez por tecnologías que aceleran los discursos de odio y la desinformación, desnaturalizando el debate público, el mismo que ha transitado desde las controversias sobre proyectos de sociedad hacia la descalificación y la denigración humana, donde el nihilismo se impone a la convivencia.

En el ensayo que dedicó a esos documentos, Arendt advertía que sin información fáctica no manipulada, la libertad de opinión se convierte en un engaño. Por eso quienes ejercen funciones públicas están sujetos a deberes que no rigen para el ciudadano común, y por eso la discusión en el espacio público debe cumplir ciertas reglas para que la libertad de expresión pueda hacer lo suyo en la corrección democrática. Esas reglas exigen, al menos, lealtad a los hechos y protección de la dignidad personal, es decir, verdad y trato.

El derecho da indicaciones en ese sentido. La Constitución obliga a los titulares de funciones públicas -todos, sin exclusión- a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, que en términos sencillos significa anteponer el interés general al particular y emplear los medios del cargo solo para ese propósito. Los jueces no pueden emitir opiniones sobre los asuntos que deben resolver. Y los parlamentarios solo son inviolables por las opiniones que manifiestan y los votos que emiten en sesiones de sala o de comisión, lo que les permite debatir con franqueza; pero ese privilegio no existe fuera de esas sesiones y, dentro de ellas, no fue concebido para ofender.

La Contraloría lo ha recordado este año en más de una oportunidad. En abril cuestionó a la Secretaría General de Gobierno por difundir en redes sociales que el gobierno anterior había dejado un “Estado en quiebra”, una afirmación que el ministerio no pudo sustentar técnicamente. Luego advirtió a un alcalde que no podía usar sus redes, ni siquiera las personales, para presentar obras o servicios municipales como el cumplimiento de sus promesas de campaña. Y en septiembre, ante una publicación del Ministerio de Seguridad Pública que, según la denuncia, contenía referencias burlescas a los incidentes que vivió una exministra en Temucuicui, sostuvo que la información que difunden los organismos públicos debe ser “verificada, correcta y oportuna”, y comunicarse “de manera respetuosa y cortés”, conforme al deber de cortesía que el Estatuto Administrativo impone a los funcionarios. La idea que guía al órgano de control es que ni los funcionarios ni, menos aún, sus autoridades actúen de un modo en que la política sacrifique la verdad o el respeto.

Un desafío similar deberían imponerse los parlamentarios. Aunque son ajenos a esos criterios y solo están sujetos a las restricciones que fijan sus pares, lo cierto es que el ejercicio de la función política y de representación no justifica el uso de medios para denostar a las personas y desviar la verdad. Cuando quienes participan de la discusión democrática confunden la franqueza con la mentira, y la severidad de juicio con la denostación humana, lo que se afecta es la idea misma de la deliberación pública y la cohesión social.

Hace unas semanas, la Corte Constitucional italiana lo recordó a propósito de un diputado que había respondido con insultos, en Facebook, a las críticas de un consejero provincial. Afirmó que la inmunidad parlamentaria solo protege las declaraciones que contribuyen al debate sobre asuntos de interés general y respetan la dignidad de quien es criticado, porque la representación supone cuestionar argumentos, no descalificar personas. Una réplica que se queda en la defensa de un interés personal, concluyó la Corte, no está amparada.

Es cierto que verdad, trato y política no se llevan bien en estos tiempos, pero también lo es que la construcción de la confianza pública y las condiciones de una vida democrática (autonomía, pluralidad, respeto a las reglas y los derechos) dependen de que convivan. Al cerrar su ensayo de 1967, Arendt describió la verdad como el suelo que pisamos y el cielo que se extiende sobre nosotros. Quienes participan de la política harían bien en recordarlo en estos tiempos, porque la lealtad a los hechos y el respeto a las personas no son cortesías opcionales, sino una condición elemental de la virtud pública que las funciones que desempeñan los obligan a resguardar.