Columna de Pablo Zeballos | Cuando dejamos de mirar: los niños explotados que el mundo dejó de ver

Como investigador, he aprendido que una de las primeras formas de aproximarme a la realidad de un país está en observar aquello que las estadísticas no siempre alcanzan a mostrar. Por eso, cuando llego a un lugar donde me toca trabajar, hay algo que hago casi de manera automática. En aeropuertos, terminales de buses y pasos fronterizos suelo detenerme frente a los avisos pegados en las paredes.

Muchas veces son fotografías de personas desaparecidas. Algunas llevan meses. Otras, años. Hay hojas amarillentas, esquinas despegadas y espacios vacíos donde alguna vez hubo una fotografía que el tiempo terminó arrancando de la pared. Uno termina acostumbrándose a ver esos carteles, pero hay algo a lo que todavía no logro acostumbrarme. Los rostros de los niños.

Fotografías escolares muy serias o con sonrisas inocentes, una edad escrita debajo, aquella que tenían al momento de desaparecer, y algún número de teléfono al que llamar si alguien sabe algo, porque detrás de cada una de esas imágenes hay alguien esperando. Una familia, una madre, a veces un padre o una abuela que ve pasar el tiempo y perder su fe preguntándose cuánto habrá crecido ese niño o cómo se verá ahora, aunque para ellos, en sus recuerdos, seguirá teniendo la edad de esa fotografía.

Hace poco, mientras caminaba de noche en una localidad de Centroamérica, se me acercó un niño que no tendría más de cinco años para ofrecerme algo que vendía. Había en su mirada una seriedad extraña para su edad. Caminaba entre desconocidos, vehículos y adultos bebiendo, con la seguridad de alguien que sabe  perfectamente lo que debe hacer. Parecía tener una tarea y sabía que debía cumplirla: regresar con dinero.

Lo saludé e intenté conversar con él. Por un instante pareció interesado, pero repentinamente algo cambió. Miró asustado a su alrededor, como si hubiera visto algo que yo no alcancé a percibir. Cuando volvió a mirarme, su expresión era distinta. Me preguntó con una mezcla de urgencia e indiferencia si iba a comprarle o no y se marchó.

Nunca supe qué había visto ni qué provocó aquel cambio. Tampoco sé si regresaba con el dinero a su casa o si debía rendir cuentas a alguien que lo esperaba en otra parte. Lo que quedó grabado en mí fue la naturalidad con que hasta entonces se había movido en ese entorno y la rapidez con que apareció el miedo. Después pensé en cuánto puede aprender un niño a convivir con situaciones que nosotros consideramos peligrosas y que, para él, quizás forman parte de su rutina.

La normalización puede comenzar mucho antes de que seamos capaces de reconocer un delito, pero También hay que ser cuidadosos. Un niño que vende algo en una calle no es necesariamente víctima de trata y la pobreza no puede convertirse automáticamente en una explicación criminal. Hay familias completas que sobreviven dentro de economías informales sin que exista detrás una organización dedicada a explotarlas.

He observado situaciones como esa en ciudades y localidades que durante el día parecen completamente distintas de lo que ocurre en ellas cuando comienza a oscurecer. Lugares turísticos, zonas comerciales, pasos fronterizos o pequeños pueblos donde la vida sigue durante el día un ritmo reconocible. Al caer la noche cambia la circulación, aparecen otros actores y comienzan a hacerse visibles economías que el visitante ocasional difícilmente percibe. Para mi mismo, hace tiempo he comenzado a llamarlas localidades crepúsculo.

La mayoría de quienes viven allí trabaja, cría a sus hijos e intenta seguir adelante. Sería injusto asociar a toda una comunidad con las actividades criminales que puedan desarrollarse en su entorno. Pero existen espacios donde formas de explotación se han incorporado de tal manera a la vida cotidiana que han dejado de provocar sorpresa, también existen contextos donde la vulnerabilidad aumenta.

La separación de las familias, los desplazamientos, la migración irregular, la violencia dentro del hogar, el abandono escolar o la marginalidad pueden dejar espacios que alguien termina aprovechando. Muchas veces basta solo una promesa de trabajo, protección o dinero para que aquello que inicialmente parecía una oportunidad comience a convertirse en una pesadilla.

Los datos permiten aproximarse solo a una parte del problema. Según el último informe global de Naciones Unidas, los niños representan el 38% de las víctimas de trata detectadas en el mundo. Y la palabra detectadas no es banal, porque lo que conocemos corresponde a quienes alguna institución consiguió identificar. Una parte importante y desconocida del fenómeno permanece fuera de esos registros.

La trata adopta formas distintas según el territorio y las oportunidades disponibles. Puede involucrar explotación laboral, mendicidad forzada, utilización de menores en actividades criminales, servidumbre, matrimonios forzados o explotación sexual.

También existen casos vinculados a la extracción de órganos, aunque representan una proporción mucho menor de las víctimas identificadas. Conviene mantener esa dimensión en su escala real para no terminar buscando las formas más espectaculares del delito mientras otras ocurren todos los días delante de nosotros.

En ese contexto, hay una expresión que durante años hemos utilizado, incluso en los medios de comunicación, con una facilidad que hoy me resulta insoportable: “prostitución infantil”. El término me descompone porque parece atribuir al niño una decisión que jamás le corresponde.

Detrás de esa expresión hay adultos que pagan por abusar sexualmente de menores, personas que obtienen dinero de su explotación y una demanda que sostiene una de las formas más repugnantes de criminalidad depredatoria. La mayoría de quienes están en ese circuito de explotación aberrante conocen perfectamente la edad de sus víctimas; otros han aprendido a no hacer preguntas. Y me pregunto cuánto hemos normalizado esta violencia para que todavía existan quienes estén dispuestos a pagar por ella.

En algunos lugares esa demanda convive con actividades absolutamente legales. El turismo, el transporte, las faenas extractivas, las zonas fronterizas o los grandes movimientos temporales de trabajadores pueden facilitar el anonimato, la circulación de personas y la disponibilidad de dinero. Eso no hace responsables a esas actividades, pero genera condiciones que quienes explotan personas pueden aprender a utilizar.

Tampoco todas las redes tienen la estructura que solemos imaginar cuando hablamos de crimen organizado. Algunas son pequeñas, familiares o extremadamente flexibles. Alguien establece el contacto, otra persona facilita un traslado o consigue un lugar donde alojar a la víctima. Puede haber quien busque clientes, aunque una misma persona también puede cumplir varias de esas funciones. Muchas víctimas pasan por terminales, hoteles, restaurantes o carreteras sin que nada resulte evidente para quien las observa durante algunos segundos.

Hace poco estaba trabajando en una ciudad histórica de Centroamérica. Una de esas ciudades que invitan a caminar despacio, mirar sus edificios y pensar en cuántas generaciones han recorrido las mismas calles. Allí conocí a una mujer valiente que lleva años trabajando en el rescate y acompañamiento de menores. Mientras hablábamos sobre cómo han cambiado algunas dinámicas criminales me dijo una frase que desde entonces me acompaña: “Estas ciudades también pueden ser los mercados modernos y silenciosos de la trata”.

La frase incomoda porque uno mira alrededor y no encuentra aquello que esperaría asociar con un mercado de personas. No hay jaulas, ni cadenas visibles, tampoco un lugar donde alguien pueda señalar con claridad que allí comienza la explotación. Hay hoteles, automóviles, restaurantes, teléfonos, casas particulares, turistas y vecinos continuando con sus vidas. Buena parte de la trata contemporánea puede funcionar dentro de esa apariencia de normalidad.

Es por ello que combatirla tampoco depende exclusivamente del Estado. En distintos lugares he conocido policías, fiscales, trabajadores sociales, miembros de organizaciones civiles y personas anónimas que durante años han intentado sacar a niños de esos espacios. Muchos trabajan con recursos limitados y en condiciones que pocas veces conocemos. Algunos han recibido amenazas. Otros siguen acompañando a las víctimas mucho después del rescate, cuando comienza una etapa probablemente menos visible y bastante más larga.

Abrir una puerta y encontrar a alguien es apenas una parte del proceso. Después casi siempre es necesario recuperar la confianza, regresar a la escuela, recibir atención médica o psicológica, resolver documentos y encontrar un lugar seguro. Hay que acompañar a una persona que durante meses o años pudo haber aprendido que su cuerpo, su trabajo o su libertad estaban bajo el control de alguien más.

Cuando uno ha conocido de cerca casos de rescate entiende por qué parecen verdaderos milagros. También descubre cuánto dependen de personas que decidieron involucrarse cuando habría sido bastante más fácil mirar hacia otro lado. Pero ningún país puede construir su capacidad de respuesta esperando que los milagros ocurran.

Chile no está fuera de estas dinámicas. Hemos conocido investigaciones por trata de personas, explotación sexual comercial de niños y adolescentes y captación de víctimas extranjeras mediante engaños o promesas de mejores condiciones de vida. La transformación de las rutas migratorias y de las dinámicas criminales regionales obliga a mejorar nuestra capacidad para reconocer situaciones que hasta hace poco podían parecernos lejanas.

Necesitamos mejores capacidades policiales y del ministerio publico, sistemas de protección de infancia que funcionen y cooperación con otros países cuando corresponda. Pero existe una dimensión que ninguna institución puede resolver por sí sola: la capacidad de una sociedad para advertir que algo no está bien antes de acostumbrarse a verlo.

Quien trabaja en un hotel puede advertir una situación extraña. Un conductor puede preguntarse por las condiciones en que viaja un menor. Un profesor puede percibir un cambio que para otros pasó inadvertido. Las señales pueden aparecer también en un hospital, en un terminal o dentro de una comunidad fronteriza.

No pretendo que cada persona se transforme en investigador ni que comencemos a sospechar de todo lo que vemos. Me preocupa algo bastante más sencillo: que conservemos la capacidad de incomodarnos.

Quizás por eso sigo mirando aquellas fotografías cuando llego a un aeropuerto o a un terminal. Cada rostro recuerda que antes de existir una causa judicial, una investigación policial o una estadística hubo una persona que desapareció de un lugar concreto.

Y probablemente hubo algún momento en que alguien vio algo.

A veces los rescates comienzan cuando esa persona decide no seguir caminando.