El quiebre de confianzas entre el PS y el PPD tras la remoción de Pedro Araya que pone en riesgo el respaldo a De Urresti para presidir el Senado

Pasadas las 19:00 horas de ayer, las mesas directivas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia se reunieron, cada una por separado, para analizar distintos asuntos de la contingencia política de la semana. En el PPD, el objetivo era revisar la Ley de Presupuestos ingresada por el Gobierno y abordar los principales focos que pondrían durante su tramitación. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos.

La reunión de la colectividad que preside el diputado Raúl Soto se realizó por Zoom, pero, al poco rato, los teléfonos de distintos dirigentes del PPD comenzaron a sonar. La Tercera había publicado que el comité parlamentario de senadores del Socialismo Democrático solicitó la remoción del senador Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución.

La gestión fue realizada por el senador socialista y jefe de bancada Juan Luis Castro, con el respaldo de senadores de su partido y del senador liberal Vlado Mirosevic, quien estaría en espera para reemplazar a Araya en dicha comisión.

La noticia sorprendió a la dirigencia del PPD, que comenzó a evaluar cómo enfrentaría lo que, según fuentes de la colectividad, constituye una intromisión del Partido Socialista en una decisión que le compete al partido en el que milita Araya.

“Es inaceptable que otro partido decida remover a un senador sin avisar”, dice una alta fuente del PPD. En esa línea, más de alguno advierte que esta intervención rompe las confianzas institucionales entre ambas colectividades y podría tener consecuencias para la relación dentro del Socialismo Democrático.

Desde el PPD señalan que, tras esta acción, quedó en entredicho el respaldo de la colectividad al senador socialista Alfonso de Urresti como candidato para presidir el Senado. Esto, pese a que el parlamentario mantiene una buena valoración entre los partidos del Socialismo Democrático. Sin embargo, en la tienda insisten en que lo ocurrido no puede pasar inadvertido.

De hecho, hay quienes sostienen que el PS terminó poniendo presión sobre Raúl Soto, quien asumió la presidencia del PPD hace tres meses. Esto, porque lo obliga a defender institucionalmente al senador Araya, pese a que sus últimos gestos hacia el Gobierno en materia legislativa habían generado ruido interno.

Con todo, en la colectividad consideran que intentar removerlo sin un acuerdo previo constituye una línea que no se puede traspasar.

La defensa socialista y el quiebre con el PPD

Desde el Partido Socialista, sin embargo, entregan una versión distinta. Conocedores de las gestiones para remover a Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución aseguran que sí comunicaron previamente al PPD la posibilidad de impulsar una medida de estas características.

Según explican, hace tres semanas se realizó una reunión en la que participaron Castro, la senadora y presidenta socialista Paulina Vodanovic, Raúl Soto y el senador PPD Ricardo Celis.

Fue en ese encuentro donde el PS manifestó la incomodidad que generaba la actuación de Araya, particularmente por su abstención en la votación de la megarreforma y por las negociaciones que, según acusan, había sostenido a espaldas de los otros partidos de oposición.

Entre ellas, mencionaron los acuerdos alcanzados con los senadores oficialistas Arturo Squella y Andrés Longton durante la discusión de la reforma de seguridad. También plantearon reparos por la controversia que abrió el parlamentario respecto de la contratación de Antonia Amunátegui, hija de su pareja, la exministra de Justicia Javiera Blanco.

En esa instancia, según fuentes conocedoras del encuentro, el PS habría planteado la posibilidad de remover a Araya de la presidencia de la comisión. Ante ello, Soto habría designado a Celis para continuar las conversaciones. Sin embargo, el conflicto escaló cuando Castro, en su calidad de jefe de comité, solicitó formalmente a la mesa del Senado un cambio permanente en la integración de la Comisión de Constitución.

La solicitud fue presentada ante el secretario general de la Cámara Alta, Luis Rojas, en virtud de las atribuciones que tiene Castro como jefe de comité. Celis, quien firmó el documento en un incio, retiró su firma a modo de desacato.

En la colectividad interpretaron esa decisión como una señal suficiente para desactivar la gestión, dado que el PPD no estaba de acuerdo con remover a Araya, pese a que también existían reparos internos respecto de su actuación parlamentaria.

De hecho, desde la tienda reconocen en Araya a uno de los actores más relevantes para frenar la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, que permitía declarar un estado de excepción constitucional por 120 días, prorrogables por otros 120, sin autorización inicial del Congreso.

Respecto de otras materias, como su actuación durante la tramitación de la megarreforma, en el PPD sostienen que los cuestionamientos apuntan más a su forma de actuar que al fondo de sus decisiones. En particular, a que haya llevado adelante negociaciones en solitario, una situación que, según explican, se estaba abordando internamente.

En el PS, en cambio, insisten en que las advertencias ya estaban hechas y que incluso en la declaración pública del Comité Central, difundida el 9 de octubre, había una referencia explícita a cómo debía actuar la oposición frente a las negociaciones individuales con el oficialismo.

“Quienes negocian por el lado, a espaldas de sus bancadas, de sus partidos y de los acuerdos colectivos, le regalan a la derecha lo que no ganó en las urnas. No es independencia ni pragmatismo: es un descuelgue y tiene costos”, señala el documento socialista.

En esa misma declaración, la colectividad advierte que “quien rompe esa disciplina en una hora tan crítica para Chile no puede esperar que se le trate como un aliado más y responderá ante el país y ante sus propios electores por el daño causado”.

El párrafo concluye con una advertencia: “Las decisiones de estos días serán recordadas y cada uno deberá asumir sus responsabilidades”.

Desde el PPD, por su parte, aseguran que el PS no ha revelado sus verdaderas intenciones, dado que los actos de Araya no se condicen con la gravedad de la acción impulsada por la tienda que lidera Paulina Vodanovic.

Con ello, aseguran que la gestión impulsada por los socialistas tendrá consecuencias políticas, incluso si ello termina afectando el llamado de la expresidenta Michelle Bachelet a cuidar la unidad del progresismo. Esto, porque en la colectividad consideran que fueron los propios socialistas quienes, al impulsar la remoción de Araya sin contar con el respaldo del PPD, terminaron desmarcándose del llamado de la exmandataria.