Fiscalía Nacional analiza las denuncias presentadas por parlamentarios para investigar las pérdidas del Fondo E de pensiones

La controversia que tiene a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el centro salió del terreno legislativo y aterrizó en el ámbito penal. Hasta el momento, cuatro parlamentarios han oficiado al Ministerio Público para que inicie una investigación respecto de los repsonsables por las pérdidas en los fondos de pensiones.

Desde la Fiscalía, ante consulta de The Clinic, se respondió que actualmente las denuncias presentadas “están en la Unidad Especializada de Delitos económicos, Medioambientales, ciber delitos y lavado de activos, ULDDECO de la Fiscalía Nacional. Luego del análisis técnico y jurídico de las denuncias, se derivará a alguna fiscalía regional que determine la ULDDECO”.

Las acciones de los parlamentarios surgen luego de que se diera a conocer que entre enero y septiembre de este año el Fondo E registró una caída acumulada de 10,39% en términos reales, mientras que los fondos D y C anotaron retrocesos por 6,38% y 1,5%, respectivamente. La caída en la rentabilidad de los multifondos responde, en parte, al alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que presiona a la baja el precio de los bonos. A este efecto se suma la mayor exposición de las AFP a derivados de tasas de interés, instrumentos financieros cuyo valor fluctúa según el comportamiento de estas variables y que pueden generar pérdidas cuando sus movimientos afectan negativamente las posiciones de las gestoras.

Demócratas, PS y PPD-Independientes

Los primeros en interponer una denuncia por presunto delito de administración desleal y con el fin de que se indaguen posibles responsabilidades de personas jurídicas fueron la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri -ambos del Partido Socialista-.

“La hipótesis denunciada comprende la mantención o ampliación deliberada de una exposición incompatible con el perfil de los fondos, pese a advertencias concretas, para privilegiar intereses propios de las administradoras o de sus ejecutivos. La cronología de advertencias y las conversaciones descritas aportan antecedentes suficientes como para iniciar una investigación por los hechos relatados. Si se hubiese actuado priorizando intereses de las AFP por sobre los intereses de los fondos no solo se hubiesen vulnerado deberes fiduciarios ordinarios sino en concreto deberes fiduciarios impuestos por ley a las AFP”, se describe en el escrito presentado ante la Fiscalía por ambos parlamentarios.

Por su parte, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, solicitó a la Fiscalía investigar si las operaciones realizadas por las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales, considerando además las advertencias realizadas con anterioridad desde el Banco Central sobre los riesgos de estas inversiones. En ese contexto, la parlamentaria ofició al fiscal nacional y a la Superintendencia de Pensiones para esclarecer eventuales responsabilidades por la gestión de los fondos previsionales.

“No estamos anticipando culpabilidades, pero sí exigiendo una investigación rigurosa. No basta con atribuir estas pérdidas a la volatilidad de los mercados, es necesario determinar si se respetaron los deberes de protección de los ahorros previsionales”, afirmó Pérez.

En tanto, el diputado de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) e Independientes, José Montalva, se sumó a las denuncias ingresadas por administración desleal: “Eso es lo que nosotros estamos considerando que puede haber pasado acá y es por eso que hemos hecho la denuncia al Ministerio Público. Tengo los antecedentes de que ya está ingresada esa denuncia y estamos a la espera de que tengamos ya RUC de la causa y fiscal a cargo“.

Asimismo, planteó que, dada la magnitud y el alcance nacional de los hechos denunciados, la investigación podría eventualmente quedar a cargo de un fiscal con competencia supraterritorial, determinación que corresponderá adoptar al Ministerio Público.

Adicionalmente, Montalva también respondió a los abogados penales consultados por The Clinic que plantearon dudas sobre las posibilidades de establecer responsabilidades penales de las AFP. Al respecto, señaló: “A los abogados que en The Clinic ven pocas posibilidades de responsabilidad penal, les diría: una cosa es perder plata en una inversión y otra es perjudicar a los afiliados para proteger intereses propios. Eso es lo que pedimos esclarecer. Si la propia Superintendencia está investigando posibles faltas de lealtad, me parece apresurado anticipar que esto no tendrá consecuencias penales. No estoy pidiendo condenas anticipadas, estoy pidiendo que se investigue”.

Y agregó: “Además, un hecho relevante, que antes no estaba y que respalda el haber presentado la denuncia, es que la Superintendencia de Pensiones va a investigar a las siete AFP por la eventual falta a sus deberes de lealtad y diligencia. Y eso abre de todas maneras la posibilidad de que haya un delito de administración desleal”.