Opinión
22 de Noviembre de 2026
Columna de Juan Francisco Galli: El Coipo y las finanzas detrás del crimen
Por Juan Francisco Galli
La lucha contra el crimen organizado no termina con las detenciones: exige seguir la ruta del dinero, desarticular sus estructuras financieras y recuperar los bienes que sostienen sus negocios ilícitos. El columnista Juan Francisco Galli aborda los desafíos que plantea el nuevo informe de la Fiscalía y el rol que deben asumir el Estado y la sociedad civil.
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El coipo es un roedor nativo del cono sur de América que come plantas y cortezas de árboles. Probablemente por eso era también el apodo de Javier Ramírez Núñez, empresario forestal de la zona de Arauco que ha sido condenado por liderar una organización criminal que transaba madera robada y financiaba a la Resistencia Mapuche Lafkenche, grupo violentista de la zona. Este grupo es sindicado como el responsable de la muerte de tres carabineros en Cañete y del ataque al Molino Grollmus. Con el financiamiento del Coipo se compraban armas y municiones asesinas y luego se pagaban las defensas jurídicas de los detenidos.
El trabajo de la fiscalía y las policías fue excepcional. El equipo liderado por el fiscal regional Roberto Garrido no solo investigó los atentados y las orgánicas que operaban en la zona, sino que fue más allá. Detrás de la violencia había una empresa ilícita que utilizaba la causa mapuche para dotarse de protección para su negocio de la madera robada. Un entramado financiero con ingresos sobre los tres mil millones de pesos que contaba con estructuras jurídicas complejas, maquinarias e infraestructura para su funcionamiento. Todo bajo un paraguas aparentemente legítimo.
Este caso es un buen ejemplo de lo que transmite el Informe de Crimen Organizado en Chile 2026, lanzado esta semana por la Fiscalía Nacional. En él, el mensaje es sumamente claro. No basta con detenciones o reducción de la violencia. La verdadera forma de afrontar la amenaza de la delincuencia organizada es comprender su perspectiva financiera y atacar su patrimonio. Son los financistas, como “el Coipo”, los que deben caer para que la estructura se desarme. No basta con detener a los pistoleros que asesinaron a los carabineros si no somos capaces de afectar al que está detrás de la organización. No basta con militarizar la zona o capturar a los que se esconden detrás de la causa mapuche, si ello no se traduce en la correcta comprensión del fenómeno económico que nutre esa violencia.
El informe además nos desafía. En ocasiones los objetivos del proceso penal y la ruta del dinero pueden resultar contradictorios. Para el éxito del juicio, la mirada retrospectiva es fundamental para “juzgar con rigor y atribuir responsabilidades” como dice el informe. Sin embargo, esa mirada puede hacernos perder la oportunidad de bloquear y anular las ganancias del negocio ilícito que, ante la alerta del proceso penal, se trasladan a paraísos fiscales o jurisdicciones lejanas, o se ocultan en criptoactivos. Una condena que llega cuando las ganancias ya desaparecieron “puede representar un éxito jurídico y, al mismo tiempo, una derrota en la recuperación” como dice el mismo informe. En el caso del “Coipo”, el tribunal decomisó un camión Mercedes-Benz, una grúa, tres remolques, una camioneta Toyota y 7.750.000 pesos en efectivo, probablemente una parte ínfima de las ganancias de la organización.
Cinco son las transformaciones de las que el Ministerio Público nos alerta. Primero, que no nos dejemos engañar por las manifestaciones de la violencia. Que baje la violencia no significa que el crimen se debilite: puede ser la señal de que alguien impuso su control. Segundo, el crimen como un servicio. Las cadenas logísticas ya no son controladas por una sola organización; distintos actores prestan servicios criminales en las distintas etapas, desde la provisión de las armas hasta el transporte de la mercancía. Tercero, las finanzas ilícitas se mezclan de manera casi indistinguible con negocios lícitos, haciendo del lavado una actividad cada vez más compleja. Cuarto, las cárceles constituyen centros de alto riesgo al tener la potencialidad de transformarse en un “centro de mando, mercado monopólico y espacio de reclutamiento y aprendizaje, donde internos locales y extranjeros intercambian métodos”. Por último, la corrupción es definitivamente un elemento esencial del negocio ilícito, habilitando que los controles se relajen y el negocio fluya bajo el radar de las autoridades.
Más allá de la estrategia penal que lleve adelante el Ministerio Público, no podemos descansar solo en la acción del persecutor penal. El resto de la sociedad puede cumplir un rol en la afectación patrimonial del crimen. Por eso es destacable la iniciativa Bien Restituido Chile, de Fundación Avina y Sinodar que acaba de lanzar un completo documento que describe la confusa y desperdigada institucionalidad del Estado que se hace cargo de los bienes que se les quitan a los criminales. La sociedad puede participar en el diseño de la política, integrar un consejo de la sociedad civil e incluso administrar y reutilizar los bienes.
Nada sacamos con seguir la ruta del dinero si, cuando logramos quitarle el dinero y los bienes, estos se transforman en verdaderos males para el Estado. La custodia, administración, enajenación o incluso la destrucción de los bienes que están en manos de organizaciones delictuales son hoy una carga para las instituciones. En consecuencia, nadie los quiere tener. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que el Ejecutivo impulsará una agencia para administrar y liquidar los bienes decomisados, sin embargo, es imprescindible que se concrete a la brevedad.
La demanda ciudadana por más seguridad solo se va a satisfacer de verdad cuando desarmemos las estructuras financieras que sustentan la delincuencia. Para ello, el trabajo que hacen los fiscales debe ser solo una parte de la tarea. Todas las instituciones del Estado y la sociedad civil tienen un papel que cumplir para impedir que los negocios ilícitos se oculten bajo falsos mantos de legitimidad.



