El TC le da un triunfo a La Moneda y cierra la puerta a impugnación de la izquierda contra las RUF

16 senadores de oposición acudieron al Tribunal Constitucional (TC) el pasado 9 de octubre para impugnar la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) —que tiene como fin dar un marco legal a las atribuciones de las policías y de los militares para emplear el uso legítimo de la fuerza— que durante esa semana el Gobierno de José Antonio Kast logró impulsar en el Congreso.

Si bien la propuesta visada el 7 de octubre era relevante para la agenda de seguridad —defendida por la mayoría de los integrantes del Congreso, dada la atención que ha sugerido el tema en la ciudadanía de acuerdo a las encuestas—, en la izquierda molestaron algunas consideraciones relacionadas con el uso de la fuerza potencialmente letal, así como también el principio de proporcionalidad dispuesto en la tramitación.

Por ende, el TC se transformó en su mecanismo para impugnar lo aprobado. Sin embargo, una jugada elaborada por el Ejecutivo alteró los planes de la oposición para alcanzar su objetivo.

TC declara requerimiento contra las RUF como “extemporáneo”

De eso dio cuenta el fallo que el TC emitió este jueves, en el que declaró inadmisible el requerimiento que presentaron los senadores opositores, entre quienes se contó a Fabiola Campillai, Karol Cariola (PC), Yasna Provoste (DC), Beatriz Sánchez (FA), Paulina Vodanovic (PS), Daniel Núñez (PC), entre otros.

Los parlamentarios querían desechar particularmente los artículos 12 (regla N°8) y 15 (inciso tercero) de la ley sobre las RUF (ley N° 21.849). No obstante, La Moneda también se hizo parte del requerimiento a través de un oficio enviado por el Presidente Kast junto a sus ministros Martín Arrau (Seguridad) y José García (Segpres). En su escrito, consideraron que el requerimiento era “extemporáneo”, o sea, que estaba siendo aplicado fuera de tiempo.

Lo anterior dado que el decreto promulgatorio de la ley fue dirigido por el Gobierno a la Contraloría el 9 de octubre de 2026 a las 13:16 horas, mientras que la acción de los senadores se ingresó a las 22:19 horas.

La idea del Ejecutivo con esa acción fue apurar los trámites administrativos de la ley con el objetivo de dejar en fuera de juego a la oposición, puesto que cada requerimiento que se presente al TC debe cumplir con el requisito de que se presenten antes de que la iniciativa impugnada sea recibida por el ente contralor.

Tal situación fue reconocida por los parlamentarios, quienes argumentaron que no pudieron actuar antes que el Gobierno por no contar con un certificado del Diario de Sesiones que entregado por la Cámara de Diputados a las 18:43 horas de ese 9 de octubre.

No obstante, el TC señaló que el ingreso de la ley a la Contraloría fue un hito decisivo en el caso, pues remitiéndose al artículo 93 de la Constitución y al artículo 62 de la Ley 17.997, la oportunidad procesal para requerir al tribunal se cierra de forma definitiva e infranqueable en el “instante exacto” en que se ingresa un decreto promulgatorio a la oficina de partes de la Contraloría, independiente de los cinco días que permite la Constitución para impugnar una ley apenas sea despachada del congreso.

Asimismo, el TC señaló que el argumento de los senadores respecto del certificado del Diario de Sesiones no era suficiente, pues constataron que cualquier información adicional puede ser añadida con posterioridad a la presentación de la demanda. Además, señalaron que acoger el requerimiento habría arrogado atribuciones que el tribunal no tiene, por lo que se vulnerarían los artículos 6° y 7° de la Constitución y el principio de inexcusabilidad.

El resultado deja en una oposición cómoda a La Moneda, dado que significó un avance en su Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), donde parte de sus disputas más fuertes están en el Senado con la nueva reforma constitucional en seguridad —presentada por senadores de oposición y opositores— y la insistencia para la retención de inmigrantes irregulares de cinco a 30 días para sus expulsiones respectivas del país.

El ministro Arrau celebró la decisión con un mensaje en sus redes sociales. “Tal como lo anticipamos, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza. Una buena noticia para nuestro país y para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.

“La seguridad de las familias chilenas es y seguirá siendo nuestra prioridad“, concluyó.