Gajardo refuta a vocero Arenas por rebajas de condenas y marca diferencias entre los gobiernos de Boric y Kast

El vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó este viernes la controversia generada por las rebajas de condena concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, y defendió el actuar del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En una conferencia de prensa dictada esta jornada en La Moneda, Arenas se encargó de plantear la posición del Ejecutivo sobre el tema, involucrando al Presidente José Antonio Kast. “Por supuesto que el Presidente no está contento con estas rebajas de penas, pero no solamente está preocupado, sino que también ocupado, y por eso encargó al ministro Rabat dar solución definitiva a este tipo de casos”, sostuvo el vocero.

Arenas aseguró que el Ejecutivo no tuvo la intención de favorecer a los condenados y argumentó que el Ministerio de Justicia debía actuar conforme a la legislación vigente. En esa línea, recordó que el beneficio está contemplado en la Ley 19.856, promulgada en 2003.

“Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución“, afirmó el subsecretario, quien agregó que a juicio del Ejecutivo, apartarse de ese marco legal habría significado incumplir sus obligaciones. Por lo anterior es que definieron dar pausa a la tramitación de nuevas rebajas hasta que se modifique la ley que prohíba brindar el beneficio a quienes haya cometido delitos sexuales contra menores de edad.

Despliegue de Arenas

En medio de los cuestionamientos de Rabat por haber concedido directamente las rebajas, Arenas aprovechó el espacio de la vocería para comparar procedimientos de la actual administración con el aplicado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, cuando Jaime Gajardo (PC), predecesor de Rabat, encabezaba el Ministerio de Justicia.

El subsecretario exhibió decretos firmados por ambos ministros y sostuvo: “El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno“. A partir de ello, afirmó que en ambas administraciones se respetó la normativa y descartó que las decisiones actuales respondieran a arbitrariedades.

La comparación se da en medio de una diferencia respecto de cómo se tramitaron las solicitudes. Durante el gobierno anterior, el Ministerio de Justicia rechazaba las peticiones de condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en aplicación de las restricciones incorporadas a la legislación en febrero de 2022. Cuando los solicitantes recurrían a los tribunales y obtenían una resolución favorable, la cartera concedía el beneficio en cumplimiento de la orden judicial.

En la actual administración, el Ministerio de Justicia optó por conceder directamente las rebajas, sin esperar que existieran pronunciamientos judiciales individuales en esos casos. Según los antecedentes publicados, los 56 decretos fueron firmados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año.

La réplica de Gajardo

Frente a los dichos de Arenas, el exministro Gajardo salió a refutar la comparación entre ambas administraciones y cuestionó que el Ejecutivo equiparara los procedimientos utilizados durante el gobierno de Boric con los de la actual administración.

“Lamentablemente, el subsecretario de gobierno no entregó información completa. Esos decretos no son iguales. Hay un decreto, que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente, y lo entrega él directamente, un beneficio a un criminal que ha o violado a un niño o que ha abusado sexualmente a ese niño. Y el decreto que mostró, que lleva mi firma, es un decreto por orden o que está cumpliendo una sentencia judicial“. 

En esa línea, el exministro también se refirió al criterio que mantuvo la cartera de Justicia durante las administraciones anteriores frente a este tipo de solicitudes.

“Todos los ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric y los ministros de Justicia del gobierno del presidente Sebastián Piñera teníamos el mismo criterio. Cada vez que se presentaba una solicitud de un abusador sexual, de un violador de niños, niñas o adolescentes, le rechazábamos la solicitud de rebaja de condena. Eso no opta que estas personas reclamaran judicialmente, pero dábamos la batalla en la justicia para proteger a las víctimas, para proteger a los niños“, planteó.

Y sumó: “Lo que hace el gobierno hoy día es entregar información incompleta, es confundir a la ciudadanía y eso es extremadamente grave“.

Gajardo cuestionó la respuesta del Ejecutivo ante la controversia y pidió transparentar los antecedentes de las rebajas de condena concedidas por el actual gobierno.

“Entreguen los decretos, entreguen los 56 decretos, que la opinión pública los conozca, sepa quiénes son y podamos escrutar adecuadamente los fundamentos que se utilizaron”, sostuvo el actual académico de la Universidad Diego Portales.

Asimismo, emplazó al Ejecutivo con su decisión de pausar el otorgamiento de decretos: “Si fueron impecables ayer, ¿por qué los suspenden hoy? Eso no tiene ningún sentido. A mi juicio la responsabilidad política es evidente. Y en este país se tiene que asumir la responsabilidad política“.

“La gente tiene que saber que las personas son responsables de sus actos. Pero lo que yo creo
que es más importante es que se le pida perdón por parte de las personas que firmaron estas
rebajas, se le pida perdón a las familias de Chile. Eso es lo más importante”, añadió.