Columna de Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior/ Fondo E: Chocar a 100 km/h cuando hay neblina

Imaginémos un caso hipotético. Siete amigos compiten por llegar primero a un restaurante: el último paga la cuenta. Todos conducen al límite permitido de 100 km/h, pero una densa neblina reduce peligrosamente la visibilidad. Pese a las advertencias y a que llevaban adultos mayores como pasajeros, ninguno baja la velocidad. La ley no exige hacerlo, pero la prudencia sí. Finalmente, ocurre un accidente y varios de los adultos mayores resultan heridos.

¿Qué les decimos? ¿Que nadie superó los 100 km/h? ¿Que la normativa no obliga a reducir la velocidad con neblina? ¿Que conducir siempre implica riesgos? Todo eso puede ser cierto, pero cumplir la norma no significa haber actuado responsablemente. Y cuando la falta de prudencia deja víctimas, alguien debe hacerse cargo de las consecuencias. 

Los heridos del accidente por la pérdida de cerca de un 10% de la valorización del Fondo E no son solo los pensionados de las AFP. Herida quedó también la credibilidad del sistema de capitalización individual. Cuando en 2002 se crearon los multifondos, a los chilenos se les transmitió que la diferencia entre uno y otro era el nivel de riesgo al que estaban expuestos. Así, para el ciudadano de a pie el Fondo A obtiene mayor rentabilidad porque está expuesto a mayor riesgo y el Fondo E tiene una rentabilidad más baja porque está menos expuesto. En simple, si quiere irse a la segura pero no ganar mucho váyase al E. Esa percepción ciudadana es la que se puso en cuestión esta semana. Las AFP tomaron riesgos que resultaron excesivos y ello redundó en ganancias extraordinarias en 2024 y 2025 y pérdidas abultadas en 2026. Más allá de las razones legales o financieras, hay que ser conscientes de lo que se puso en riesgo. Como dice Pablo Halpern en su columna en El Mercurio, lo que esto puede generar es una crisis de legitimidad.

Partamos por concederles a las AFP algunas cosas:

• Es verdad que no hay rentabilidad sin riesgo. Incluso los depósitos a plazo en los bancos tienen un riesgo asociado a la continuidad del banco y por eso mismo, luego de la crisis bancaria de los 80, el Estado fija una garantía para los depósitos.
• El llamado “efecto manada”. También es cierto que los incentivos están muy mal puestos. Si una AFP está por debajo de una banda de rentabilidad promedio de la industria se le castiga debiendo cubrir esa brecha. La tendencia, por tanto, será a imitar la conducta de los demás competidores aun cuando la manada actúe imprudentemente.
• El regulador es estricto y poderoso. También hay que conceder que el regulador previsional tiene facultades suficientes para poder forzar a las instituciones a corregir los riesgos que está adoptando y en este caso lo hizo con una pasividad que resultó inoportuna. Puso la nueva reglamentación en consulta, la socializó con los actores y dio más de seis meses para adoptarla. No pareciera que el regulador viera la corrección como algo urgente.

Las AFP tienen que asumir que no basta con estas explicaciones. Deben ser conscientes que ellas no son solo administradores de fondos de terceros, son quienes administran los ingresos futuros de los chilenos que dejan su vida activa. Son los albaceas de la calidad de vida de nuestros padres o abuelos. Eso es una responsabilidad mayor, y así la establece la ley. Les impone la responsabilidad de un buen padre de familia, y responden por culpa leve, deben cuidar esos fondos como si fueran las oportunidades futuras de sus hijos.

Haber seguido a la manada era lo esperable en un administrador financiero cualquiera. Los incentivos estaban puestos justamente para guiar las conductas de los actores. Sin embargo, respecto de los directivos de las AFP la expectativa era mayor. Uno esperaba que pusieran en la balanza el costo de apartarse de la manada (quedar bajo la rentabilidad mínima y pagar la diferencia) frente al daño que podían causarles a los afiliados si la manada se iba por el despeñadero. Eso fue justamente lo que no hicieron. Siguieron a la manada a pesar del riesgo y pese a que varios actores importantes del mercado (el regulador, el Banco Central en su informe de Estabilidad Financiera de 2025 y algunos columnistas y cartistas expertos) les habían advertido de la existencia del mismo.

Más allá de las razones para abandonar la prudencia, y de las responsabilidades que le quepan a la Superintendencia por tardar en corregir la regulación, habiéndose materializado el daño, no queda más que exigir responsabilidades a quienes tomaron las decisiones o quienes debieron haber controlado que dichas decisiones fueran prudentes (y que son muy bien remunerados por ello). La responsabilidad legal puede esperar, pero la responsabilidad política es exigible desde ya. En el sector público, se diría que se debe pagar el costo político que resulta necesario para garantizar el interés superior de la Nación; que en este caso, es la legitimidad de un sistema que ha funcionado bien, dándole certezas a los pensionados y al mercado financiero chileno.