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Editorial 25 de Octubre de 2026

Editorial: Nueva victimización

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La polémica por las 56 rebajas de condena dadas a violadores de menores de edad ha concentrado la discusión en las interpretaciones legales y las responsabilidades políticas. Mientras el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defiende su decisión apoyándose en numerosos fallos de la Corte Suprema; muchos expertos cuestionan que el Ministerio de Justicia haya abandonado la práctica de rechazar las solicitudes de rebaja de penas.

La protección de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual debe ocupar un lugar central en las decisiones sobre el cumplimiento de las condenas de sus agresores. Esa responsabilidad exige rigor jurídico, información oportuna y acompañamiento. Para las víctimas y sus familias, una reducción del tiempo de cárcel del agresor puede significar el regreso del miedo y una nueva incertidumbre sobre su seguridad. El Estado debe hacerse cargo de esas consecuencias.

José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, planteó en The Clinic la siguiente pregunta “¿Se les habrá avisado o se hicieron la pregunta de cómo están las víctimas?”. Sus palabras ponen una dimensión humana a una discusión que hasta ahora ha estado dominada por las explicaciones jurídicas. Detrás de cada rebaja de condena hay una persona que sufrió un abuso sexual cuando era niño o niña, una experiencia cuyas consecuencias pueden acompañarla durante toda su vida. Murillo advierte que estas decisiones pueden provocar una nueva victimización y transmitir un mensaje doloroso a quienes han denunciado. El ministro Rabat ha entregado respuestas técnicas sobre la legalidad de las rebajas, pero queda pendiente la respuesta de qué ocurre con las víctimas cuando el Estado reduce el tiempo de prisión de sus agresores.

Esta discusión puede explicarse así. La reducción de condena permite descontar tiempo de prisión cuando se cumplen determinados requisitos legales. En 2022, una reforma excluyó de ese beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Desde entonces, se discute si esa exclusión también puede aplicarse a quienes cometieron los delitos antes de la reforma.

Una interpretación sostiene que aplicar la exclusión de disminución de condena vulnera la prohibición de utilizar retroactivamente una ley penal desfavorable a un condenado. La otra, considera que el beneficio de disminución de condena debe evaluarse conforme a las reglas vigentes y permite excluir a este tipo de condenados aunque los hechos sean anteriores al cambio legal.

Cerca de diez fallos recientes de la Corte Suprema respaldan la exclusión del beneficio de rebaja de penas a los abusadores de menores. Sin embargo hay otros fallos del máximo tribunal que permiten que los condenados por abusos a menores obtengan el beneficio carcelario. Por tanto, la posición tomada por el Gobierno sigue siendo discutida en los tribunales.

Esto refuerza la obligación del ministerio de explicar por qué optó por no litigar en los casos que se pedía rebajas de penas. Esa decisión requiere una justificación especialmente cuidadosa cuando existen fallos que respaldan una alternativa donde sí se aplicó el criterio más restrictivo.

Defender a las víctimas exige utilizar con diligencia las herramientas que ofrece la ley, respetando las garantías de todas las personas. También obliga a preguntarse qué información recibieron las familias, qué apoyo tienen y cómo se evalúan sus necesidades de protección. La discusión sobre la duración de la privación de libertad debe incorporar esas preocupaciones, porque la responsabilidad estatal continúa después de dictada la sentencia.

El Gobierno y el Congreso pueden transformar esta controversia en un aporte en un tema tan delicado. Se necesita una definición concreta de cómo se aplica la reforma del 2022 y la limitación de rebaja de penas para abusadores de niños menores de 14 años. Pero además, en este debate deben estar presentes las víctimas y las medidas de protección correspondientes. Poner a la infancia en el centro requiere instituciones capaces de proteger a quienes sufrieron un delito tan grave, para reconstruir su vida con seguridad y confianza.

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