Advierten “mérito jurídico”: Oposición convoca a Cordero y Gajardo para evaluar una AC contra ministro Rabat

El Partido Socialista dejó de ser el anfitrión de las reuniones de los presidentes de los partidos de oposición luego de la polémica que se desató en el Senado, tras la decisión del comité parlamentario del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya de su cargo en la comisión de Constitución. Hoy, el encuentro se realizó a las 8:30 horas en la sede de la Democracia Cristiana, ubicada en plena Alameda.

El tema a tratar, sin embargo, no estaba enfocado en dicha polémica ni en cómo reparar las relaciones entre el PS y el PPD, sino en evaluar la arremetida que habían planteado los parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que firmara las autorizaciones administrativas para rebajar las penas de 56 condenados por abuso y violación de menores de edad.

La semana pasada, los parlamentarios de oposición exigieron la renuncia de Rabat, anunciaron una interpelación y el estudio de una acusación constitucional contra Rabat. En ese esfuerzo, citaron a los exministros de Justicia del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Luis Cordero y Jaime Gajardo, para conocer sus perspectivas sobre el tema y los detalles del procedimiento de rebaja de condenas que tramita dicha cartera.

Cordero fue el primero en llegar a las dependencias de la DC y, cerca de las 9:30 horas, arribó Gajardo. Testigos afirman que ambos hablaron solo de aspectos técnicos del proceso administrativo de rebaja de condenas y que no hicieron recomendaciones políticas, como avanzar o no en una acusación constitucional. “Fue bastante pedagógico”, señala más de un dirigente de partido.

Sin embargo, los asistentes sí reconocen que ambos dieron luces sobre cómo avanzar y que, tras la reunión, e incluso después de las palabras del Presidente José Antonio Kast sobre el tema, pronunciadas mientras se desarrollaba el encuentro, aumentó la disposición a impulsar una acusación constitucional.

Las orientaciones que dejaron Cordero y Gajardo a la oposición

A pesar de que los asistentes descartan que Cordero y Gajardo hayan formulado una recomendación política, reconocen que ambos describieron el procedimiento de rebaja de condenas y dejaron en evidencia los flancos que enfrenta Rabat. Para más de algún dirigente, la exposición de los hechos fue interpretada como una orientación tácita sobre el camino a seguir.

En primer lugar, hicieron saber a los presidentes de partido que era importante obtener la información completa del caso antes de avanzar en una acusación constitucional, pues hasta ahora solo es público que el Ejecutivo autorizó la reducción de penas de 56 condenados. No se sabe si esa cifra corresponde al total de quienes obtuvieron el beneficio y tampoco se conocen las razones por las que se aplicó dicho criterio.

“Si es que la razón fue eficiencia y eficacia, es una razón que no tendría ningún asidero porque la jurisprudencia en ese momento estaba precisamente cambiando y le estaba dando la razón de que lo que había que hacer era rechazar (las solicitudes de rebajas de penas)”, señaló el exministro Gajardo tras la reunión.

En esa línea, testigos aseguran que uno de los exministros señaló que, en caso de mantenerse el argumento de que el procedimiento era más eficiente si la reducción de penas era autorizada por el Ministerio de Justicia, como han planteado anteriormente desde el Gobierno, dicha justificación sería insuficiente y podría configurar una infracción.

Por otro lado, indicaron que, antes de avanzar con un libelo acusatorio, era importante conocer la magnitud del problema, ya que incluso podría haber más beneficiados de los que hasta ahora no se tienen antecedentes.

Además, los exsecretarios de Estado señalaron que, en el caso de las acusaciones constitucionales contra ministros, no solo se persigue el incumplimiento de la Constitución, como ocurre en el caso de los presidentes de la República, sino también las infracciones a la ley.

En ese contexto, plantearon que Rabat, al autorizar la rebaja de condenas a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores de edad, habría actuado en contra de la ley publicada en 2022 que justamente limita de este beneficio a personas condenadas por esos delitos y que fue impulsada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

De hecho, explicaron que por esa razón tanto el exministro Hernán Larraín como Cordero y Gajardo mantuvieron el mismo criterio respecto de este tema, hasta que la Corte Suprema comenzó a fallar a favor del Ministerio de Justicia.

Así, según testigos del encuentro, ambos exministros calificaron como “muy valiente” la declaración pública que emitió Larraín sobre el caso, la que, a juicio de los asistentes, ejerce una mayor presión sobre las explicaciones entregadas por Rabat.

En dicha declaración, Larraín cuenta que, al igual que ocurrió con sus sucesores, la Corte Suprema obligó al Ministerio de Justicia a otorgar la reducción de penas, aun cuando la cartera se había opuesto. Sin embargo, el exministro sostiene que dicho criterio del máximo tribunal se fue modificando.

“Inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió. Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”, indicó Larraín.

Así, tras la exposición de ambos exministros, los presidentes de los partidos de oposición manifestaron una mayor disposición a avanzar hacia una acusación constitucional, aun cuando no cuentan con los votos necesarios para aprobarla. Esto, según explican, porque el error de Rabat es “grave”, como lo definió el propio Presidente, pero hasta ahora no se han asumido responsabilidades políticas, según sostiene más de un dirigente de izquierda.

Con todo, en la oposición todavía se encuentran estudiando las acciones a seguir y esperarán contar con más antecedentes antes de tomar una decisión.

El presidente del PPD, Raúl Soto, reconoció tras la reunión que “lo más probable es que terminemos con una acusación constitucional”, puesto que “no basta con reconocer el error”.