De “procedimiento impecable” a un “error”: el giro comunicacional de La Moneda con la reducción de condenas

”Como Presidente en ejercicio me corresponde asumir la responsabilidad como Gobierno”. Con esa premisa comenzó el mandatario José Antonio Kast el mensaje que dio esta mañana desde el Palacio de La Moneda para referirse él mismo por primera vez a la polémica generada por la reducción de condenas de 56 condenados por delitos de abuso sexual y violación contra menores.

Los beneficios, otorgados por el Ministerio de Justicia —y que desataron una ofensiva contra el titular de la cartera, Fernando Rabat—, fueron reconocidos por el propio Presidente durante esta mañana como un “error” del que, dijo, buscaban hacerse cargo.

Para ello fue que La Moneda comunicó que recogería todas las mociones parlamentarias que fueran en la línea de no brindar más reducciones carcelarias hacia quienes estuvieran condenados por este tipo de delitos, independientemente de cuándo lo hubieran cometido.

Hasta ahora, a este pueden optar todos quienes tengan buen comportamiento penitenciario y que hubiesen sido condenados antes de 2022. La revisión del caso posteriormente quedaba sujeta a Justicia, la que en la actual administración de Rabat —en vista de la “doctrina” interpretada por la resolución de estos casos en la Corte Suprema, cuando se rechazaban— decidió brindarlos administrativamente, sin siquiera apelar en las solicitudes.

Aquello generó resignación transversal en el mundo político, tanto en la oposición como en el oficialismo. Incluso, en la izquierda impulsan la idea de acusar constitucionalmente al ministro de Justicia.

Pese a que todo el peso político del asunto recayó en su ministro, Kast planteó que, en línea de corregir lo ocurrido, lo mantendría en el gabinete.

“Frente a ese hecho hay dos caminos. Uno: sacar a un ministro y todo su equipo y dar por cerrado ese tema. Ese camino no cambia el fondo de este problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así podría seguir hasta un próximo gobierno. El camino difícil es hacerse cargo y corregir el error. Ese es el camino que hemos elegido”, señaló Kast, junto con decir que el propio Rabat “ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando por corregirlo”.

“He decidido que continúe en sus funciones, con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, selló el mandatario, en lo que fue una condena explícita al episodio.

Cambio de postura

Sin embargo, la severidad mostrada en el tema distó de lo que había sido hasta ahora la bajada comunicacional del Ejecutivo sobre el caso que generó un severo flanco al interior del Gobierno.

De ello da cuenta la “evolución” que ha habido sobre el tema en las instancias formales en las que el Ejecutivo se ha referido al caso, que comenzaron el miércoles pasado con el estrenado vocero Gonzalo Arenas.

Ese día Arenas, quien llevaba horas en el cargo, al ser consultado por el tema afirmó que había visto la noticias en los medios, la que denominó que era “bastante malintencionada, porque supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes”.

Allí, el vocero trató de explicar que el procedimiento que se había generado respondía a uno establecido en la ley y que no era “arbitrario por parte de la autoridad”. Asimismo, sostuvo, a modo de defensa, que “si las personas cumplen con el criterio establecido en la ley y son aprobados, la decisión se toma por parte de la comisión de rebaja de penas. El Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”.

“Aquí no estamos hablando de algo de si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho. Y no somos un gobierno arbitrario, que cumple con la normativa, y la normativa es clara“, afirmó Arenas, a la vez que manifestó que se trató de “procedimiento impecable” realizado por Justicia, dado que Rabat y su repartición “ha cumplido estrictamente con lo que es su obligación legal”.

Ante la escalada del conflicto, el viernes 23 de octubre el vocero volvió a abordar el tema. Para entonces, el Frente Amplio había pedido la renuncia de Rabat, mientras que la Democracia Cristiana (DC) evaluaba la temperatura de la molestia del resto de partidos de oposición para iniciar una acusación en el Congreso.

En esa oportunidad, Arenas defendió la forma de operar del Ejecutivo. “Suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”, planteó. Pero esa vez también se encargó de explicitar la posición del Ejecutivo en el caso, la que no había quedado muy clara hasta entonces.

“Por supuesto que el Gobierno no está contento con los decretos que bajan las penas. El Gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y protección hacia los menores. Por lo tanto, es un tema que es fundamental y doloroso”, señaló el vocero.

Sin embargo, precisó que aunque la situación provocara el lamento de la administración de Kast, “aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, la Constitución”, remitiéndose a que el actuar del Ejecutivo respetó los mandatos legales establecidos en la concesión del beneficio.

“Esto es un derecho. Por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia, porque se recurre a un amparo, se va a tribunales, y los tribunales de forma consistente han dicho que se debe otorgar”, fundamentó Arenas.

La mañana de ese viernes, Justicia notificó que pausaría la tramitación de nuevos requerimientos. Pese a ello, el vocero estableció que “el Gobierno y el ministro Rabat cumplieron con toda la normativa legal. Estamos convencidos que aquí se respetó la Constitución y se respetó la ley”. Sus palabras las fundamentó presentando dos decretos: uno firmado por Rabat y otro firmado por el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), con la finalidad de demostrar que no había diferencias en la entrega de ambos beneficios.

Desde la oposición acusaron una “deshonestidad intelectual” del vocero, pues el oficio mostrado en el caso de Gajardo respondía al mandato que hizo la Corte Suprema al ministerio de Justicia, luego de que este —durante la administración de Gabriel Boric— apelara su entrega.

De todas formas, Arenas planteó ese vienres que “estamos convencidos que es una ley que hay que modificar”.

En la vocería de este lunes, realizada pasado el mediodía, Arenas estableció que en la situación “faltó quizás una visión más política para que el Presidente de la República pudiese haber tomado decisiones distintas. En ese sentido, el propio ministro Rabat ha reocnocido que se pudo haber pensado más políticamente este tema”.

No se refirió a sus palabras hace cinco días atrás, cuando mencionó que fue un proceso “impecable”.