Palabras de Rabat no logran contener arremetida opositora y la izquierda se prepara para presentar la acusación constitucional

Durante poco más de 15 minutos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso su defensa ante las críticas que ha recibido por las rebajas de condenas a abusadores sexuales y violadores de menores de edad, frente a la Cámara de Diputadas y Diputados. La cita, según comentaron tanto en el oficialismo como en la oposición, era clave para el futuro del secretario de Estado en el gabinete.

Por una parte, parlamentarios oficialistas comentaron que, en caso de que Rabat no lograra explicar y justificar los detalles de los decretos administrativos que permitieron la liberación de condenados por delitos sexuales contra menores de edad y otros delitos, incluidos aquellos vinculados al Tren de Aragua, no estarían dispuestos a sostener su defensa ante una eventual arremetida de la izquierda.

Por otra parte, desde la oposición señalaron que, luego de la intervención de Rabat, evaluarían cuándo presentar una acusación constitucional, aunque desde hace días advierten que existen fundamentos jurídicos para impulsarla. Lo que esperaban de esta instancia, además, era conocer con cuánto respaldo político cuenta el ministro y, de esa forma, determinar si un eventual libelo acusatorio tendría posibilidades de prosperar en el Congreso.

Una señal positiva para la oposición, de hecho, fue que una decena de parlamentarios de derecha votaron a favor de la solicitud que presentó la bancada del Frente Amplio para que se declarara oficialmente la preocupación de la Cámara por este caso. Ese hecho fue leído como un revés para Rabat de los parlamentarios de derecha.

Con todo, según cuentan dirigentes de izquierda, más allá del cálculo de votos que sí está en la mesa, finalmente la presentación del secretario de Estado no cumplió las expectativas. Por lo mismo, altos dirigentes de la oposición sostienen que ya están trabajando en la elaboración de la acusación constitucional y se están recabando antecedentes aunque todavía no existe una fecha definida para ingresarla.

La oposición prepara la acusación constitucional

Uno de los argumentos que asoman para sustentar la acusación, y que se esuchó en las intervenciones en la Cámara, apunta a que el Gobierno justificó las rebajas de condenas sin una orden judicial por razones de “eficiencia y eficacia procedimental”, según consta en los documentos mediante los cuales se tramitaron los beneficios a las personas condenadas.

“¡Por ahorrarse plata decidieron no defender a las víctimas! ¡De eso estamos hablando!”, dijo la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, durante su intervención en la sesión especial de la Cámara. “El subsecretario Silva, en su decreto firmado, con una frialdad escalofriante, señalaba, que fue para evitar excesiva judicialización. Esa frialdad no se la merecen ni las familias, ni las víctimas, ni Chile”, agregó la timonel del FA.

Otro de los puntos que podrían sustentar la acusación tiene relación con el cambio de criterio del propio Ministerio de Justicia. Hasta abril, Rabat había rechazado las solicitudes de rebaja de condenas. Sin embargo, posteriormente modificó su postura y, durante su intervención en la Sala de la Cámara, sostuvo que finalmente había aceptado las solicitudes por apegarse a la Constitución.

Yeomans apuntó a esa conducta y preguntó: “¿Entonces antes no era inconstitucional rechazar los decretos y ahora sí? Esa inconsistencia es la que no pueden responder porque en realidad infringieron la ley. El artículo 17 de la ley 19.856 es claro los beneficios no se pueden dar ‘en caso alguno’ cuando los delitos fueren perpetrados contra menores de edad’”.

Así, la parlamentaria indicó que “por eso tienen que salir de su cargo, se tiene que ir ministro y se tiene que ir el subsecretario Silva”. En esa línea, deslizó la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional: “Las responsabilidades políticas las vamos a perseguir hasta el final porque este error es aberrante y no lo vamos a aceptar”.

Asimismo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que “estamos hablando de niño violados ministro, de familias enteras destruidas, de personas que les puede costar años para encontrar las fuerzas para denunciar lo que les hicieron y todavía tenemos que esichar explicaciones de por qué usted merece seguir en el cargo”.

Ante eso, el parlamentario advirtió que la presión está sobre el Gobierno: “Si el Presidente no se atreve, este Congreso tendrá que ser el que lo saque”.

Con todo, desde la oposición señalan que aún no hay fecha de presentación, pues serán los constitucionalistas y los equipos jurídicos los que determinarán tanto el mérito como la oportunidad de presentar la acusación.