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Tres años menos de cárcel: la trama judicial del hombre que abusó a su hija de 11 años y obtuvo la mayor rebaja administrativa de condena firmada por Rabat

Treinta y seis meses menos tras las rejas, gracias a un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Es, hasta ahora, la mayor rebaja identificada entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron beneficios administrativos durante el gobierno de José Antonio Kast.

Por Sebastián Palma y Dominga Krotik 28 de Octubre de 2026
Sandro Baeza
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Para reconstruir esta historia, The Clinic contactó a la mujer que, cuando tenía apenas 11 años, fue víctima de los delitos que se relatan a continuación. Hoy tiene 32 años y ha construido una vida lejos de aquellos hechos. Solicitó que se resguardara su identidad. Por petición de ella, este reportaje omite tanto el nombre de su padre, condenado por los delitos, como la localidad donde ocurrieron las agresiones.

La cifra forma parte de una investigación publicada la semana pasada por Bío Bío, que logró identificar a 33 de los 56 beneficiados. Todos ellos se encuentran actualmente en libertad. Sus víctimas, en cambio, nunca fueron notificadas de las rebajas. Y hay otro antecedente: en varios de los expedientes, los propios informes de Gendarmería advertían sobre factores de riesgo de reincidencia.

Pero hay algo que los decretos no cuentan. Detrás de los años descontados, de las firmas ministeriales y de los expedientes que pasaron por las oficinas del Ministerio de Justicia, hay historias que comenzaron mucho antes de que alguien resolviera acortar una condena. La del hombre que recibió la mayor rebaja conocida hasta ahora se remonta a 2005, en el sur de Chile. Y comienza con una niña, víctima de su propio padre.

El día que pidió ayuda

El 4 de noviembre de 2005, una niña de 11 años llegó llorando a la casa de su vecina, en el sur de Chile. Tenía miedo, esta vez su padre quería llevársela a otra localidad. Había algo que llevaba meses guardando en silencio y que, hasta entonces, no se había atrevido a contarle a nadie.

Ese día habló.

La vecina la conocía desde que tenía cinco años. Vivían prácticamente puerta con puerta, en dos mediaguas pareadas, separadas por una pared. Sabía que en la casa de al lado había problemas. Había visto al hombre beber, golpear a su pareja y tratar violentamente a sus hijos. Pero lo que la niña le contó aquella mañana era algo distinto. Mucho más doloroso.

La niña le contó que su padre había abusado sexualmente de ella.

La mujer escuchó su relato y tomó una decisión: acompañarla a denunciar. Antes pasaron por el trabajo de su madre. La niña volvió a contar lo que estaba ocurriendo. El padre también llegó hasta ese lugar e intentó decir que todo era mentira. Que la niña estaba exagerando.

A las 17:30 horas, ambas estaban en una comisaría. Según dejarían constancia los carabineros que las recibieron, la menor no dejaba de llorar. Estaba aterrada.

Lo que había ocurrido detrás de aquella pared terminaría convirtiéndose en una causa judicial que se prolongó durante casi cuatro años. Sus detalles quedaron registrados en una sentencia dictada en marzo de 2009 a la que tuvo acceso The Clinic.

El documento permite reconstruir una historia que comenzó mucho antes de aquella tarde en Carabineros.

En 2005, la niña cursaba sexto básico en una escuela donde permanecía internada durante la semana. Los viernes regresaba a su casa, una vivienda pequeña que compartía con sus padres y hermanos. Su madre trabajaba haciendo labores domésticas, en jornadas que podían extenderse desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche, incluso los domingos.

Durante esas horas, los niños quedaban al cuidado de su papá.

La casa tenía un dormitorio y una cocina. Según la declaración del propio condenado, él y su hija dormían en camas distintas, pero dentro de la misma habitación. En el juicio, un funcionario de la PDI exhibió fotografías de la vivienda y del lugar donde habían ocurrido las agresiones.

Fue allí donde, según estableció la justicia, en marzo de 2005 el hombre abusó de su hija, que entonces tenía 11 años.

Después vino una amenaza. Si contaba lo sucedido, la mataría. También amenazó con matar a su madre.

La sentencia estableció que entre agosto y noviembre de ese mismo año el padre volvió a agredirla sexualmente, al menos en otras dos ocasiones. Siempre dentro de la casa. Siempre aprovechando que su madre estaba trabajando. Y siempre bajo amenazas.

La niña recordaba algunos episodios por acontecimientos familiares. Uno había ocurrido cerca del cumpleaños de uno de sus hermanos. Otro, pocos días antes de que finalmente decidiera pedir ayuda.

El miedo, en cualquier caso, no se limitaba a las agresiones sexuales. Su madre declaró ante los jueces que el hombre también la golpeaba y amenazaba de muerte. La vecina confirmó que había presenciado comportamientos violentos hacia la mujer y los hijos.

Lo que estableció la justicia para su rebaja

Cuando la niña llegó a Carabineros, el 4 de noviembre, no fue capaz de contener el llanto. Una funcionaria policial recordó durante el juicio que estaba conmocionada y que repetía que tenía miedo de su papá.

La denuncia activó una investigación que se extendió durante los años siguientes. Declararon su madre, la vecina que la había acompañado, una profesora, funcionarios policiales y distintos profesionales que evaluaron las consecuencias de las agresiones.

Entre ellos estaba una profesora que había conocido a la niña en sexto básico. La recordaba tímida, poco comunicativa, sin amigos y con dificultades para cumplir sus tareas escolares. Después de la denuncia, observó un cambio: comenzó a mostrarse más contenta, más receptiva y dispuesta a relacionarse con los demás, aunque su rendimiento académico continuó siendo bajo.

Los informes psicológicos también describieron las huellas que habían dejado las agresiones.

Una perito que la evaluó en 2007 identificó sentimientos de inseguridad, vergüenza, culpa y desvalorización. La niña, explicó ante el tribunal, no solamente tenía miedo de su padre, sino que prácticamente todo le causaba temor.

La especialista consideró creíble su relato y advirtió que no era posible establecer cuánto tiempo necesitaría para recuperarse. Incluso señaló que esa recuperación nunca sería absoluta.

La investigación también dejó al descubierto las condiciones en que vivía la familia después de la denuncia. Un informe social describió una mediagua facilitada por la municipalidad, sin electricidad, con agua obtenida de una vertiente y un pozo negro. La madre trabajaba esporádicamente y la niña recibía atención psicosocial por las secuelas de las agresiones.

El padre negó las acusaciones.

Durante el juicio sostuvo que nunca había abusado de su hija. Aseguró que el día de la denuncia pretendía llevarla donde unos parientes, porque debía viajar por motivos laborales a Argentina, pero que no la encontró en la casa. Según su versión, terminó descubriendo que estaba denunciando junto a la vecina.

El 6 de marzo de 2009, casi cuatro años después de aquella tarde en que la niña pidió ayuda.

Los magistrados concluyeron que su testimonio había sido preciso, coherente y consistente con las declaraciones de los testigos y los antecedentes periciales. También consideraron como agravante que el condenado fuera su propio padre: la persona que, por su vínculo familiar, tenía precisamente la obligación de protegerla.

La condena fue de 10 años y un día por violación y otros 10 años y un día por abuso sexual reiterado. Ambas penas debían cumplirse efectivamente, una después de la otra, sin beneficios de la Ley 18.216.

Habían pasado cuatro años desde la denuncia. La niña que había llegado llorando a la comisaría ya era una adolescente. Su padre había sido condenado a más de veinte años de cárcel.

Parecía que la justicia había escrito el último capítulo de aquella historia. Pero no.

Diecisiete años después de la sentencia, el hombre volvió a aparecer en un documento oficial. Esta vez no se trataba de una resolución judicial ni de una nueva denuncia, sino de un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según consignó Bío Bío.

El documento le concedió una rebaja de 36 meses de condena. Tres años menos de prisión.

La mayor reducción identificada hasta ahora entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron beneficios administrativos durante el gobierno de José Antonio Kast.

Hoy, el hombre que fue condenado por violar y abusar sexualmente de su hija de 11 años se encuentra en libertad.

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