Antes de conceder beneficios a condenados por delitos sexuales: la reunión en que advirtieron a Rabat sobre las rebajas de penas

A fines de mayo, el ministro de Justicia Fernando Rabat convocó a una reunión en su oficina con distintos profesionales de su equipo para analizar las solicitudes de rebajas de condenas y las resoluciones judiciales que estaban llegando a la cartera, y que permitieron la libertad de sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, crímenes violentos e internos del ex penal de Punta Peuco.

En dicha reunión, se encontraban Fabiana Castro Brahm, jefa de la División de Reinserción Social; Paula Bagioli, jefa de gabinete, y un tercer asesor. Según consiga La Segunda, durante la reunión los asesores advirtieron al ministro sobre las dificultades que implicaba modificar el criterio seguido por el gobierno anterior, que rechazaba administrativamente las solicitudes y esperaba las resoluciones judiciales antes de conceder los beneficios.

La reunión tuvo lugar después de que el ministro rechazara inicialmente algunas solicitudes de rebaja de penas y los tribunales emitieran fallos en contra de esas decisiones, al considerar que contravenían la Constitución o la ley. Según antecedentes conocidos por La Segunda, durante la reunión los asesores advirtieron al ministro sobre las dificultades que implicaba modificar el criterio seguido por el gobierno anterior, que rechazaba administrativamente las solicitudes y esperaba las resoluciones judiciales antes de conceder los beneficios.

Pese a las advertencias, Rabat optó por una vía jurídica distinta, respaldada por su equipo, ante la existencia de más de 300 resoluciones judiciales adversas, 276 de ellas correspondientes al período anterior. El criterio adoptado fue conceder los beneficios sin esperar nuevos pronunciamientos judiciales en cada caso.

Presidente Kast no estaba en conocimiento de las alarmas a Rabat sobre un cambio de criterio

En abril, según revela Reportajes Teletrece, Rabat también habría recibido advertencias sobre las consecuencias políticas de modificar el criterio en una reunión con sus asesores. Personas que supieron de esa reunión afirman que Rabat sobrepuso lo “jurídico sobre lo político”, e incluso que se le expuso que debía ser la Corte la que le dijera qué tenía que acoger los recursos y no hacerlo él de mutuo propio.

En entrevista con Mega el pasado 22 de octubre el ministro Rabat aseguró que “el Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”. Lo que hoy consigna el reportaje es que efectivamente las alarmas no fueron reportadas por Rabat al Presidente.