La glosa Quiroz: la letra chica del Presupuesto 2027 que desató un conflicto entre el Gobierno y organismos autónomos por el control de sus recursos

El proyecto de ley de Presupuestos está lleno de glosas que condicionan el gasto de los ministerios al visto bueno de la Dirección de Presupuestos (Dipres), durante el año, pero en esta ocasión, por primera vez, este requisito se extiende a once organismos autónomos, lo que ha causado el rechazo de varios de ellos.

La iniciativa que está en trámite legislativo es el primer erario presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En su articulado se contemplan 2.631 glosas, de las cuales 149 glosas condicionan el gasto o la ejecución a la Dipres, correspondiente al 5,7% del total. Ello significa que la Dipres visa mediante una resolución o decreto, su autorización para un desembolso específico, una contratación o un compromiso futuro.

De acuerdo con un análisis realizado por la consultora Unholster, a través de Monitor Presupuesto, se determinó que estas glosas condicionantes de gasto se extienden a 99 instituciones en 20 partidas. “El total casi no cambia respecto de 2026: 151 en la ley vigente y 149 en el proyecto. De las 149, 127 repiten una exigencia de 2026, 2 la reescriben, 8 la amplían y 12 son exigencias nuevas; otras 18 de 2026 no aparecen en el proyecto. Lo que cambia es a quién se aplican”, indica el informe de consultora de tecnología especializada en datos e inteligencia artificial.

La diferencia con los proyectos anteriores es que para 2027, organismos autónomos tendrán que ser autorizados por Dipres antes de poder gastar, lo que ha generado bastante ruido en la Fiscalía Nacional y en el Servel que los ha llevado hasta La Moneda para defender su independencia.

Reclamos de los afectados

De acuerdo al proyecto de Presupuestos 2027 que se tramita en el Congreso, el Ministerio Público, que tiene autonomía constitucional, el próximo año tendrá que solicitar la visación de este servicio para gastar $12.938 millones en equipos contra el crimen organizado y los homicidios, “deberán desglosarse con visación de la Dipres antes de ejecutarse”, señala el informe.

Ello fue reclamado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en reunión con el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado. “Las atribuciones de la Dipres que se están intentando incorporar en este proyecto de ley de Presupuesto son un tema de Estado delicado tanto para la Contraloría como para el Servel y el Ministerio Público. Son temas que no son compatibles con nuestro orden constitucional, que no se encuentra en nuestras leyes anteriores” sostuvo tras la reunión en La Moneda.

Por otro lado, el Servel necesitará autorización previa para los compromisos plurianuales de los servicios tecnológicos de las elecciones de 2028 y 2029. “La manera en que ha sido propuesto el proyecto por el Poder Ejecutivo, afecta directamente la autonomía en cuanto a la estructura”, indicó el consejo directivo del Servel también en reunión con Interior. La presidenta de esta instancia, Pamela Figueroa, criticó la forma en que se elaboró el Presupuesto 2027 “algo inédito en este proceso es que no tuvimos reunión con el ministro ni con el director de presupuesto. Es muy relevante para los órganos autónomos que el presupuesto sustente la autonomía, lo hemos hecho ver en todos los niveles, sin respuesta”.

En esta categoría caerán además evaluaciones como el Simce, contenidas en el Ministerio de Educación en el Plan Nacional e Internacional, con un presupuesto por $24.408 millones, las cuales quedarán fijadas a resoluciones visadas por la Dipres. Ello ha implicado el reclamo del Consejo Nacional de Educación (CNED) que ha señalado que este condicionamiento vulnera la institucionalidad educativa, ya que modificaría de facto la Ley de Aseguramiento de la Calidad y marginaría al CNED de estas decisiones.

“Es razonable que Hacienda cuide la caja y quiera ver el impacto de contratos que comprometen presupuestos futuros. Lo llamativo es que esa exigencia se le pida al Servel y no a otras instituciones autónomas con contratos tecnológicos iguales o mayores, como el Poder Judicial. Cuando el control llega a instituciones que la Constitución quiso dejar fuera del Ejecutivo, eso debería discutirse abiertamente en el Congreso y no quedar en la letra chica de una glosa”, indica el economista, socio y director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus.

En el informe se advierte que hay otros cambios menos visibles porque están contemplados en el Tesoro Público referido a ocho organismos autónomos que se financian desde esa partida: el Consejo para la Transparencia, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los Tribunales Ambientales, la Defensoría de la Niñez, el Consejo Fiscal Autónomo y la Comisión del artículo 38 bis de la Constitución.

Se advierte que si bien el presupuesto de estas instituciones ya se sancionaba por resolución de la Dipres en diciembre de cada año, el proyecto para 2027 agrega que ese presupuesto podrá “modificarse por igual mecanismo durante el año”. En total, suman $30.217 millones. En siete de estas entidades la cláusula no tiene antecedente; en el Consejo Fiscal Autónomo reemplaza a la que le permitía al propio Consejo proponer esas modificaciones.

Huneeus precisa que si bien una visación previa no recorta el presupuesto, sí está condicionando cuándo se puede gastar. “Para un organismo autónomo eso no es un detalle técnico: la autonomía no se juega solo en la ley orgánica, también en quién decide cuándo y en qué se gastan los recursos”, explica.

Incluso acota que ello puede constituir un disuasivo negativo: “En la Fiscalía es más delicado. Que se pidan rendiciones más claras del gasto contra el crimen organizado refleja una prioridad legítima del gobierno. Pero un reporte mensual con ese nivel de detalle puede exponer información sensible de investigaciones en curso. Además, la Fiscalía también investiga a autoridades de gobierno. No digo que la Dipres vaya a usar esta facultad para frenar una investigación, pero las instituciones deben contar con garantías que no dependan de la buena fe de la autoridad de turno”.