La ofensiva contra Rabat entra en su recta final: oposición define capítulos del libelo y anuncia presentación en los próximos días

Por más de dos horas se reunieron los presidentes de los partidos de oposición en el Congreso de Santiago, junto a los jefes de sus bancadas parlamentarias y abogados ligados al sector, para abordar los preparativos de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que firmara los decretos que otorgaron rebajas de penas a condenados por abuso sexual infantil y violación de menores de edad.

Si bien algunos dirigentes de la oposición, e incluso abogados del sector, esperaban que el Gobierno entregara los antecedentes relativos a la firma de dichos decretos para avanzar en la elaboración del libelo acusatorio, durante las conversaciones advirtieron que seguir aguardando esa información podría retrasar demasiado su presentación, hasta un momento en que la polémica ya no tuviera el mismo impacto.

Fue en esa línea que los dirigentes opositores analizaron los antecedentes disponibles y los elementos que podrían configurar la acusación constitucional.

Esta vez, lo hicieron junto a la primera defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; el exministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo; Williams García, quien se desempeñó como jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; y Gabriel Osorio, abogado que integró la Comisión Experta del proceso constitucional. Este último, sin embargo, solo permaneció 15 minutos en la reunión, durante los cuales formuló una pregunta antes de retirarse.

Tras el encuentro, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, dio a conocer las principales conclusiones de la reunión. La primera, indicó, es que “la acusación constitucional contra el ministro Rabat se va a presentar sí o sí en los próximos días”. En esa línea, explicó que hasta ahora se han definido tres capítulos para el libelo acusatorio.

Los tres focos de la oposición

El primero apunta a eventuales infracciones legales, constitucionales y a tratados internacionales por las rebajas de condenas y la liberación de personas condenadas por abusos sexuales y violaciones contra niños, niñas y adolescentes.

El segundo está relacionado con la otra polémica que se desató en el Ministerio de Justicia, luego de que se hiciera público que también habían sido beneficiadas personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Junto con ello, la oposición asegura que incluirá un tercer capítulo relativo a eventuales faltas a la probidad. “Tenemos un ministro que le ha mentido al país, que le ha mentido a otro poder del Estado y que ha actuado de mala fe”, afirmó Soto.

Asimismo, el exministro de Justicia Jaime Gajardo planteó la posibilidad de incorporar un cuarto capítulo, esta vez bajo la causal de inejecución de la ley. Esto, según explicó el militante del PC, debido a que existe una ley, publicada en 2022, que excluye de estos beneficios precisamente a quienes fueron condenados por violación de menores de edad.

“La Constitución, en el Artículo 52 N° 2 establece que un ministro de Estado tiene que responder en el caso que infrinja la Constitución, la ley o deje sin ejecutarla. Y la ley de rebaja de condena, que obliga al ministro de Justicia a aplicarla de manera irrestricta, fiel a lo que el Congreso Nacional, estipuló que lo que había que hacer, que esa ley se aplicara in actum”, señaló el exministro.