Opinión
21 de Noviembre de 2026
Columna de Danilo Herrera: Falta de comprensión
Por Danilo Herrera
El caso de la campaña "Pa Qué Fumas" y el acuerdo con OpenAI revelan las dificultades del Estado para comprender, fiscalizar y regular una tecnología que avanza rápido, argumenta el columnista Danilo Herrera. "La ley de protección de datos personales debía regir desde el 1 de diciembre, pero el gobierno pidió aplazarla y el Senado ya aprobó correrla hasta octubre de 2027, de modo que durante casi un año la tarea de vigilar a OpenAI recaerá en el mismo aparato que no supo contar los dedos de un pulmón", escribe.
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El Ministerio de Salud pagó $120 millones de pesos por “PaQuéFumas”, una campaña contra el tabaco y el vapeo dirigida a niños de entre 12 y 14 años, cuyo protagonista es un pulmón con sombrero de copa, bigote y bastón que preside un circo tenebroso. Bastaron unas horas para que diseñadores y animadores apuntaran en redes lo que saltaba a la vista. El personaje tiene cuatro dedos en una mano y cinco en la otra, en el plano siguiente aparece con cinco en ambas, el vestuario cambia de un cuadro a otro sin que nadie lo haya decidido y las letras tienen esa tipografía que reconoce cualquiera que haya jugado alguna vez con un generador de imágenes.
El ministerio aseguró primero que la pieza la había hecho una productora chilena, con ilustradores y animadores en técnica mixta 3D, y después, para cerrar la discusión, publicó un detrás de cámaras de poco menos de un minuto y medio que la presentaba como “un trabajo hecho por personas de principio a fin”. El video que debía probar la mano humana despertó las mismas sospechas que el original, con bocetos que no parecen anteriores a la animación y pantallazos de software que no muestran un proceso real de modelado, y además traía en letra chica la admisión de que la inteligencia artificial se usó “solo en una etapa del render”, que en animación, para quienes no sepan, es precisamente el momento en que se fabrica la imagen final, la que llega a la pantalla. Para rematar, se supo que la oferta de la agencia incluía cerca de $20 millones para posproducción con IA generativa.
Caben dos explicaciones, y ninguna deja bien parado al gobierno. La primera es que en el Minsal sabían y optaron por negarlo, lo que ya sería grave. La segunda, más probable y bastante peor, es que nadie en el ministerio fue capaz de ver lo que un usuario cualquiera de Instagram detectó en minutos, de modo que las autoridades aprobaron, pagaron y defendieron una pieza sin entender cómo se había fabricado. Si es así, el Estado no fue el autor del engaño, sino su primera víctima.
Ese mismo Estado firmó el lunes 16 de noviembre, en San Francisco, un memorándum de entendimiento con OpenAI. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y Sam Altman suscribieron “OpenAI para Chile”, un acuerdo que abre la puerta a incorporar herramientas de la empresa en la administración pública, capacitar funcionarios y crear un comité conjunto que se reunirá todos los meses para definir prioridades, organismos y casos de uso. Las preguntas que ya llegaron por oficio desde el Congreso, sobre si OpenAI podrá usar información del Estado para entrenar sus modelos, dónde se guardarán los datos y qué pasa si Chile quiere cambiar de proveedor, son el tipo de cosas que un gobierno debería saber contestar sin pedirle ayuda a la contraparte.
Desde Ciencia insisten en que el memorándum no contempla transferencia de datos sensibles de los chilenos, y puede que así sea, pero esa garantía descansa por completo en que el Estado sea capaz de verificar lo que una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo hace con la información que pasa por sus sistemas. Más aún, cuando el acuerdo no considera infraestructura en Chile y los datos, eventualmente, quedarían alojados en otro país.
Si el Minsal no supo distinguir un pulmón dibujado por una persona de uno generado por una máquina, cuesta imaginar quién, dentro del aparato público, va a revisar los términos de uso, los registros de acceso o el destino de las conversaciones de los funcionarios con ChatGPT. Uno quisiera saber quién es, con nombre y cargo, el encargado de que esa promesa se cumpla, aunque en el Ministerio de Ciencia los cargos duran poco. El jueves renunció la subsecretaria Carolina Rossi, la segunda autoridad de esa subsecretaría que deja el puesto en ocho meses de gobierno.
Tampoco ayuda que la herramienta pensada para ese trabajo esté en pausa. La ley de protección de datos personales debía regir desde el 1 de diciembre, pero el gobierno pidió aplazarla y el Senado ya aprobó correrla hasta octubre de 2027, de modo que durante casi un año la tarea de vigilar a OpenAI recaerá en el mismo aparato que no supo contar los dedos de un pulmón.
La ministra Lincolao salió a defender el memorándum atribuyendo la polémica a una “falta de comprensión” sobre cómo funcionan estos acuerdos internacionales. Tiene razón en que aquí hay un problema de comprensión, aunque no está del lado que ella cree. Es difícil exigirle a la ciudadanía que entienda un acuerdo que no ha podido leer, mientras el propio Estado no entendió un video que le costó $120 millones.



