Secciones

The Clinic
Buscar
Entender es todo
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

21 de Noviembre de 2026
Sandro Baeza

Columna de Jaime Mañalich: El costo sanitario de la permisología

Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC

Los atrasos en la construcción y puesta en marcha de hospitales, las trabas para obtener autorizaciones sanitarias y las demoras en el registro de medicamentos tienen costos económicos enormes, además de pacientes que siguen esperando atención. El columnista Jaime Mañalich plantea que la reforma de permisos sectoriales abre una oportunidad "para exigir resultados".

Compartir

Recientemente se informó que 17 de 19 hospitales concesionados en construcción habían cambiado su plazo original, con atrasos de hasta 76 meses por diversas causas.

En La Unión, un hallazgo arqueológico paralizó las obras por más de dos años, según los antecedentes expuestos al Senado. En Buin-Paine, los rescates arqueológicos alteraron el cronograma y motivaron una disputa con el MOP. El Hospital del Salvador cumple casi trece años desde la adjudicación del contrato, con demoras atribuibles, entre otros factores, al Consejo de Monumentos Nacionales. El caso del futuro Instituto Nacional del Cáncer es, francamente, doloroso. Evaluar el terreno antes de licitar y acordar con el Consejo cómo proteger los hallazgos y dónde pueden continuar las obras permitiría acotar esas demoras.

Del mismo modo, el servicio de salud, el municipio, la Seremi y, cuando corresponda, el MOP, pueden acordar desde la licitación qué revisiones harán en paralelo y qué pruebas deberán estar listas antes de recibir al primer paciente.

Pero terminar la obra no basta. Ningún establecimiento puede atender sin autorización sanitaria expresa de la Seremi. La necesitan los hospitales y clínicas, los centros médicos que realizan procedimientos, las salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor, los centros de diagnóstico, los laboratorios clínicos y cada una de sus salas de toma de muestras, los bancos de sangre, y las farmacias, droguerías y botiquines.

En centros médicos, laboratorios y farmacias, el problema es de proporción. Un prestador pequeño que quiere abrir una sala de toma de muestras en una comuna periférica enfrenta, en la práctica, la misma espera que un establecimiento complejo. Una farmacia de barrio debe tener contratado a su químico farmacéutico, arrendado el local y comprado el inventario antes de recibir la visita que la autoriza a vender. Distinguir por riesgo permitiría autorizar lo simple con una declaración responsable y fiscalización posterior, y reservar la inspección previa para lo que de verdad la requiere: pabellones, esterilización, radiaciones, sangre.

¿Cuánto cuesta esperar? Un hospital de alta complejidad puede superar los US$ 300 millones de inversión. A la tasa social de descuento que usa el propio Estado, de 6% anual, cada mes que ese edificio permanece cerrado cuesta del orden de US$1,5 millones en capital inmovilizado, sin contar la mantención, la vigilancia ni los equipos cuya garantía corre sin uso. Un atraso de 76 meses equivale a más de US$110 millones, un tercio de otro hospital. El costo mayor, sin embargo, no figura en la contabilidad: un establecimiento con 20 pabellones puede realizar alrededor de mil cirugías al mes. Cada mes de espera son mil personas más que siguen en una lista de espera.

Un centro médico ambulatorio de 20 boxes paga arriendo, remuneraciones y créditos mientras espera la visita inspectiva, fácilmente entre $40 y $60 millones mensuales, y deja de entregar unas 10.000 consultas al mes. Una farmacia independiente que espera tres meses su autorización puede perder entre $15 y $20 millones en arriendo, sueldos e inventario detenido, una suma que para una pyme decide si abre o no.

En los medicamentos, el Instituto de Salud Pública debe verificar calidad, seguridad y eficacia. El reglamento fija seis meses desde el pago del arancel para otorgar el registro ordinario cuando las evaluaciones son favorables. Una observación bien fundada resuelve una duda; una sucesión de observaciones que pudieron formularse juntas consume el tiempo del evaluador y del solicitante. Esa espera también se paga en el mesón de la farmacia: si un genérico bioequivalente entra a un mercado de $12.000 millones anuales y reduce el precio en un tercio, cada mes de atraso en su registro les cuesta a pacientes y aseguradores cerca de $330 millones. El ISP ya cuenta con un procedimiento para aprovechar las evaluaciones de agencias de referencia en productos nuevos y biológicos. Debería usarlo más.

La reforma de permisos sectoriales abre una oportunidad para exigir resultados. En hospitales, publiquemos el tiempo que transcurre entre el término de la obra y la primera atención de cada unidad. En medicamentos, hagamos públicos los tiempos de resolución y el atraso acumulado. A cada exigencia, pidámosle fundamento. A cada demora, una explicación y un responsable. Para el paciente que espera, un mes perdido en una revisión duplicada es un mes perdido de atención.

Notas relacionadas