Reproducimos la versión completa de este reportaje especial para The Clinic del periodista Eduardo Andrés Pérez, que hace una autopsia a lo que sucede en Morelia, Michoacán, en el marco de la terrible guerra de mafias que se ha apoderado de buena parte del territorio mexicano.
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POR EDUARDO ANDRÉS PÉREZ,
desde México

Ese martes 14 de julio anochecía en Michoacán. La inspección era de rutina: desde que el presidente Felipe Calderón lanzara su Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en agosto del 2008, los efectivos policiales recorrían los caminos varias veces al día para constatar que todo estuviera en orden. A veces debían reaccionar: particulares armados, transporte de cargas sin licencia, drogas, de vez en cuando alguna balacera. Así sucedía en los últimos meses. Los lugareños y visitantes ya estaban acostumbrados.

Un calor húmedo, ajeno a la zona, se dejaba sentir. Esa noche muchas cosas no serían como de costumbre. Era la última vuelta del día, y ya algo relajados los patrulleros avanzaban con música de banda (una moda en el país equivalente al sound chileno, porque en México es normal que las policías circulen con los parlantes de los vehículos de servicio a todo volumen) y estampitas de la Virgen de Guadalupe como protección ante los coletazos de la guerra.

Los efectivos estaban inquietos. Pocos días antes, en ese mismo lugar aparecieron bolsas negras con los restos de cuatro cadáveres. Los muertos espantan, carnal. Hay que terminar la ronda y salir cuanto antes. Sólo la última ronda, carnal, y ya vámonos a echarnos un taco. Esa última ronda nunca acabó: a un costado de la carretera Siglo XXI que une Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas, cerca de La Huacana, apareció una pequeña pirámide humana. De inmediato la patrulla dio aviso a la Policía Federal: 12 cuerpos –11 hombres y una mujer– semidesnudos, maniatados, apilados, algo descompuestos y con señales de tortura. La tipografía y el estilo de una nota entre los cadáveres de inmediato indicó a todos quiénes eran los autores de la carnicería: “Los estamos esperando, vengan por otro”.

Así reaccionaba La Familia Michoacana a la detención de Arnoldo Rueda, La Minsa, el número dos en el mando de la organización.

MISIÓN: JUSTICIA DIVINA

    Los coletazos de la guerra declarada entre Los Zetas y la Familia Michoacana, Michoacán.

La Familia Michoacana nació en el 2006 en Apatzingán de la Constitución, a 200 kilómetros de Morelia, tras la purgas internas que llevaron al grupo a escindirse de los cárteles del Golfo y Los Zetas. Su estrategia de posicionamiento fue accidentado: primero desplazó al Cártel de los Valencia en el mercado de drogas sintéticas y logró sacarlos de Michoacán, se alió en un inicio con Los Zetas para entrar al negocio y aprender el uso de arsenal pesado y rompió los lazos con ese grupo cuando consideraron que ya era tiempo. El resultado salta a la vista (ver foto).

En diciembre del 2006, una inserción pagada en dos periódicos de Michoacán causó escozor entre policías y políticos e irritó a los antiguos carteles, que advirtieron nueva competencia en el ya saturado negocio de la droga. El nuevo grupo se autodefinió como portador de una tarea sagrada, y entre sus fines declaró la salvación de las almas descarriadas en Michoacán, la defensa al pueblo humillado por los cárteles más antiguos y el apoyo a la educación del área rural, especialmente en la Tierra Caliente, con la construcción de aulas y una sustantiva alza a los sueldos de los maestros a su servicio.

Para estar a la altura el estreno en sociedad debía ser espectacular. “¿Quiénes somos?” decía el inicio de la nota. “Somos trabajadores masivos de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, organizados por la necesidad de salir de la opresión, de la humillación a la que siempre fuimos sometidos por personas que siempre tuvieron todo el tiempo el poder…” El escrito también exponía su nueva misión: erradicar la extorsión directa y telefónica, los asesinatos por paga, el secuestro exprés, el robo de tráilers, automóviles y casas-habitación “por parte de gente como la mencionada, con la única razón de que amamos a nuestro estado y ya no estamos dispuestos a que la dignidad del pueblo sea atropellada”. Al final, los juicios resultaban contradictorios viniendo de un grupo dedicado al narcotráfico: “¿Te unirías a La Familia si ves que estamos combatiendo estos delitos? o ¿dejarías que sigan creciendo? A ti, padre de familia, pregunto: ¿te gustaría que tu hijo anduviera en las calles en peligro de caer en las drogas y en la delincuencia? ¿Apoyarías a esta organización en su lucha contra males que atacan a nuestro estado?… El éxito dependerá del apoyo y la comprensión de la sociedad michoacana”.

La inserción en los periódicos no logró la espectacularidad deseada y sólo fue vista como uno de tantos mensajes que los narcos se envían a través de la prensa, en papelógrafos o en la piel de los muertos. La Familia insistió. Al poco tiempo sumaban 17 los cuerpos descabezados en menos de dos meses, y el 7 de septiembre el grupo asestaba el hasta entonces su mejor golpe: en Uruapan, frente al bar Luz y Sombra, varios hombres armados bajaron de camionetas y vaciaron el contenido de unos sacos. Cinco cabezas humanas aún sangrantes, cortadas a machete, rodaron desde la puerta hasta los pies de la concurrencia. Una nueva nota aclaraba de dónde venía el mensaje: “La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente: esto es justicia divina”.

Esta vez sí, un espectacular estreno en sociedad.

MESIANISMO Y NEGOCIOS

    Un empalado, víctima de la violencia en el combate entre los grupos de narcos, Michoacán.

El lenguaje mesiánico no es casual. La Familia se diferencia de otros grupos por un componente específico: la religión. La obra de la Familia Michoacana es obra de Dios, y como todo buen grupo de fanáticos tiene sus propias reglas, sus líderes espirituales, sus manuales que guían la conducta pública y privada y hasta su propia biblia: El Más Loco, escrita de puño y letra por Nazareno Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”.

Para atraer a sus futuros cuadros La Familia invita a cualquier ciudadano ponderando las ventajas de pertenecer al grupo, y una vez adentro les enseña espíritu de sacrificio y mesianismo. Material hay: en México en cualquier pueblo del interior hay algún hijo que sobre. También se captan miembros mediante la organización religiosa llamada La Nueva Jerusalén (que daría material de sobra para otro reportaje). Según el periodista Carlos Loret de Mora, el grupo se acerca a jóvenes drogadictos, en centros de rehabilitación, de la calle o alcohólicos para iniciar el catecismo diseñado por El Más Loco, e inculcarles valores éticos y sociales y formación sobre temas como la teoría de la justicia y el pensamiento crítico al modelo económico capitalista. Los nuevos miembros no pueden consumir drogas o alcohol, y deben tener preocupación permanente por sus propias familias.

De esa vocación religiosa, que no es otra cosa que la manipulación sistematizada de personas jóvenes en condiciones de extrema vulnerabilidad, surge la violencia que caracteriza a su “obra”. “Una vez fanáticos” prosigue el periodista, “lo de menos es hacerles creer que para seguir estos ideales de moral pública hay que traficar drogas, secuestrar, extorsionar, asesinar”. Otro factor que explica la saña con que se tratan los cadáveres es la corta edad del contingente. Los operativos de las fuerzas federales en Michoacán han detenido a jóvenes que en su mayoría tienen cerca de 20 años, quienes manejan a discreción arsenales que incluyen AK47, AR15 y escopetas. Según uno de los líderes del grupo, Rafael Cedeño –“El Cede”–, hoy detenido, hay 9 mil jóvenes en la secta.

La ideología seudoreligiosa del cartel se basa en la obra del norteamericano John Eldredge, autor cristiano cuya obra más conocida es Salvaje de corazón. La Familia exige a todos sus cuadros el estudio de esta obra. El grupo además cuenta con su propio encargado del área de relaciones públicas: Dionisio Plancarte, “el Tío”, quien negocia avisos en los diarios, compra espacios publicitarios, organiza entrevistas telefónicas para sus jefes, asume la propaganda vía internet y se ocupa de la oficina de prensa. Su estilo de comunicación es conocido: sus carteles tienen tipografía propia y su color institucional es el verde.

Bajo esta extraña mezcla de autosuperación, negocios y cristianismo, El Más Loco financia sus cursos de adoctrinamiento y contrata motivadores para fortalecer el espíritu, y tras su luchar contra la maldad muchos sectores vieron con buenos su llegada. La Familia hoy cuenta con alianzas en el poder político de los estados de Guerrero y Michoacán, y en la Ciudad de México, en donde financia centros de rehabilitación y publicaciones. Según El Universal, hoy tiene respaldo de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles que pretextan la defensa a los derechos humanos para dejarlos operar. En este momento Julio César Godoy Toscano, medio hermano del actual gobernador michoacano Leonel Godoy Rangel (ambos del seudoizquierdista Partido de la Revolución Democrática) está prófugo de la justicia por sus vínculos con el narco: él habría dado la orden de asesinar a los 12 policías federales. Mientras, intenta resolver su situación legal a través de una buena carta: fue elegido diputado en la pasada elección del 5 de julio. “En Michoacán todos saben del vínculo de los Godoy con La Familia” me dice una de las editoras del periódico en donde trabajo, “pero no podemos publicarlo porque no hay pruebas y porque es mejor no hablar de ciertas cosas”.

El departamento de comunicación de La Familia da buenos resultados. En entrevista personal con el periodista Alejandro Suverza, El Más Loco decía: “Lo más conveniente es hacernos un movimiento de la gente. Tiene que haber un liderazgo. La disciplina es la base y tiene que haber alguien que la ejerza. Nosotros enseñamos a nuestra gente amor a la patria, a México. Les hemos llevado a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y a Miguel Ángel Cornejo”. Agregó que algunos elementos de la Familia se habían extralimitado en sus funciones y por eso sus cabezas fueron arrancadas. Tras la publicación de la entrevista, muchos relacionaron esos comentarios con un mensaje aparecido poco tiempo atrás entre una de las acostumbradas partidas de cuerpos descabezados, esta vez pertenecientes a ex integrantes de la propia Familia que fueron dados de baja: “Así sucede cuando piensas o imaginas que mis ojos no te pueden mirar…”

Esa vocación religiosa y amor por el prójimo no frena a La Familia a la hora de obtener buenas ganancias en sus negocios. Tras el plan lanzado por el presidente Calderón el año anterior y el aviso de Estados Unidos sobre el incremento de los recursos para la lucha al narcotráfico (un plan que también contempla a Colombia y que tiene a Chávez y Uribe enfrentados), los carteles comprendieron que toda empresa debe diversificarse: ahora también controlan rubros como la piratería de cedes y devedés, el tráfico de personas, algunas guarderías infantiles, el financiamiento a políticos y los impuestos a ciudadanos y comerciantes por protección. La tarifa es fija y conocida: 10 dólares mensuales por un puesto en un mercado callejero, 3 mil por una concesionaria automotriz o una proveedora de materiales de construcción.

Para la Procuraduría General de la República, La Familia es hoy el cartel más peligroso por esa misma razón: cambió las reglas de comportamiento delictivo habitual de los grupos narcos. Hoy, gracias a esa penetración en Michoacán nada se hace sin su aprobación. “Controlan todo” dice una voz anónima, “incluso lustrabotas y choferes de taxi”. Un mecánico que tiene su taller cerca de un hospital de Morelia es más elocuente: “Si está La Familia y tú intentas no hacerles caso, llegan y te golpean. Cada día llegan los madreados al hospital. No matan, pero golpean fuerte. Es mejor estar con ellos, porque te dan protección”.

El poder del grupo estriba en un viejo y conocido problema en Latinoamérica: la corrupción, que según el gobierno de Estados Unidos –en un comentario que causó revuelo hace pocos meses– ha hecho de México un “estado fallido”. Como en la vieja Roma, la Familia protege a los suyos instalando escuelas, pagando a maestros para enseñar a leer a los niños y ofreciendo empleos y servicios sociales, y para miles de muchachos las ventajas de pertenecer al grupo son insuperables y prefieren olvidar que tras ese altruismo existe un grupo dedicado esencialmente al narcotráfico y sus métodos son los propios del rubro. Y ya se sabe lo que sucede cuando se mezclan juventud, religión y armas.

MÉXICO, LA CORRUPCIÓN

Los analistas saben que ningún grupo ilegal se mantiene por demasiado tiempo sin redes de protección o al menos apoyo social que justifique sus acciones, y de ahí que las recomendaciones –no tomadas muy en cuenta por políticos, policías o militares– apuntan a superar esos ripios antes que a reprimir. La ecuación es simple: a mayor pobreza y marginación social, mayores índices de delincuencia. Eso explica los alarmantes niveles de delincuencia común y organizada en varios países de Latinoamérica, y explica también lo complejo que es acabar con el problema.

Tras la inserción pagada que publicó la Familia en los periódicos muchos vieron con buenos ojos su llegada. En un blog dedicado al tema las opiniones se dividen. “Hasta que un verdadero grupo con misión y visión. Me gustaria que se expandiera tal familia a Jalisco, nos hacen falta personas como esas acá. Estaría más que encantado pertenecer a su red” dice un comentario. Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. ”Saludos, les cuento que la Familia Michocana trabaja para bien de toda la region de Tierra Caliente y pretende expandirse a aquellos estados en los cuales el gobierno esta comprado, por eso es que actuan por Justicia Divina, porque el gobierno no hace justicia propia, y el pueblo ya esta cansado de todo esto, de tanta violencia… por ello nace la Familia… simplemente es el pueblo bravío que ya se cansó de tener gobiernos corruptos” dice otro desde Acapulco. La “misión social” del grupo parece dar buenos resultados: “Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. ah, que gratos comentarios. hasta de gusto de leerlos. Si, de la misma opinion soy, ya saben en este blog la familia michoacana tiene espacio abierto. Bienvenidos tambien appo y resistencia civil y todo justo movimiento social”. (La transcripción es literal).

Aunque es pertinente sospechar que en un blog las opiniones pudieran porvenir de los encargados de propaganda del propio grupo, en las conversaciones en la calle o en los bares de Morelia llama la atención la cantidad de personas, especialmente la del mundo popular, que ven a La Familia como un “justo movimiento social”. La explicación es la impotencia e irritación social en todo el país. En la mayor parte de México los gobiernos llaman a rechazar la delincuencia y ponerse a trabajar, mientras el dinero es derrochado en las elecciones más caras del mundo (450 dólares por voto contabilizado, frente a 5 dólares de países como Brasil) y la corrupción ubica al país en el segundo lugar mundial después de la India.

En México el mejor negocio es trabajar en el sector público. La educación es un nicho de ganancias seguras y contundentes. Según datos del INEE, los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca tienen los peores índices educativos en el país. En Michoacán cerca del 46 % de los jóvenes en edad escolar no terminó su enseñanza media y las condiciones físicas y administrativas de las escuelas sitúan al estado en el peor lugar nacional. No hay dinero, dicen. Sin embargo, en octubre del 2008 Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato de profesores más importante a nivel nacional (y quien desde hace 17 años cobra, además de sus regalías dirigenciales, dos sueldos como maestra sin haberse presentado jamás a trabajar), regaló 59 Hummers nuevas a los líderes seccionales del Sindicato a nivel nacional, con un valor aproximado de unos 32 millones de pesos chilenos cada una. La idea era rifarlas para apoyar a la educación, se justificó más tarde, aunque un regidor la desmintiera torpemente al decir que “los vehículos servirán para que los líderes hagan mejor su trabajo y recorran los estados”.

Las prerrogativas de los profesores en México no son cosa nueva. En Tamaulipas el líder educacional Arnulfo Rodríguez Treviño acaba de celebrar su cumpleaños. La fiesta tuvo 10 mil invitados. Nadie sabe de dónde salió el dinero, pero todos sospechan que de los impuestos de los mexicanos. Mientras, en Michoacán el izquierdista Magisterio Democrático de profesores apenas sobrepasa los 150 días laborados de los 200 oficiales, tras emprender marchas que paralizan la ciudad durante horas –la policía mexicana siempre se mantiene lejos– por mejoras al salario (que bordea el millón y medio de pesos chilenos), por el rechazo a la nueva política educativa del gobierno central, para que les den buses más cómodos para sus vacaciones en la costa o para que no se regularicen las plazas: en Michoacán un maestro del sistema público se hace dueño vitalicio de su plaza de trabajo y la puede heredar a su familia o venderla al vecino que ni siquiera terminó la enseñanza media. Muchos lo hacen, y así está la educación.

Los fondos de pensiones son otra buena manera de embolsarse algo del dinero de todos. El año pasado el gobierno se comprometió a entregar sus pensiones a cerca de 40 mil ex braceros (trabajadores mexicanos que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1964 originalmente para reemplazar a los que luchaban en la Segunda Guerra Mundial), quienes durante años pagaron a tiempo sus imposiciones al gobierno de ese país. Cuando acabó el programa los gringos devolvieron la totalidad del dinero al gobierno de México. Eso fue en los 60. Hasta hoy, nadie sabe dónde está el dinero: primero les darían 38 mil pesos mexicanos (poco más de un millón y medio en Chile) a cada ex bracero, y después sólo 4 mil anuales durante diez años “con lo que saldrían ganando porque en total serán 40 mil”. La mayoría de los ex braceros rondan los 80, muy pocos vivirán otros diez años y el gobierno lo sabe. Hasta hoy no reciben su pensión.

El caso de los ex braceros inició otra historia lamentable en la tierra de La Familia. Cuando iniciaron los trámites para regularizar el pago, los delegados del gobierno federal los citaron en el Antiguo Recinto Ferial ubicado a ocho kilómetros de Morelia, entre cerros y desacampados. Muchos venían de pueblos y el costo físico y económico de llegar fue alto. Eso ocurrió un jueves. Hasta el lunes de la semana siguiente los encargados federales no llegaban porque “se perdió el camión que traía las computadoras”. Los taxistas vieron el negocio y por trasladarlos hasta el terminal de Morelia les cobraban 100 pesos (4 mil pesos chilenos), cifra impagable para la mayoría. El Ayuntamiento pidió a una línea de transporte un recorrido especial para trasladarlos por la tarifa oficial de 5 pesos ($200 chilenos), pero el recorrido no llegó: armados con piedras y palos, y en algunos casos con machetes y pistolas, los taxistas negaron el paso a la micro para que no se les escapara el negocio.

También hay políticos que han hecho carrera instando a sectores populares a tomarse terrenos municipales sin ninguna intención efectiva de solucionarles su problema habitacional, otros que venden terrenos que no son propios y que tras recibir el dinero se convierten en diputados, o empresarios de transporte que entregan armas blancas a sus choferes para impedir que otras vías intenten dar el servicio en ciertas rutas, entre otras cosas. El problema es el mismo: todas las autoridades saben de sus estafas o irregularidades, pero nadie los sanciona. Cualquier partido los quiere, mientras sumen votos.

El argumento de los gobiernos se repite: la falta de dinero. Los hechos desmienten eso. Hace poco un diputado del PRD lanzó una iniciativa para limitar los sueldos de los funcionarios del Instituto Federal de Elecciones, quienes trabajan sólo en época de comicios. Tras el cuantioso recorte los sueldos de los funcionarios fueron normalizados: ahora sólo ganan 160 mil pesos ($6.634.853 chilenos) al mes. Los políticos tampoco escapan: cada senador mexicano le cuesta al erario público cerca de 150 mil pesos, unos seis millones de pesos chilenos. Aunque la cifra no dista demasiado de lo que ganan los honorables de otros países, las regalías hacen la diferencia: entre sus bonos existe uno por asistencia, siendo quizá el único ejemplo en el mundo de gente que se premia por ir a trabajar. El 13 de enero de este año el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo, sorprendió a todos al anunciar que en adelante el Ayuntamiento no financiaría borracheras, tras lo que salió a la luz pública que en el 2008 el regidor (equivalente en Chile a un concejal) Juan Carlos Barragán, del PRI, había gastado 243 mil pesos mexicanos (algo así como $10 millones chilenos) en cantinas.

Lo que no vale es la vida del populacho. Un Doctor en Economía, profesor de este reportero, en medio de una clase mostró el cheque con su sueldo quincenal: 754 pesos, algo más de $30 mil pesos chilenos. Para mejorar su sueldo este Doctor en Economía se dedica los fines de semana al comercio de autos usados, y su esposa, Magister en Educación, vende cedés de películas y música pirata. Según algunos analistas, ese desprecio por el bienestar de los profesionales y del pueblo en general poco a poco comienza a permear los valores sociales y eso explica finalmente que cualquiera escoja el camino de la delincuencia común u organizada. La contradicción es evidente: políticos y funcionarios públicos roban a manos llenas mientras nunca hay dinero para reparar calles, escuelas o alcantarillas, mientras el esquema que privilegia el éxito económico por sobre cualquier cosa pero no invierte en educación y por tanto niega a la mayoría la posibilidad de acceder al éxito. Así se hacen las cosas en México: no hay área alguna que se salve de la corruptela. El trabajo no es garantía de nada, y generaciones de pobres y campesinos han visto desaparecer el valor de su esfuerzo. A esta altura, sólo unos pocos ignoran de dónde surge la ingobernabilidad.

EL FUTURO

El presidente ha dicho que las oleadas de ataques son una “reacción desesperada” el narco ante los avances del gobierno. Pocos le creen. Más bien, la desesperación cunde el en gobierno: en julio de este año su Secretario de Estado, Fernando Gómez Mont, lanzó un desafío directo a la Familia. “Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos, esa es la invitación que les hacemos. Señores: los estamos esperando”, dijo. Fue fatal. El pasado 2 de septiembre el Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Revueltas, murió asesinado mientras viajaba en su coche tras 50 balazos provenientes de un vehículo en movimiento con integrantes de La Familia. Otra de las medidas fue legalizar el consumo de algunas drogas, pero no por progresismo: el fin es no desperdiciar los escasos recursos materiales y humanos de la policía en el microtráfico para dedicar el tiempo al combate a gran escala. Hoy México no es el paraíso de los volados: un gramo de mota o coca es fácilmente accesible, pero muchos extranjeros y mexicanos han optado por abstenerse de consumir por razones de principios ante la escalada de violencia que generó el narcotráfico.

Algunos analistas mexicanos hablan de un inminente estallido social. Incluso le ponen fecha: 2010, año que será a la vez Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Mientras, no se ven demasiadas intenciones reales de cambiar el actual estado de las cosas. Al momento de concluir esta crónica sólo en Michoacán hay 30 funcionarios detenidos por sus vínculos con el narcotráfico (incluyendo al ex Director de Seguridad Pública, de cuyo cargo justamente depende el combate al narco), dos funcionarios prófugos (incluyendo al medio hermano del actual gobernador, a quien hasta ahora el PRD insiste en defender), más de 11 mil muertos por enfrentamientos entre el Ejército (hasta ahora, oficialmente la única estructura no contaminada) y los narcos desde el 2006, un “estado fallido” que no logra mejorar los indicadores sociales en cuanto a desempleo o inflación, una amenaza de muerte permanente que cuelga sobre quienes se atrevan a desafiar al narco o simplemente dejen de prestar apoyo (sólo este año ya van varios alcaldes y altos funcionarios de la policía), una batalla mediática declarada entre el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador de Michoacán Leonel Godoy, el temor de que este año se repita lo del 15 de septiembre del 2008, cuando dos granadas mataron a 8 personas e hirieron a 110 en distintos puntos de Morelia, y una sensación permanente de que el asunto no tiene remedio. “Para acabar con el narco habría que invertir en educación” concluye la misma editora de mi empresa, “y para invertir en educación habría que cambiar cosas como los sueldos de los políticos y las regalías a los funcionarios públicos, y eso sí que está difícil”.