El nuevo subsecretario de esa cartera, Sergio del Campo, ex gerente general de la central Guacolda y férreo opositor a la nueva norma de emisiones de gas de termoeléctricas, hará dupla con el biministro Laurence Golborne, otro ex gerente de la generadora, y juntos tendrán que enfrentar las decisiones de proyectos polémicos y ampliamente rechazados por la ciudadanía como Castilla, Hidroaysén e Isla Riesco. Sin embargo, estaría inhabilitado para decidir sobre estos proyectos según la ley de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos.

Si la llegada de Laurence Golborne al ministerio de Energía tuvo apenas una mínima resistencia, el nombramiento del nuevo subsecretario de esa cartera, Sergio Del Campos, pasó colada.

Tras el nuevo cambio de gabinete del Ejecutivo la semana pasada, cuando sacó a tres subsecretarios (Bienes Nacionales, Sernam, Energía) y llenó el puesto vacante que dejó hace unas semanas Liliana Jadue en Salud, el gobierno fichó a un viejo conocido
de la industria energética y del biministro para su subsecretaría.

Se trata de Sergio del Campo, quien hasta la semana pasada era el gerente general de Empresa Eléctrica Guacolda S.A., termoeléctrica controlada mayoritariamente por AES Gener, donde también se desempeñó en los años noventa el titular estrella de la administración Piñera, Laurence Golborne.

Así, Del Campo cambió en menos de 24 horas la oficina de la central a carbón y petcoke en Huasco por el edificio Down Town en Santiago y se sumó al equipo que enfrentará grandes batallas energéticas de este año.

Conflictos de interés

La tarea de Del Campo acompañando a Golborne no será fácil. Su nombramiento despertó de inmediato resistencias en el mundo parlamentario, donde el Ejecutivo debe ir a buscar los votos para avanzar en su agenda legislativa.

El primero en disparar fue el diputado PS, Marcelo Díaz, quien no sólo criticó el nombramiento y la evidente incompatibilidad que tendrá al momento de colaborar y decidir sobre los futuros proyectos energéticos que se vienen, sino que también el pasado del nuevo subsecretario cuando ocupó en dictadura el cargo de Superintendente de Educación entre 1989 y 1990.

A saber, este 2011 el Ejecutivo tendrá que enfrentar las resoluciones ambientales de proyectos emblemáticos en un ámbito que Del Campo conoce de memoria como Hidroaysén y la central Castilla en la región de Atacama.

Pero los problemas apenas comienzan ahí. En las próximas semanas se decidiría el destino del proyecto de explotación carbonífera en isla Riesco, el cual podría ser aprobado o rechazado de aquí al 14 de marzo. El carbón extraído desde Magallanes sería usado para hacer funcionar otras centrales termoeléctricas ubicadas a lo largo de Chile y hasta ahora, las que ya comprometieron su compra son todas de propiedad de AES Gener, entre ellas la central ubicada en Huasco.

La Empresa Eléctrica Guacolda S.A. es controlada en un 50% por AES Gener y dos paquetes de 25% cada una en manos de las poderosas familias Angelini y Von Appen, respectivamente, justo los mismos dos grupos inversores detrás de la explotación de Isla Riesco. Un negocio que el actual titular de energía también conoce, desde los tiempos en que se desempeñaba como gerente financiero en AES Gener, controlada entonces mayoritariamente por Copec, del grupo Angelini.

La legislación vigente (Ley nº 18.575) exige el principio de abstención en las decisiones a quienes hayan prestado en los últimos dos años “servicios profesionales de cualquier tipo” a cualquier persona natural o jurídica interesada directamente en una resolución determinada. Bajo esta premisa, Del Campo no puede opinar sobre estos temas, pero sí lo podría hacer Golborne, quién dejó AES Gener cuando pasó a Cencosud, hace más de diez años.

La opinión del gerente

Sin embargo, la crítica más fuerte que cae sobre Del Campo es en la postura que tiene en materia ambiental. Desde la gerencia general de Guacolda, Del Campo fue el primer ejecutivo de una termoeléctrica en oponerse públicamente a la nueva norma que regirá la emisión de gases de estas centrales, debido a que esta norma significaría aumentar los gastos operacionales de las termoeléctricas, entre otras cosas.

En octubre de 2010, durante la inauguración de la cuarta unidad de la generadora, Del Campo afirmó: “Se deben ocupar criterios similares a los de lugares como Europa o Estados Unidos, donde se diferencia entre unidades nuevas y antiguas y donde
además se dieron plazos de adaptación, considerando la situación particular de las empresas”.

Según el nuevo subsecretario, las centrales antiguas necesitan más plazo de adaptación porque las nuevas normas de emisión -que reducen el impacto ambiental del carbón- “podrían impactar la viabilidad técnico-económica” de esas empresas, dando como plazo adecuado unos ocho años.