El arzobispo católico de Santiago, Ricardo Ezzati, afirmó hoy que tras el término de la huelga de hambre que durante 86 días mantuvieron cuatro presos mapuches, ahora le toca al Estado resolver totalmente el conflicto.

Esa solución debe comenzar por modificar la ley antiterrorista, señaló Ezzati en declaraciones a radio Cooperativa, en las que destacó que en la solución de la huelga de hambre no participaron instituciones estatales.

“Esta solución viene de los comuneros mapuches, sus familiares, la Iglesia católica, el Instituto de los Derechos Humanos y también del aporte del alto comisionado de Naciones Unidas: creo que de ahí vino el camino para superar la huelga”, precisó.

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche levantaron la noche de este jueves la huelga de hambre que mantuvieron desde el pasado 16 de marzo, exigiendo un juicio justo, tras ser condenados en un proceso en el que se utilizaron procedimientos de la ley antiterrorista que, a su juicio, coartaron su derecho a defensa.

Llaitul fue condenado a 25 años de prisión y los demás a 20 años por atacar a un fiscal y asaltar a un agricultor, en el marco del conflicto que comunidades mapuches mantienen por reclamaciones de tierras en el sur de Chile.

Un recurso para anular al juicio fue rechazado la semana pasada por la Corte Suprema, que, sin embargo, rebajó las penas por el, ataque al fiscal, de modo que Llaitul quedó con una pena total de catorce años y los demás de ocho años.

Los comuneros habían decidido continuar la protesta, pero tras intensas gestiones de las instituciones mencionadas por el arzobispo Ezzati resolvieron deponer su actitud.

Tras el anuncio del fin de la huelga, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, dijo: “vamos a trabajar mancomunadamente en una instancia de diálogo, de reflexión y de acción para ir promoviendo de acuerdo a los estándares internacionales, y el propio querer del pueblo mapuche, todo aquello que los ayude en su dignidad”.

“Por la situación en que ellos se encontraban o se terminaba ahora con la huelga o se nos morían”, comentó por su parte Natividad Llanquileo, portavoz de los comuneros y hermana de uno de ellos, quien además indicó que la ausencia de representantes del Gobierno en el diálogo fue una decisión de los presos.

En sus declaraciones de hoy, el arzobispo Ezzati, que es también el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, insistió en que “ahora le toca al Estado”, solucionar el problema de fondo que hay tras estas manifestaciones.

Recordó el prelado que el presidente Sebastián Piñera se comprometió en su cuenta a la Nación, el pasado 21 de mayo, a estudiar una nueva ley antiterrorista, “que proteja los derechos fundamentales de las personas”.

Ello, a su juicio, es indispensable para evitar nuevas huelgas de este tipo en el futuro. “Hay que buscar una nueva ley y tiene que estar implicado el Poder Legislativo, junto con el Ejecutivo para que no vuelva pasar en el futuro lo que ha pasado en este caso”, recalcó.

Advirtió además que entre los mapuches persiste un sentimiento de decepción, pues lo que ellos querían lograr era que se anulara el juicio en su contra y se realizara otro en el que no hubiera participación de “testigos sin rostro”, que a juicio de los comuneros vulnera el debido proceso.

Los cuatro comuneros participaron el año pasado en otra huelga de hambre que involucró a más de una treintena de presos indígenas, que se extendió por 82 días.