En la puerta del horno se quemó un negocio entre la Universidad del Mar y la empresa de captura de atunes más grande de Japón, para conseguir un permiso de “pesca científica” en la Zona de Exclusión Económica de Isla de Pascua.

El contrato entre la casa de estudio y Japan Tuna Fisheries Cooperative (JTFC), había sido ingresado para su aprobación en la Subsecretaría de Pesca (SDP) a principios de 2011, cuando la ONG Oceana se enteró del medio cagazo que podría significar la licencia.

Por esta razón requirió información vía Ley de Transparencia. De allí en adelante, en la cartera dirigida por el subsecretario Pablo Galilea, se usaron argucias jurídicas que violan la Ley de Acceso a la Información Pública.

Lo anterior queda claro en un fallo del Consejo para la Transparencia (CPLT) que acogió los argumentos de Oceana, le ordenó a Galilea entregar todos los papeles y criticó duramente su actuar. El documento lo publica íntegramente The Clinic Online.

Recientemente Galilea ha cobrado cierta notoriedad y no por sus actividades como funcionario de gobierno, sino como un sucesor de Daniel Vilches, el académico de la lengua, tras un encontrón con un lonko mapuche que lo encaró durante una actividad en Puerto Montt.

Historia de un chanchullo

La historia comenzó cuando el 4 de julio de 2011 Oceana hizo una petición a la subsecretaría de Pesca para conocer cuántas solicitudes para “pesca científica” había presentado la UDM y toda la documentación anexa.

Una de las solicitudes era particularmente llamativa, ya que en ella se daba cuenta que la UDM había firmado un contrato con la firma nipona para hacer “pesca científica” de atunes, nada menos que con cuatro buques factoría en las aguas cercanas a la Isla de Pascua durante un año.

Este tipo de barcos capturan y procesan al pez en alta mar y son tradicionalmente usados por las grandes empresas

Dentro de la petición de Oceana se incluía el contrato entre la UDM y la empresa asiática, pero misteriosamente la subsecretaría de Pesca no lo entregó y allegó sólo un resumen de lo que pretendía hacer la firma en aguas nacionales y documentos menores.

Oceana entonces se comunicó con la entidad pidiendo acceder al contrato. Sin embargo, violando expresamente la Ley de Transparencia, la subsecretaría le dio un número de ingreso distinto para evitar la revelación del mentado documento, según sostiene el fallo del CPLT, debiendo haberlo resuelto en la primera solicitud de Oceana.

Según el CPLT la subsecretaría no entregó argumentos válidos, pero explicó que decidió tramitarla aparte porque podía afectar los intereses de terceros, es decir la Universidad del Mar. Además, la entidad argumentó que el otro interesado era una empresa con domicilio en Japón y que los documentos estaban en ese idioma.

Continuando con la tramitación de la solicitud de Oceana, la SDP ofició a la Universidad del Mar para conocer si manifestaba su oposición a la publicidad del contrato. Esa respuesta fue notificada a Oceana el 25 de agosto, es decir cuando el amparo ante el CPLT estaba presentado. Como era de esperarse, la universidad se opuso a la publicación del documento.

Segurito

En su respuesta al Consejo para la Transparencia, la SDP respondió -obviamente- que había hecho todo el procedimiento conforme a la ley.

La Universidad del Mar por su parte, indicó que el contrato con la nipona no podía ser revelado porque contenía información estratégica de la empresa y que su carácter era secreto. Sin duda, debían ir los honorarios que cobraría la casa de estudios.

Pues bien, luego de analizar los antecedentes, el CPLT sencillamente los mandó a freir monos porque, a su entender, la subsecretaría usó “artificios” ilegales que finalmente favorecieron a la Universidad del Mar. Y esta última, un día antes de enviar sus argumentos al CPLT retiró todos los documentos para “pesca científica” desde la Subsecretaría.

“Hasta entonces la información requerida aun obraba en su poder (SDP), razón por la cual no podía menos que saber que este Consejo debía pronunciarse sobre la procedencia o no de entregar la información objeto del presente amparo”, señala el fallo.

Independiente de ello, el CPLT obligó a la cartera de Galilea a entregar la documentación, pues esta debería tener una copia de los documentos en su poder. De lo contrario, debe enviar a Oceana las resoluciones mediante las cuales se devolvieron los papeles a la UDM.

“Que, por último, se le representará a la Subsecretaría de Pesca que, pese a estimar que la información requerida podría afectar los derechos de terceros, no dio estricto cumplimiento al procedimiento de oposición establecido y regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, retrasando, con ello, la entrega de la información al requirente e impidiendo, asimismo, que el eventual afectado por la entrega de la información pueda ejercer su derecho a oposición, lo que implica una vulneración a dicha norma…”, señala la resolución.

Este diario consultó a la subsecretaría del ramo, donde se indicó que harían uso de su derecho de apelación y recurrirían al tribunal de alzada a través de un recurso de ilegalidad, para tratar de revertir los efectos del fallo del CPLT.

Lea el fallo del Consejo para la Transparencia

Fallo Consejo para la Transparencia

Lea el amparo de acceso a la información Nº1 de Oceana

Amparo Oceana

Lea el amparo de acceso a la información Nº2 de Oceana

Amparo OCeana 2

Lea la solicitud de la Universidad del Mar a la Subsecretaría de Pesca

Solicitud universidad del mar

Lea la segunda solicitud de la Universidad del Mar

Solcitud 2 universidad del mar

Lea la tercera solicitud de la Universidad del Mar

Solcitud 3 universidad del mar

Lea el informe técnico de la Universidad del Mar para que aprobaran el trabajo de la “pesca científica”

Informe técnico universidad del mar